Hacienda describe un 'coladero' en los contratos de emergencia como los que consiguió Aldama por la pandemia

La situación de emergencia vivida en España durante los primeros meses de la pandemia propició la aplicación de "reglas excepcionales" en la contratación pública, un contexto en el que emergió la figura del "mediador", inexistente en condiciones ordinarias. Así lo expuso el Ministerio de Hacienda en el informe de 151 páginas que remitió esta semana al instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el que atribuye al empresario Víctor de Aldama un presunto fraude fiscal de 2.410.748,95 euros por el negocio de las mascarillas, con una cuota exigible de 1.624.308,20 euros.

Según detalló en su escrito la Agencia Tributaria, en la contratación pública no tiene cabida, sobre el papel, un servicio de mediación como el que supuestamente prestó Aldama a través de la empresa Soluciones de Gestión, ya que el objetivo de cualquier contrato público es garantizar la máxima concurrencia, la igualdad de acceso entre los distintos licitadores, la publicidad y la transparencia para lograr la mejor relación calidad-precio.

No obstante, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria subrayó que en situaciones como la vivida en 2020 la normativa contempla "reglas excepcionales" para la contratación de emergencia, caracterizadas precisamente por la ausencia de publicidad y concurrencia. Es en este escenario donde surgió la figura del intermediario ante la escasez de material sanitario y la urgencia de su adquisición, si bien el informe precisa que no entra a valorar "si esa figura es o no lícita".

Ese contexto excepcional ha sido, de hecho, el argumento al que se han aferrado varios testigos durante el juicio al ser preguntados por los contratos de empresas públicas con Soluciones de Gestión, y previsiblemente también será la línea de defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antigua mano derecha Koldo García cuando declaren ante el Tribunal Supremo. Por ejemplo, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, aunque se desmarcó de la elección concreta de esta compañía, explicó que la primera partida gestionada a través de Puertos del Estado fue "la primera entrega que llegaba a España" tras el estallido de la pandemia.

Otro ejemplo es el del el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, quien aseguró que Interior contrató "de acuerdo a las posibilidades que tenían" en ese momento. El que fuera 'número 2' de este Ministerio insistió en múltiples ocasiones en que la situación era crítica, ya que necesitaban dotar de material sanitario a miles de policías y guardias civiles, y explicó que recurrieron a Soluciones de Gestión tras comprobar que ya había suministrado material médico al entonces Ministerio de Fomento —hoy Transportes—. Otros funcionarios y técnicos también han defendido ante el alto tribunal que las contrataciones se ajustaron a la legalidad, y todos han negado haber recibido mordidas.

La Agencia Tributaria atribuye a Aldama esa labor de intermediación, que incluyó tanto la búsqueda de proveedores de material de protección como la gestión de los vuelos para su traslado a España. El informe cifra en 2,4 millones de euros la cuota defraudada por el comisionista en 2020, si bien la cantidad exigible se reduce a 1,6 millones al descontar las cantidades ya ingresadas en concepto de Impuesto sobre Sociedades por dos empresas vinculadas a él: Deluxe Fortune y MTM 180 Capital.

En este sentido, el informe sostiene que ambas sociedades habrían actuado como "pantallas" para facturar los servicios de intermediación. La Agencia Tributaria considera que la relación de estas mercantiles con Soluciones de Gestión responde a un "negocio simulado" y subraya que los servicios fueron ejecutados directamente por el propio Aldama, al que sitúa como una pieza "esencial" en la operativa.

Asimismo, Hacienda recuerda que la ley permite la prestación de servicios profesionales a través de sociedades mercantiles, pero matiza que ese marco no ampara su utilización cuando estas entidades no intervienen realmente en la actividad. En el caso analizado, sostiene que dichas estructuras se utilizaron como un "mero artificio" para facturar y cobrar los servicios con el objetivo de reducir la "imposición directa" del profesional. El informe añade que estas sociedades carecían de "medios materiales y personales" suficientes, por lo que los ingresos deberían haberse imputado directamente al empresario en su IRPF.

Pero las irregularidades en torno a la figura de Aldama no fueron las únicas detectadas por los investigadores. Además de en el comisionista, Hacienda aprecia indicios de delito en la propia Soluciones de Gestión por haber reducido la cuota a ingresar en el Impuesto de Sociedades de 2020, en una operativa en la que, según el informe, el "principal interesado" era el empresario Juan Carlos Cueto. El organismo calcula que la mercantil pudo haber defraudado en torno a 200.000 euros.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que en una de las tres piezas del 'caso Koldo' investiga las presuntas irregularidades en contratos públicos, ya tiene sobre la mesa este informe, que también afecta a Cueto, a quien la Fiscalía sitúa como titular real de Soluciones de Gestión y que se acogió a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo, adonde fue citado como testigo en el juicio del 'caso mascarillas'.

Precisamente, Hacienda entregó este informe con Aldama sentado en el banquillo del Supremo junto a Ábalos y Koldo por presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas a cambio de comisiones. No obstante, en esta causa únicamente se juzga la parte que afecta directamente a Ábalos, al haberse instruido cuando estaba aforado, mientras que la Audiencia Nacional mantiene abiertas otras diligencias sobre el conjunto de la operativa.