Interior expedienta al policía que empujó a una docente en Valencia y los sindicatos se rebelan: "Es una condena anticipada"

El Ministerio del Interior ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente de la Policía Nacional que este domingo empujó por la espalda a una docente durante una protesta por la educación pública en Valencia. La decisión ha provocado una inmediata reacción de los principales sindicatos policiales, que han cerrado filas con el funcionario. Denuncian una "condena pública anticipada" antes de que concluyan las investigaciones.

Los hechos ocurrieron durante una concentración de docentes frente a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, mientras sindicatos y Administración mantenían una nueva reunión para intentar desbloquear la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana. La mujer ha presentado una denuncia por lo ocurrido, después de que varios vídeos difundidos en redes sociales mostraran cómo un agente antidisturbios corre hacia ella y la empuja por la espalda, provocando su caída al suelo.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana confirmó este lunes la apertura del procedimiento disciplinario después de que la afectada formalizara la denuncia. Además, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, mantuvieron una reunión con los sindicatos convocantes de la huelga para abordar tanto el desarrollo de las movilizaciones como el incidente registrado durante la protesta del domingo.

Según trasladó la Delegación, ambas partes se emplazaron a seguir trabajando para que "ningún otro incidente empañe el trabajo ejemplar desarrollado hasta la fecha". Además de para garantizar el ejercicio del derecho de manifestación.

Respaldo sindical al agente

La apertura del expediente disciplinario ha encontrado una respuesta unánime de los principales sindicatos policiales, que han cuestionado tanto el debate generado en torno a las imágenes como las declaraciones realizadas por la delegada del Gobierno.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) sostienen que se está juzgando al agente a partir de una grabación parcial y sin conocer el conjunto de circunstancias que rodearon la actuación policial.

"Estamos viendo cómo se está juzgando a un compañero a partir de un vídeo de apenas unos segundos, cuando todavía no se ha analizado el conjunto de la intervención ni las circunstancias que rodearon los hechos", señalaron desde la organización.

El sindicato asegura que, según la información trasladada por los agentes presentes en el dispositivo, los policías habían sido comisionados para actuar ante una situación de corte de tráfico y tenían la obligación de restablecer la normalidad. "La Policía no está para valorar si quien tiene delante es profesor, médico, agricultor o cualquier otra profesión; está para cumplir la misión que legalmente tiene encomendada y las órdenes que se les dan", añaden.

El SUP insiste además en que la apertura de un expediente disciplinario no supone culpabilidad alguna. "De lo que estamos en contra y que no podemos aceptar es que se dicte una condena pública anticipada. Una investigación no equivale a una sanción y la apertura de un expediente no supone culpabilidad per se". Asimismo, reclama que se respete la presunción de inocencia del agente y que cualquier conclusión se adopte "sobre todas las pruebas disponibles y no únicamente sobre una imagen aislada".

Usted no va a investigar nada

En términos similares se pronunció la Unión Federal de Policía (UFP). Tras el mensaje publicado por Pilar Bernabé en la red social X, el sindicato respondió defendiendo la actuación. Destacan que se produjo en el marco "una actuación policial para evitar que corten las calles. Se trataba de evitar ese primer momento de invasión de la vía pública; se debe actuar con rapidez, con la mínima fuerza pero con decisión", afirmó la organización.

En esa misma respuesta, la UFP cuestionó las declaraciones de la delegada del Gobierno y sostuvo que "usted no va a investigar nada, en todo caso será un juez quien debe depurar responsabilidades".

Horas después, el sindicato difundió un comunicado en el que reiteró su respaldo institucional al agente y defendió que la Policía tiene la obligación legal de intervenir cuando se producen ocupaciones de vías de circulación que afectan a terceros.

Según la organización, las imágenes difundidas muestran una técnica policial utilizada en dispositivos de orden público consistente en desplazar a personas que desobedecen órdenes de abandonar una zona determinada. "El objetivo es el desplazamiento, no el daño", sostiene el texto. Además añade que el resultado de la maniobra "no es el deseado por el funcionario actuante ni forma parte del objetivo de la intervención".

La UFP también rechazó los intentos de presentar "cualquier uso legítimo de la fuerza como una agresión gratuita" y reclamó "seguridad jurídica, respaldo institucional y un análisis sereno de los hechos".

Dar por sentado la culpabilidad

La Confederación Española de Policía (CEP) también salió públicamente en defensa del agente. En otro mensaje dirigido a Bernabé, el sindicato criticó que se dé por sentada la culpabilidad del funcionario antes de que concluyan las investigaciones.

"Tú no vas a investigar nada. Lo harán los órganos competentes, que decidirán algo que tú ya das por sentado, que es la culpabilidad de alguien", señaló la organización.

La CEP también cuestionó la afirmación de la delegada del Gobierno de que el derecho a manifestarse está por encima de cualquier circunstancia. "El derecho a manifestarse no es absoluto. La seguridad es para todos", añadió.

La reacción de Bernabé y las críticas de la izquierda

La polémica se desató después de que Pilar Bernabé reaccionara públicamente al vídeo difundido en redes sociales. La delegada calificó las imágenes de "inaceptables" y anunció que se investigarían los hechos para depurar responsabilidades.

"Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia", escribió en X.

Bernabé añadió además que se trataba de "un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".

Las imágenes también provocaron una cascada de reacciones políticas. El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, aseguró haberse sentido "sobrecogido" por una "agresión salvaje e injustificada" contra una persona que, según afirmó, "estaba tranquilamente hablando por teléfono" y "no estaba provocando" ni mostraba una actitud violenta.

Preguntas al Congreso

Por su parte, el diputado de Compromís integrado en el grupo parlamentario Sumar, Alberto Ibáñez, registró una batería de preguntas en el Congreso para conocer cómo se van a depurar responsabilidades tras lo que calificó de "brutalidad policial".

ERC también ha pedido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por una actuación que, según denunció, se produjo contra una manifestante "sin que opusiera ni pudiera oponer resistencia". Los republicanos quieren conocer qué información tiene el Gobierno sobre la actuación, qué medidas piensa adoptar y si el agente ha sido identificado.

A las críticas se sumó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que calificó la intervención de "agresión absolutamente intolerable e injustificada" y reclamó que se asuman responsabilidades. "Es injustificable", afirmó.

La polémica ha llegado igualmente al ámbito educativo. La Associació de Directores i Directors d'Escola Pública del País Valencià (ADEP-PV) condenó "con la máxima contundencia las agresiones policiales sufridas por docentes que se manifestaban pacíficamente" y calificó las imágenes difundidas de "inadmisibles e indignantes".

"Golpear a quien defiende la educación pública es cruzar una línea roja que nunca tendría que haber sido traspasada", sostuvo la asociación, que exigió responsabilidades y trasladó su apoyo a la manifestante.