García Ortiz recurre las costas de 39.000 euros fijadas por el Supremo y el novio de Ayuso reclama su pago

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha recurrido por "indebida" la tasación de costas procesales en 39.000 euros calculada por el Tribunal Supremo después del juicio en el que fue condenado por revelación de secretos de Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, que ha reclamado que esa petición sea rechazada y tenga que abonarlas.

A través de un recurso, avanzado por Okdiario, la Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz en el juicio que se celebró el año pasado, pide que se revoque de manera "parcial" la resolución que estimó esas costas, "en cuanto declara procedente la inclusión en la tasación de determinadas actuaciones procesales" con las que no está conforme.

Y solicita que "declare indebida su imputación a esta parte, acordando su exclusión" por, según argumenta, "carecer de imputación causal, corresponder a actuaciones ajenas al objeto del proceso penal, haber sido promovidas por otras partes o referirse a actuaciones relativas a personas finalmente sobreseídas libre o parcialmente", recogido por Europa Press.

En contra, González Amador ha interesado la desestimación del recurso del ex fiscal general del Estado, "confirmando íntegramente la resolución recurrida y condenando en costas", como expone en un escrito al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias.

La representación de la pareja de Ayuso defiende sus criterios para cuantificar sus honorarios, que "maximizan la objetividad y transparencia en el cálculo" de una minuta que "es proporcional al esfuerzo realizado, el tiempo dedicado y el resultado obtenido".

Reducidas a la mitad

Cabe recordar que el alto tribunal estimó parcialmente la impugnación por "indebidas" de la tasación de costas procesales a pagar por el ex fiscal general y las redujo de 79.942,70 a 39.009,48 euros, según un decreto de la letrada de la Administración de Justicia de causas especiales en el Supremo y que podía ser recurrido.

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo, a pagar 17.200 euros en concepto de indemnización y multa --que fue abonado por la Unión Progresista de Fiscales tras una colecta-- y a sufragar los gastos procesales de González Amador.

El pasado febrero, el Supremo calculó en 79.942 euros las costas y tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía, partidaria también de la absolución, lo recurrieron por considerarlas indebidas y excesivas.

Tras ello, el alto tribunal estimó la impugnación por indebidas y rebajó la minuta del abogado y del procurador, al excluir de las costas diferentes recursos, después de que el letrado de González Amador pidiera casi 80.000 euros por sus honorarios.

El Supremo acordó asimismo continuar la tramitación de la impugnación de García Ortiz y la Fiscalía frente a la tasación por excesivas, remitiendo las actuaciones al Consejo General de la Abogacía Española para que emita informe o designe a otro colegio para la realización conjunta con el Colegio de la Abogacía de Madrid.