La mano derecha del DAO de la Guardia Civil blinda el relato de Interior y defiende que expedientar a mandos de la UCO es "normal"

Juan Manuel del Barco, secretario del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil Manuel Llamas, ha defendido este martes ante la Audiencia Nacional que la apertura de informaciones reservas a altos mandos de la UCO es algo "normal". Según afirman fuentes jurídicas a El Independiente, Barco ha mostrado su total y absoluto respaldo tanto al DAO como a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González durante toda su testifical.

El comandante de la Guardia Civil ha sostenido en sede judicial que la apertura de los expedientes disciplinarios que tuvieron lugar a los altos mandos que investigaban los casos judiciales vinculados al PSOE y a Pedro Sánchez son trámites habituales.

Sin embargo, tal y como adelantó este periódico, el Instituto Armado nunca antes había abierto tres expedientes a coroneles y jefes de la Unidad Central Operativa. Fuentes internas confirman que es un hecho "extraordinario" y que pudo ser una medida de presión dentro de las múltiples adoptadas por la trama de Leire Díez.

Así, el Barco ha puesto en duda que hayan existido presiones, pese a que los informes de la propia UCO señalan que en un momento determinado que el exjefe de la UCO, Yuste Arenillas, explicó que era el propio DAO quien estaba "recibiendo muchas presiones políticas". Este martes, su mano derecha y compañero desde hace más de seis años ha negado que eso estuviera ocurriendo en el seno de la Guardia Civil.

Marlaska y Mercedes González

Las presiones o activaciones de informaciones reservadas por parte de la cúpula del Instituto Armado se vinculan, siempre según los informes de la UCO, con las reuniones acreditadas que tuvieron la directora de la Guardia Civil y la exmilitante socialista y líder de la trama para acabar con la UCO, Leire Díez.

La UCO señala que la entonces directora general de la Guardia Civil mantuvo encuentros con Díez en fechas que coinciden con algunas de las actuaciones internas que posteriormente afectaron a mandos de la unidad encargada de investigar los principales casos de corrupción vinculados al entorno del Gobierno. Los investigadores consideran que la sucesión de hechos resulta relevante para comprender el contexto en el que se desarrollaron las distintas informaciones reservadas.

Precisamente, una de las principales discrepancias entre la versión sostenida este martes por Del Barco y la que reflejan los informes incorporados a la causa radica en la naturaleza de esos expedientes.

Mientras la mano derecha del DAO los presentó ante el juez como mecanismos administrativos ordinarios, la propia UCO concluyó por escrito que se trataba de procedimientos de carácter excepcional. En uno de los informes remitidos a la Audiencia Nacional, los investigadores destacaron expresamente que las informaciones reservadas registradas como 1/24 y 1/25 por el Estado Mayor eran actuaciones extraordinarias, subrayando que su propia numeración administrativa evidenciaba la escasez de precedentes.

El DAO abrió uno de los expedientes

La primera de ellas fue abierta en diciembre de 2024 por orden del DAO, Manuel Llamas Fernández. El motivo fue la aparición en un informe policial remitido a la autoridad judicial de una dirección de correo electrónico utilizada por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

La información reservada tenía como finalidad determinar si podía exigirse algún tipo de responsabilidad por la inclusión de ese dato en un documento judicial. El instructor acabó cerrando el procedimiento sin apreciar responsabilidad disciplinaria alguna. Sin embargo, propuso que el jefe de la UCO "amonestara verbalmente" al analista que había realizado el examen de los correos electrónicos por orden de la autoridad judicial.

Según la documentación incorporada a la causa, el propio DAO asumió esa conclusión y la trasladó a la directora general de la Guardia Civil en un escrito fechado el 13 de enero de 2025, haciendo suya la recomendación de que el coronel jefe de la UCO amonestara verbalmente al agente.

La segunda información reservada

Meses después se produjo una segunda actuación que también figura entre las analizadas por los investigadores. En mayo de 2025 se incoó una nueva información reservada para averiguar si la filtración de los mensajes privados intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos podía haber tenido su origen en la UCO.

Sin embargo, los mandos de Policía Judicial trasladaron desde el primer momento que esa hipótesis carecía de fundamento porque la unidad ni siquiera había intervenido todavía dispositivos de Ábalos y los archivos que obraban en su poder correspondían a fechas anteriores a los mensajes publicados.

Pese a ello, el procedimiento siguió adelante hasta que su instructor informó al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de su existencia. Según consta en las actuaciones, el juez advirtió de que no autorizaba la apertura formal de una investigación de esas características y que incluso podría derivar en diligencias penales si continuaba adelante. Finalmente, el expediente fue archivado sin que llegara a practicarse actuación alguna.

La tercera información reservada

La tercera información reservada fue ordenada directamente por Mercedes González en septiembre de 2025. En el marco de esa actuación, el instructor acordó solicitar a la UCO un organigrama detallado de la estructura que trabajaba en las investigaciones judiciales relacionadas con el entorno del Gobierno.

La petición reclamaba expresamente la identificación nominal de los oficiales que participaban en las causas relativas a la esposa del presidente, a su hermano, al caso Ábalos-Koldo y a Santos Cerdán. La solicitud terminó materializándose y quedó incorporada al expediente administrativo junto con los datos profesionales de los mandos afectados.

La relevancia de estas actuaciones es uno de los puntos sobre los que pivotó la declaración de Del Barco. El comandante rechazó que pudieran interpretarse como una forma de presión sobre los investigadores y defendió que se trataba de procedimientos habituales dentro de la estructura de la Guardia Civil.

No obstante, esa explicación choca con el criterio reflejado por la propia UCO en los informes remitidos al juez. Los investigadores no sólo califican de excepcionales estos procedimientos, sino que también describen circunstancias poco habituales en su tramitación.

La ausencia de comunicaciones formales

Entre ellas figura, por ejemplo, la ausencia de comunicaciones formales a la propia unidad afectada en algunas de las informaciones reservadas analizadas. La UCO dejó constancia de que no existían registros de entrada que acreditaran la notificación oficial de determinados procedimientos a los mandos concernidos.

A ello se suma el hecho de que todas estas actuaciones se produjeron mientras la unidad investigaba algunas de las causas más sensibles para el Gobierno, entre ellas las relativas a Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos o Santos Cerdán.