Las notas de Cerdán le vinculan con la ofensiva para apartar a Luzón tras la puesta en libertad de Aldama: "¿Desobedeció o no informó al FGE?"

La Guardia Civil ha encontrado en una de las agendas intervenidas al ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán varias anotaciones sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que los investigadores vinculan con la ofensiva impulsada por la presunta trama de Leire Díez tras la puesta en libertad del comisionista Víctor de Aldama. Los apuntes, incorporados a la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso El Independiente, reflejan dudas sobre la actuación de Luzón en la excarcelación del comisionista y coinciden con una de las líneas de actuación que la Unidad Central Operativa (UCO) atribuye a la organización investigada.

"Tribunal Supremo dice que no hay pruebas sobre lo que ha dicho Aldama, ¿por qué está en la calle? ¿Desobedeció o no informó el fiscal Anticorrupción al FGE?", apuntó el exsecretario de Organización de la formación socialista. Justamente, la anotación coincide con el relato de un testigo que aseguró ante la Guardia Civil que Leire Díez y su socio, el empresario Javier Pérez Dolset estaban interesados en apartar a Luzón de su cargo por haber promovido la puesta en libertad del empresario.

"Quitar de en medio"

La referencia aparece recogida en uno de los últimos informes de la UCO incorporados al procedimiento. En él, los agentes destacan la declaración prestada por el empresario sevillano Joaquín Parra Páez, uno de los integrantes del grupo de WhatsApp denominado Vacaciones y Viajes, que la Guardia Civil considera utilizado por la organización para coordinar distintas actuaciones de cara a los procesos judiciales que entonces cercaban al PSOE. Principalmente, la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Durante su comparecencia como testigo, Parra explicó que Leire Díez y Javier Pérez Dolset hablaban de "quitar de en medio" a determinadas personas que consideraban un obstáculo para sus objetivos. Entre ellas citó al fiscal Anticorrupción José Grinda, al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, y al propio Víctor de Aldama. Según su relato, el interés del grupo pasaba por obtener información que pudiera perjudicar la reputación de estas personas.

Respecto a Luzón, el testigo aseguró que Leire y Dolset pretendían apartar de su puesto al fiscal jefe Anticorrupción porque, según sostenían, había desobedecido instrucciones de sus superiores al apoyar la puesta en libertad de Aldama después de su ingreso en prisión provisional.

Para los investigadores, la relevancia de este extremo reside en que la misma idea aparece reflejada en los apuntes personales de Santos Cerdán. La UCO considera que la coincidencia entre el contenido de las conversaciones atribuidas a la organización y las anotaciones localizadas en Ferraz constituye un indicio de que el ex 'número tres' del PSOE tenía conocimiento de esta línea de actuación.

"El resto actúan al servicio de Luzón"

En esa misma página, aunque más abajo, puede leerse: "Si FG [presumiblemente, Fiscalía General] no ejerce, el resto actúan sin miedo ninguno y al servicio de quien creen que será el próximo y les protege, que es Luzón".

Los agentes enmarcan estas anotaciones en el contexto que se abrió tras la salida de prisión de Aldama en noviembre de 2024, un momento que consideran determinante en la evolución de la presunta trama. Según la reconstrucción realizada por la Guardia Civil, fue precisamente entonces cuando comenzó a activarse una nueva estrategia dirigida a influir en procedimientos judiciales considerados especialmente sensibles para el PSOE y el Gobierno.

Esa nueva estrategia también pasaba por la incorporación del abogado Jacobo Teijelo al entorno de la organización investigada. La UCO sostiene que el letrado pasó a desempeñar un papel relevante a partir de noviembre de 2024 y recuerda que el PSOE contrató sus servicios de consultoría jurídica entre ese mes y marzo de 2025. Según uno de los informes incorporados a la causa, habría percibido al menos 125.000 euros por esos trabajos.

La investigación sostiene que, a partir de entonces, se intensificaron distintas iniciativas encaminadas a recabar información sobre jueces, fiscales y policías que intervenían en causas de interés para el entorno socialista. Entre los objetivos identificados por la Guardia Civil figura el fiscal José Grinda, mencionado de forma recurrente en la documentación intervenida a Leire Díez.

De hecho, los agentes ya habían localizado en uno de los teléfonos de la exmilitante socialista un documento denominado LD-Planteamientos, en el que se describía un supuesto intercambio de información con el excomisario José Manuel Villarejo. Según la UCO, el acuerdo contemplaba la aportación progresiva de documentación sobre diversos "objetivos de interés", entre los que figuraban expresamente varios fiscales y, "sobre todo, Grinda".