El Gobierno cree "amortizada" la condena a Ábalos, pero confía en que el trato "generoso" a Aldama movilice a sus bases

Hace ya mucho tiempo que Gobierno y Ferraz dan por saldado el castigo ciudadano por las imputaciones de los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Han venido reiterando que sus votantes les golpearon duro cuando los casos de ambos emergieron, pero que su actuación rápida y "contundente", apartándolos, sirvió para frenar la hemorragia. Por eso en el entorno más inmediato de Pedro Sánchez interpretan que la primera sentencia por corrupción que afecta de lleno a uno de sus hombres de absoluta confianza, el exministro Ábalos —24 años y tres meses de prisión, aunque solo cumplirá como máximo 16 años y medio— está más que digerida. Porque era más que esperable. Es decir, que el impacto está ya "amortizado", puesto que se trata de un caso "sobradamente publicitado y conocido". En cambio, están convencidos de que la decisión del Tribunal Supremo de aplicar un trato "generoso" al corruptor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, pueden ayudar a agitar a sus bases electorales, igual que la indignación por la "cacería" contra Begoña Gómez, la esposa del presidente.

La resolución sobre el caso mascarillas, adoptada por unanimidad de los siete magistrados de la Sala, marca decisivamente el pleno monográfico sobre corrupción que protagonizará Sánchez en el Congreso. Otra jornada difícil para él y para su Ejecutivo, por la presión de las derechas y también por el distanciamiento de los socios, que le piden explicaciones y decisiones y hasta, como en el caso de PNV, Junts y Coalición Canaria, elecciones. El líder socialista hilará un discurso muy a la ofensiva, de marcado carácter político, sin previsión de anuncios de medidas. Porque el momento, señalan en su equipo directo, es otro. Es muy distinto al de un año atrás, cuando el presidente quedó muy afectado por el engaño de Cerdán, a quien había defendido con los ojos cerrados hasta medio segundo antes de recibir el contundente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que le pintaba como jefe de una presunta red de amaño de contratos públicos.

Lo que no estaba amortizado es que Aldama reciba una pena de cuatro años y medio y los jueces le dejen libre, sin pisar la cárcel. La gente está viendo esto, difícil de entender", asevera un ministro

Hace un año, como confesó en otra comparecencia en la Cámara baja análoga a la que se escenificará este miércoles, Sánchez sí pensó en dimitir. Pero ahora está totalmente recompuesto, "con ganas" de ir al combate contra sus adversarios para repetir en la Moncloa. Como subrayan en su círculo de confianza, hay una diferencia "abismal" con los finales de legislatura de Felipe González en 1996 y de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. Ambos sabían que iban a perder las siguientes generales —el segundo, ni se presentó a esos comicios y dejó a su delfín, Alfreo Pérez Rubalcaba—, y "no las lucharon". "Nosotros, vamos a lucharlas hasta el último día", apuntan los colaboradores más cercanos al presidente.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, condena la corrupción de Ábalos y sugiere al PP que lleve a Aldama en las listashttps://t.co/WjUKfxbhKp pic.twitter.com/UEc6lZzKa2

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Y eso que incluso en las alturas del Gobierno y del partido son plenamente conscientes de la cascada de casos judiciales que les acorralan prácticamente a diario. Causas que se comen toda la agenda política y que hacen prácticamente imposible al jefe del Ejecutivo recuperar el control. De ahí que los socialistas entiendan que tienen que aprovechar a su favor las bolas que sus adversarios les dejan en su campo. La sentencia del Supremo es, creen, una de ellas. "El desgaste por el caso Ábalos estaba amortizado. Lo que no estaba amortizado es que Aldama reciba una pena de cuatro años y medio y los magistrados le dejen libre, sin pisar la cárcel, porque los magistrados suspenden su condena. La gente está viendo esto, algo que es difícil de entender. Podría llegar a comprender que le hubieran dejado la pena en cuatro años y que él pidiera la suspensión y se la dieran. Pero que ya la propia sentencia lo diga... No han querido que pasara mal ni un ratito", masca con indignación un ministro del núcleo duro.

El desacuerdo con la exención de los 3,7 millones

También juzgan en el Ejecutivo "inenarrable" que el Supremo deje exento a Aldama de la devolución de los 3,7 millones que cobró en comisiones por los contratos de mascarillas, con el argumento de que no se valió de información privilegiada, porque no era un "arcano" que con la declaración del estado de alarma por la pandemia se activaría el procedimiento de contratación de emergencia. "Esperemos que todo esto tenga repercusión electoral. Vamos a ver cuál es, pero por la onda que nos llega no es muy buena para los que defienden a Aldama".

Otro miembro del Ejecutivo también considera factible que la imagen de una Justicia y una derecha que "intenta bombardear" al Gobierno pueda ayudar a Sánchez en las próximas generales

Otro integrante de primer nivel del Gabinete comparte la misma tesis. Cree que Ábalos y Koldo García, su exasesor, "están amortizados de cara al electorado". Y sí considera factible que la imagen de una Justicia y una derecha que "intenta bombardear" al Gobierno por tierra, mar y aire pueda ayudar a Sánchez en las próximas generales. Porque al trato claramente "generoso" con Aldama y al inequívocamente "duro" con el exministro y Koldo (19 años, ocho meses y un día de cárcel, de los que cumplirá como máximo 15) se superpone la instrucción del caso Begoña Gómez y el corolario de su retirada del pasaporte y de comparecencias quincenales en el juzgado, medidas cautelares decididas por el juez Juan Carlos Peinado el pasado sábado y que han irritado sobremanera a cargos y militantes socialistas.

Patxi López ve "desproporcionada" la condena a Ábalos y cree que Aldama es el nuevo "faro moral" del PPhttps://t.co/KRmgmzILQ5 pic.twitter.com/9fr026zqO1

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En Ferraz, la impresión es la misma, que la rebaja de pena al comisionista puede movilizar a los votantes progresistas. "Totalmente", inciden desde el corazón de la ejecutiva. "Es que se han pasado de frenada". No le vale al Ejecutivo ni al partido la comparación que el propio Supremo establece entre la colaboración de Aldama con la de José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que destapó la Gürtel y que fue indultado por el Gobierno en octubre de 2024.

Tampoco vale al Ejecutivo la comparación, que hace el propio Supremo, entre Aldama y el exedil del PP José Luis Peñas, al que indultó, porque los casos son distintas y el empresario ha mentido

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contrastaba las diferencias en su respuesta a la portavoz popular en el Senado, Alicia García, en la sesión de control al Ejecutivo de ayer martes: Peñas denunció la Gürtel cuando era desconocida, aportando horas y horas de grabaciones, cuando Aldama "colabora cuando se le pilla y ya encarcelado", en prisión provisional por el caso Hidrocarburos, por el que sigue imputado. Además, mientras que lo que reveló Peñas resultó "todo cierto", en lo afirmado por Aldama hay una parte cierta, otra que ya conocía la UCO, y otra tercera que son "difamaciones y mentiras", como reconoce la sentencia. Y mientras que el indulto sirvió al exedil madrileño para regresar "a su puesto de conserje", el conseguidor de la trama de las mascarillas está "recorriendo platós" y "con cuatro millones de euros en el bolsillo". "Es que los indultos no están sometidos a las normas de la Administración de Justicia, ya que son una medida de gracia potestad del Ejecutivo. Si ahora el Supremo se va a poner a indultar por adelantado, apaga y vámonos...", reprocha un ministro.

Un tono muy distinto

Sánchez sacará a colación el caso Ábalos este miércoles en el pleno. No rehuirá, dicen en su entorno, ninguna de las causas que atenazan a los socialistas. Tocará, por tanto, también el caso Leire Díez o la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o las pesquisas sobre su mujer o las que han llevado a su hermano al banquillo —ahora ya este a la espera de sentencia—.

La Moncloa recuerda que ya Sánchez ofreció un plan de 15 medidas hace un año, que se canalizaron en un anteproyecto que aún no ha llegado al Congreso y que podría no tener los apoyos

Lo importante será, aseguran en la Moncloa, cómo teja todos esos elementos. El discurso. Más a la ofensiva. Recuerdan que el año pasado el presidente presentó un plan de 15 medidas anticorrupción como vía para salir del agujero del caso Cerdán. Pero ahora el tono será otro. No está diseñada su comparecencia para anunciar medidas, señalan. No se prevén. El destilado de aquel plan de hace un año fue el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública que salió del Consejo de Ministros en primera lectura el pasado febrero y que todavía están analizando los órganos consultivos. El Gobierno ni siquiera tiene seguro que el proyecto de ley salga camino al Congreso antes del parón veraniego, aunque sí considera "importante" que pudiera quedar aprobada antes de la disolución de las Cortes, aún sin fecha.

Sánchez no ofrecerá, por tanto, más medidas legislativas a sus socios para combatir la corrupción. Primero, por la dificultad de tramitar cualquier iniciativa en un Congreso en el que cada día cuesta más armar mayorías. Y dos, porque la Moncloa no ve sentido a reforzar, por ejemplo, las condenas, porque a la vista está, como ha ocurrido con Ábalos, que pueden ser muy altas, porque lo permite el Código Penal.

Zapatero ve motivos de nulidad en dispositivos analizados que sirvieron al juez para imputarle en el 'caso Plus Ultra'https://t.co/kUSfkNMzaI pic.twitter.com/txy2U6aIHC

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El presidente, por tanto, tratará de "establecer hechos frente a mentiras y bulos". En el puente de mando del Ejecutivo insisten en que la comparecencia, que exigieron los populares, "basándose en la escandalera", y parte de los socios, buscará poner racionalidad en la "desproporción" de trato de unos y otros hechos. No ha interferido en el diseño de la alocución de Sánchez la sentencia del caso Ábalos, porque se esperaba ya para el pasado viernes.

Sánchez intentará desactivar el relato de PP y Vox de un Gobierno cercado por la corrupción y buscará distinguir "hechos" frente a "mentiras y bulos", diferenciar causas como la de Gómez y el hermano de las de Ábalos y Cerdán

Lo que sí hará previsiblemente el líder socialista es contrastar su respuesta a los casos de presunta corrupción que han salpicado al PSOE, su actitud "rápida" y expeditiva, con la vara de medir del PP. Es más, la Moncloa defiende que si el desgaste del caso Ábalos ya está amortizado es precisamente porque el partido "reaccionó". Hasta donde podía llegar. Porque Sánchez no piensa en dimitir, ni en convocar elecciones, comicios que ayer le volvía a pedir el expresidente Felipe González. "Llegamos al escalón anterior a la dimisión. No consideramos que lo ocurrido sea motivo de dimisión. Sin restarle importancia a lo que ha sucedido, creemos que el hecho de que hay personas que fallen no puede ser motivo de salida, y menos cuando se ha respondido. No vale que [Alberto Núñez] Feijóo exija aquello que no exige en su casa".

Porque otra de las presumibles protagonistas del pleno de este miércoles será la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno reiteraba ayer que sí, que hay que celebrar que "el que la hace, la paga", pero "se llame Ábalos o se llame Ayuso", en palabras del ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Los socialistas no van a olvidar el informe de Hacienda conocido la semana pasada, que descubrió que el novio de la dirigente popular, Alberto González Amador, facturó 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023 a Quirón, el principal contratista de la Comunidad de Madrid. Un aumento de ingresos que sería impensable, creen en el Ejecutivo, si Amador no fuera pareja de quien es.

A la ofensiva con Ayuso

Sánchez incidirá en el mensaje, como decía ayer López, de que no hay que "mezclar" casos, "confundir". Discernir la causa de Begoña Gómez, en la que "no cabría ni reproche administrativo", con las de Ábalos, Cerdán y Leire, ante las que se respondió "al más mínimo indicio político", y "colaborando con la Justicia".

El presidente también tendrá que convencer a unos socios cada vez más distantes. Lo hará con medidas como la inyección de recursos a la dependencia aprobada este martes: motivos para seguir, les dirá

El presidente no solo tendrá que lidiar con PP y Vox, sino también con unos socios más descreídos y que cada día marcan más distancias. En el Ejecutivo advierten de que no todos ellos son iguales ni se comportan igual. Junts es el más duro, seguido de Podemos, y el tercero que más aprieta, "depende del día", "y a veces es el PNV". Sánchez les dirá que merece la pena seguir con la legislatura para continuar aprobando medidas —este miércoles el Senado aprobará, previsiblemente, la iniciativa legislativa número 67—, como el real decreto ley, acordado este martes por el Consejo de Ministros, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del sistema de dependencia. 2.218 millones adicionales para 2026, de tal manera que la aportación del Estado para 2027 superará los 7.200 millones de euros el año que viene. Así, la inversión al sistema de dependencia se incrementará en 6.162 millones entre 2026 y 2027.

Motivos para seguir, por tanto. Eso les trasladará el presidente a sus socios, que los hay. Como están a la vuelta de la esquina los Presupuestos, los primeros que presentará el Gobierno en esta legislatura. Las cuentas que, si fracasan, pueden marcar el inicio, ya sí, de la rampa electoral.