Desacreditar, resistir y colaborar: las tres estrategias de las defensas de Koldo, Ábalos y Aldama

El juicio del 'caso Koldo' por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia ha asentado, a medida que ha ido haciendo camino en el Tribunal Supremo, tres líneas diferenciadas por parte de las defensas del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama: desacreditar, resistir y colaborar. Tres verbos, tres estrategias y un mismo objetivo. Ganar la batalla del relato.

La defensa de Koldo García, ejercida por la abogada Leticia de la Hoz, ha pivotado desde el inicio de la vista oral el pasado 7 de abril sobre dos ejes claros. El primero, apuntalar el origen del dinero en efectivo y justificar el flujo de billetes en el entorno de su cliente, que la investigación vincula a pagos irregulares por parte del empresario en el marco del supuesto "concierto de voluntades" que los tres acusados habrían orquestado para beneficiarse mutuamente. El segundo, debilitar a Víctor de Aldama.

En lo primero, la estrategia de De la Hoz pasa por normalizar el uso del metálico en el entorno del exasesor. Ahí encajan las hojas de liquidación de gastos del PSOE, los reembolsos en sobres desde Ferraz y la declaración de su exmujer, Patricia Úriz. "Koldo era de los de prestar dinero", dijo ante el tribunal. Adelantaba gastos de fiestas, trabajo y necesidades de terceros, y el dinero volvía casi siempre— en efectivo. Porque Koldo también era de los que "no tienen Bizum". Bajo esa lógica, los más de 20.000 euros hallados por la Guardia Civil en el armero de su casa no serían más que ahorros y reintegros acumulados.

Ese relato encuentra apoyo en la mecánica interna del partido descrita por varios trabajadores de Ferraz en el Supremo. El exgerente del PSOE Mariano Moreno explicó que, aunque el 99,4% de los reembolsos se hacían por transferencia, existía una vía en metálico. Eso sí, sujeta "a los mismos controles" y al mismo "circuito de validación". Tickets, hojas de liquidación, autorización del responsable del área y visto bueno final del administrador. Todas las áreas —también la Secretaría de Organización que entonces dirigía Ábalos— seguían ese sistema. Y ahí aparece una pieza clave: según afirmó una de las secretarias del exministro, era Koldo quien centralizaba el proceso. Presentaba las liquidaciones y recogía los sobres: los suyos, los de Ábalos y los de la propia Secretaría.

"¿Pueden faltar hojas de liquidación de Koldo que no estuvieran aportados al Tribunal de Cuentas?", lanzó De la Hoz a Moreno. Acto seguido, exhibió varias hojas atribuidas al exasesor que, según su tesis, no habrían sido remitidas. Todas tenían importe validado, pero ninguna desglosaba los conceptos de gasto. Con ellas, la defensa intenta justificar unos 9.000 euros más procedentes del PSOE que no aparecerían en la documentación analizada por los investigadores.

La 'otra' estrategia de Koldo

El segundo frente de De la Hoz apunta directamente a Aldama. Sabe que su testimonio es el principal riesgo para su cliente y que, cuanto más creíble resulte, mayor será su impacto. La posición procesal del comisionista es distinta: ha reconocido los hechos y colaborado con la Fiscalía, lo que abre la puerta a una posible atenuante muy cualificada que podría reducir de forma significativa su condena.

Por eso, en paralelo, la defensa ha ido introduciendo elementos para erosionar su relato. El episodio del supuesto aplazamiento de una deuda tributaria a una empresa vinculada a Aldama es uno de ellos. A partir de la declaración del exjefe de Gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, la abogada ha insistido en que no existió intervención irregular ni trato de favor porque el testigo no tenía competencias, no hizo seguimiento alguno y el procedimiento no prosperó.

Para reforzar esta idea, la letrada presentó un escrito en el que pedía la declaración de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, que en el Senado desmintió que se aplazara la deuda de una de las empresas de Aldama. Adjuntó además el diario de sesiones a la causa para fijar la versión en el procedimiento.

Aldama y la colaboración como activo

En el otro lado, la defensa de Víctor de Aldama —ejercida por el abogado José Antonio Choclán— juega una partida distinta. No discute, asume. Su estrategia está centrada en consolidar la posición del empresario como colaborador clave de Anticorrupción y maximizar el valor procesal de esa colaboración.

Aldama se enfrenta a una petición de siete años de prisión, muy por debajo de los 24 y 19 años y medio que pesan sobre Ábalos y Koldo. Pero su defensa aspira a que esa cooperación sea considerada "muy cualificada", lo que permitiría rebajar aún más la condena e incluso evitar la entrada en prisión. Y, para lograrlo, todo pasa por una palabra: credibilidad.

Ahí es donde encaja la forma de intervenir de Choclán en Sala. Interviene poco, pero mide cada paso. Preguntas concretas, en momentos precisos, dirigidas a reforzar aquellos puntos donde el relato de su cliente encuentra respaldo externo. Roza lo quirúrgico. Durante el interrogatorio al exjefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, lo explicó sin rodeos —aunque a regañadientes—: "Aquí lo que se está debatiendo es el grado de colaboración de mi cliente. Resulta importante acreditar que lo que se tildó de falso se ha demostrado que no lo es".

Ábalos, resistencia y precisión

La defensa de José Luis Ábalos, liderada por Marino Turiel, se mueve en otro registro. Más contenido, más técnico y con menos exposición. Su principal frente ha sido la auditoría interna del Ministerio de Transportes que cuestionó la duplicación de la compra de mascarillas. Para Turiel, ese informe es incompleto. Sostiene que no incorpora una hoja de Excel previa —elaborada por el funcionario Javier Sánchez Fuentefría— que ya anticipaba la necesidad de ampliar el volumen de compra. Si esa previsión se acepta, el salto de cuatro a ocho millones de unidades dejaría de ser una irregularidad y pasaría a ser una decisión técnica.

A esa línea suma otra compartida con la defensa de Koldo: la normalización de la gestión durante la pandemia. En el juicio se ha insistido en que los contratos se ejecutaron, que el material "fue el primero en llegar a España" y que las incidencias se resolvieron en un contexto marcado por la urgencia.

Turiel ha mantenido un perfil más bajo durante todo el juicio. Intervenciones medidas, tono correcto. Precisamente por eso, los momentos en los que se ha salido de este tono destacan más, como, por ejemplo, cuando endureció su posición durante el interrogatorio a las auditoras para cuestionar la metodología del informe. No obstante, el más sorpresivo fue durante la testifical de la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, cuando le preguntó si se dedicaba a la prostitución. "No, soy dentista y estoy colegiada", respondió la testigo. El abogado retomó después su tono habitual.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, a quien ya se le ha aplicado una atenuante simple de confesión. Las acusaciones populares, lideradas por el PP, elevan la petición a 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que mantienen para el empresario la misma pena que el fiscal.

El lunes la UCO presenta sus informes periciales. Es la última pieza grande antes de las declaraciones de los acusados el próximo miércoles 29 de abril. El primero en hablar será Aldama, seguido de Koldo y, en último lugar, Ábalos, aunque fuentes jurídicas no descartan que las intervenciones se prolonguen también al día siguiente. Tres semanas de testigos, peritos y estrategias desembocan en ese momento. Las defensas han construido sus relatos. Ahora les toca a ellos sostenerlos.