Puede que el Gobierno no llegue a tiempo a tener listo su paquete de medidas de respuesta "integral" a los efectos de la guerra de Irán para el próximo Consejo de Ministros, el martes 17 de marzo. Podría rematarlo para la siguiente semana, ya pasada la cumbre europea. Pero más allá de la fecha, el Ejecutivo puede tropezar con la misma piedra que le ha entorpecido mucho el camino en esta legislatura: su debilidad parlamentaria. La dificultad de conciliar peticiones a izquierda y derecha. Y más ahora, desde que Junts rompió con los socialistas, abriendo una etapa de gelidez en la que no le importa derribar iniciativas de la coalición, aunque gocen de cierto consenso social. Los posconvergentes atienden otros cánones. La cúpula socialista mantiene el optimismo, pero sabe que la barrera que ha de superar es la del Congreso, y en él la mayoría se vende cada vez más cara. La formación de Carles Puigdemont, además, reclama rebajas fiscales, igual que demanda el PP, una pretensión que choca con los socios progresistas. El Gobierno sí las acometió en anteriores crisis, aunque no indiscriminadas y tan masivas como las que le pide la derecha.

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, completó este miércoles la ronda con todos los grupos —salvo Vox, que "ni responde ni se espera que responda"— para hablar con ellos sobre el plan de respuesta "integral" al conflicto en Oriente Próximo que el Gobierno tiene previsto aprobar este mes. Bolaños contó que había empleado la tarde del martes y la mañana del miércoles para todos los contactos, y todos los grupos les trasladó que el Ejecutivo está trabajando ya en una batería de medidas para "paliar las consecuencias negativas" de la guerra, con la que pretende dar "respuesta a todos los sectores, a los autónomos, a las empresas, a todos los ciudadanos que se vean afectados".

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Montero preside hoy una reunión con los agentes sociales, a la que acuden las vicepresidentas Díaz y Aagesen y los ministros Cuerpo y Saiz. El Gobierno está "a pleno rendimiento"

El titular de la Presidencia pidió a los grupos que le hicieran llegar a lo largo de esta semana, antes del viernes, sus propuestas para que el Ejecutivo tenga tiempo de "poder analizarlas y estudiarlas" para, "en su caso, poder incluirlas" en el plan de choque que la Moncloa ya está elaborando. Además, este jueves, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, preside una reunión del Ejecutivo con los agentes sociales a la que asisten las vicepresidentas Yolanda Díaz y Sara Aagesen; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Los ministerios, precisó Bolaños, están "a pleno rendimiento, analizando propuestas y buscando soluciones". Según puso en valor el ministro, este Gobierno "tiene una experiencia acreditada en dar respuesta ágil y eficaz a las distintas crisis que se han ido planteando", desde la pandemia del covid (2020), la erupción del volcán de La Palma (2021), la guerra de Ucrania (2022) o los aranceles de EEUU (2025).

En la Moncloa, ven complicado por el momento tener el paquete ya completado el próximo martes, pese a que incluso sus socios le apremian a sacarlo ya del horno. Y, en todo caso, se cruza una cita clave, la del Consejo Europeo del 19 y 20 de marzo, y su respuesta influirá en la que a su vez dé el Gobierno de Sánchez. Todo hace pensar que será el propio presidente el que presente las medidas en su comparecencia del miércoles 25 de marzo en el Congreso. En los últimos días, en el Ejecutivo han recordado que también cuando estalló la guerra en Ucrania pasó un mes hasta la adopción de las primeras medidas, también posteriores a un Consejo Europeo.

El paquete que prepara el Ejecutivo contendrá medidas coyunturales y estructurales y será "mucho más ambicioso" que un compendido de iniciativas fiscales, precisa Bolaños

El "plan de respuesta integral" contendrá, recordó Bolaños, tanto medidas coyunturales, de carácter socioeconómico, como estructurales, para "acelerar la transición ecológica y fortalecer nuestra autonomía estratégica", en palabras de Saiz en su comparecencia semanal del pasado martes. El ministro de la Presidencia precisó que serán iniciativas que van más allá que las de carácter puramente fiscal, porque el plan es "mucho más ambicioso", como sucedió cuando Rusia se lanzó contra Kiev.

Convergencia de las derechas

Pero es el PP el que más pone el acento en las rebajas de impuestos. Ninguna "idea innovadora", ironizó de hecho Montero el pasado lunes, cuando Génova avanzó sus propuestas: entre otras, duplicar la deducción por hijo a cargo en el IRPF, bajar al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores o una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero.

En rebajas fiscales también pone el acento Junts, y no es extraño, ya que en materia tributaria su posición se aproxima a la de PP y Vox. Los posconvergentes apuestan por reducir los impuestos a la energía, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y modificar el IRPF para ajustarlo a la inflación, deflactando los tres primeros tramos estatales y aumentando el mínimo exento; eliminar el IVA de la compra de la vivienda habitual de los menores de 35 años; eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año o modificar la ley de 2014 para permitir que las pymes deduzcan de la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades las cantidades pagadas por el impuesto sobre actividades económicas. También los de Puigdemont quieren que el Estado asuma el pago del alquiler de las familias vulnerables desahuciadas. Y exigen que se revaloricen las pensiones y el salario mínimo de acuerdo con el coste real de la vida en cada comunidad autónoma.

Junts pide reducir la fiscalidad de la energía, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, deflactar los tres primeros tramos estatales del IRPF o eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año

De Vox, incluido en esta ronda de contactos, el Ejecutivo no ha recibido respuesta ni la espera, aunque en todo caso la ultraderecha, aliada de Donald Trump, es "abiertamente es favorable a la guerra" y "nada le preocupan las consecuencias negativas que pueda tener en los españoles la guerra".

Las peticiones de la derecha no son tan fácilmente conciliables con las de la izquierda. Empezando por las demandas de los socios de coalición, que piden intervenir el mercado de la vivienda, la alimentación y la energía, topar los precios del gas, prorrogar los contratos de alquiler, rescatar el impuesto a las energéticas o bajar el IVA de los alimentos básicos. Este miércoles, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, advirtió de que el Gobierno "estará vigilante" ante las grandes empresas de energía o del sector alimentario para que no engorden sus beneficios aumentando sus márgenes empresariales. Lo dijo también la vicepresidenta Díaz: la gestión de esta crisis "va de tomar medidas quirúrgicas" pero también de "controlar los márgenes de beneficios de los que nunca habla el Partido Popular ni las empresas en este país".

La izquierda reclama intervenir el mercado de la vivienda, la alimentación y la energía. Sumar pone el acento en que hay que "controlar los márgenes de beneficios de los que nunca habla el PP"

El titular de Economía, Carlos Cuerpo, entrevistado este miércoles por la noche en El objetivo (La Sexta), no quiso descartar ninguna medida: es el mensaje que llevan días trasladando desde la Moncloa, el de que todas las propuestas están encima de la mesa, y que se tendrán en cuenta tanto las demandas de los grupos como las de los agentes económicos y sociales con los que el Ejecutivo despacha este jueves como las lecciones aprendidas de crisis anteriores. No habrá un Consejo de Ministros extraordinario. Cuerpo llamó a la "tranquilidad" e insistió en que el Ejecutivo no llega tarde: se han cumplido 12 días de guerra pero la situación sigue siendo de total "volatilidad".

El precedente del escudo social, tumbado dos veces

En la misma línea, ERC, Bildu, BNG y la diputada de Compromís Àgueda Micó han registrado una iniciativa conjunta en el Congreso en la que piden limitar los precios de la energía, vigilar los márgenes empresariales y desplegar "instrumentos fiscales extraordinarios, temporales y proporcionados sobre beneficios sobrevenidos". Podemos defiende, por su parte, su llamado plan antiTrump, en el que exige la salida de la OTAN o la entrega de un cheque energético de 300 euros para las familias con menos recursos.

Los nacionalistas vascos plantean su propio camino, para apuntalar la industria siderúrgica y electrointensiva. Podemos exige salir de la OTAN o un cheque energético de 300€ para los vulnerables

El PNV, mientras, apuesta por su propio camino y lo plasma en una proposición no de ley para "reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva, dos sectores fundamentales tanto en Euskadi como Europa para el desarrollo de otros como la construcción, la automoción, la energía, la defensa o incluso las infraestructuras". Entre las ideas incluidas, la derogación del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

El Ejecutivo compendiará las medidas seleccionadas en un primer real decreto ley que deberá ser convalidado en el Congreso en el plazo de un mes. Si el PP se descuelga —que es su respuesta habitual—, el Gobierno depende enteramente de sus socios. En caso de que todos acepten su plan, necesitará, como poco, la abstención de Junts. Pero los posconvergentes no se andan con muchos miramientos si tienen que tumbar iniciativas de la coalición. Hace dos semanas echaron abajo por segunda vez, con PP y Vox, el escudo social, parte del cual probablemente sea llevado al nuevo decreto para ver si pasa el filtro a la tercera.

En el Gobierno se muestran optimistas y demandan paciencia hasta que se conozca la letra del decreto ley. Y recuerdan que ahora el contexto es diferente al de hace dos semanas, cuando cayó el escudo

"Veremos. Yo soy optimista siempre. Espero que todo salga bien", indica un ministro muy concernido en las negociaciones para el alumbramiento de este paquete integral. "Veamos qué lleva el real decreto ley y luego ya veremos qué hacen los grupos. Es verdad que hace dos semanas nos tumbaron el escudo social, pero eso sucedió antes de los bombardeos sobre Irán, y por tanto el contexto ahora es diferente a aquel", apuntan desde la cúpula del Grupo Socialista, en el que remarcan que la presión se tiene que volcar sobre todo sobre el PP, porque es la alternativa y la formación que gobierna la mayor parte de comunidades autónomas y una inmensa mayoría de los municipios. "Espero que esta vez haya aproximación, la situación lo requiere. Pero sí, solo les falta defender a Trump", respaldan desde la dirección del partido.

Junts, en efecto, ha sido muy crítica con los socialistas, con el propio Sánchez, por usar la guerra en Oriente Medio "con fines electoralistas y partidistas". Para el vicepresidente del partido independentista, la postura del presidente, su No a la guerra, refleja "una falta preocupante de responsabilidad institucional". "El presidente del Gobierno", señaló el pasado lunes, "ha optado por envolverse en dos banderas, con una posición claramente electoralista: la del No a la guerra y la española", porque en el mitin del pasado sábado en Soria su partido hizo ondear la enseña nacional. En opinión de los puigdemontistas, lo que inquieta al jefe del Ejecutivo no es el conflicto en sí mismo, sino "ganar las elecciones en España".

Los posconvergentes han sido duros con Sánchez porque ven "fines electoralistas y partidistas" en su 'No a la guerra'. Mientras, siguen atascados por falta de apoyos los Presupuestos de 2026

El real decreto ley debe pasar primero por el Consejo de Ministros en una o dos semanas, pero lo importante es que pase el test de la Cámara baja, y allí los peligros son los mismos de siempre, la falta de mayorías. El mismo obstáculo que hace que los Presupuestos Generales del Estado de 2026 sigan atascados y sin ser remitidos al Congreso pese a que queda poco más de medio mes para que venza el plazo que el Ejecutivo se había dado a sí mismo, el primer trimestre del año. Todos los caminos conducen al mismo problema: la debilidad parlamentaria de la coalición.