El juez Ismael Moreno pide a Transportes los expedientes de diez obras investigadas en el caso Koldo

El juez Ismael Moreno ha acordado requerir al Consejo de Obras Públicas para que entregue "a la mayor brevedad posible" los expedientes técnicos de diez licitaciones concretas de Adif y la Dirección General de Carreteras investigadas en la trama de obra pública del 'caso Koldo' que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

En un auto al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado también exige a este organismo —integrado en la estructura del Ministerio de Transportes— que se identifique a los funcionarios que participaron en la redacción de estos dictámenes.

La decisión se enmarca en la pieza separada abierta en la Audiencia Nacional para analizar supuestas irregularidades en adjudicaciones del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de la cartera. Según la investigación, dichas adjudicaciones habrían favorecido "de manera recurrente" a determinadas constructoras —entre ellas Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos— a cambio de presuntas comisiones para el exministro y su entonces asesor, Koldo García.

En concreto, el magistrado reclama la documentación completa de diez expedientes de obra pública repartidos entre proyectos ferroviarios y carreteros en varias comunidades autónomas. Entre ellos figuran la construcción del tramo del Corredor Mediterráneo entre Pulpí y Vera (Almería), la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), actuaciones en la red ferroviaria de Lugo y en la línea de ancho métrico en Asturias, así como diversas obras de mejora y adaptación de autovías como la A-68 en La Rioja, la A-32 en Linares-Albacete, la A-63 en Asturias, la A-12 entre La Rioja y Burgos o la intervención en el puente del Centenario en Sevilla.

El auto responde a la petición de la Fiscalía de incorporar esta documentación a la causa. Así, el juez Moreno encarga a la Unidad de la Guardia Civil adscrita a Anticorrupción que realice las gestiones para recabar esta información y elabore el correspondiente informe una vez recibida.