El juez Santiago Pedraz ha acordado este lunes la citación de 25 personas como investigadas en el 'caso Leire'. Entre ellas se encuentran la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, así como los ex directivos de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia y Carlos López de las Heras; y el expresidente del Grupo Forestalia, Fernando Samper, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso El Independiente.
El magistrado considera que existen "indicios de criminalidad" y acepta así la petición que la Fiscalía Anticorrupción formuló el pasado 25 de junio. En su escrito, que ha podido consultar este periódico, el Ministerio Público expuso a lo largo de 40 páginas que los 25 citados debían ser investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada con ánimo de lucro.
Estas nuevas imputaciones se enmarcan en la rama de la SEPI del 'caso Leire', que el juez Pedraz investiga desde diciembre en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Es la matriz del caso que ahora ha derivado, asimismo, en una investigación sobre una supuesta trama que habría operado desde el entorno del PSOE para "desestabilizar" las causas sensibles para el Gobierno o el partido.
La investigación en la Audiencia nació a partir de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de noviembre de 2025 en el que se analizaban pagos y movimientos societarios vinculados a las mercantiles Mediaciones Martínez y Servinabar 2000. En ese documento se identificaba al grupo Hirurok, integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso, administrador de las citadas empresas. Según la UCO, los tres miembros de Hirurok habrían cobrado 700.000 euros en comisiones.
Entonces se decidió indagar en unas supuestas irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos y su conexión con expedientes de la SEPI. En concreto, se analizaban cinco operaciones vinculadas a organismos públicos y empresas participadas por el Estado en las que Díez, Fernández y Alonso habrían intervenido aprovechando sus contactos. Entre ellas, el rescate de Tubos Reunidos, aprobado por la SEPI durante la pandemia por un importe de 112,8 millones de euros.
A partir de ahí, el avance del sumario y las diligencias practicadas entre diciembre de 2025 y comienzos de 2026 fueron ampliando el perímetro inicial de la causa. Según consta en un atestado posterior de la propia UCO al que pudo acceder este periódico, en esas actuaciones se detectó ya una posible extensión tanto del objeto de la investigación como de las personas implicadas. Entre ellos, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tal y como explica el juez Pedraz en el auto del pasado 27 de mayo, cuando la UCO entró en la sede federal del partido en Ferraz.
Las 25 nuevas imputaciones
Entre los 25 citados también se encuentran el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga, y la directora corporativa de este mismo ente, Rosario Arévalo. También se ha acordado imputar al expresidente de Mercasa José Ramón Sempere; al exdirector de Acciona Servicios Urbanos Francisco Javier López Buciega; al exmiembro del consejo consultivo andaluz y catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire; a la directora de desarrollo corporativo y estrategia en Isdefe, María Teresa Castillo Pasalodos.
También, el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI, Julián Mateos Aparicio Priet; el director corporativo de este ente, Miguel Ángel Santiago Mesa; los altos cargos de la SEPI Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra; y el letrado de la Junta de Andalucía Fernando Albert Aragon.
También figuran como imputados la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dependiente del Ministerio de Hacienda), Concepción Ordiz Fuertes; los supuestos testaferros del Grupo Forestalia, los hermanos Roberto Pérez Águeda y Eduardo Pérez Águeda; y al administrador único de Mediaciones Martínez, Carmelo Aznarez Pellicer. También Juan Ignacio Fernández-Micheltorena y Mikel Arrarás Abejón.
También el 'topo' de las cloacas en la SEPI, Miguel Ángel Figueroa
Asimismo, el juez Pedraz también ha acordado la imputación del ex director de Participadas III de la SEPI, Miguel Ángel Figueroa, que hace una semana dimitió de su cargo como interventor general de la Junta de Andalucía al conocerse su vinculación con el caso. Tal y como avanzó este periódico, en una de las libretas que le fueron intervenidas a Leire Díez por la Guardia Civil, se recogía una anotación de su puño y letra sobre el entonces alto cargo del holding público: "Va a ser nuestros ojos en la SEPI".
El magistrado autorizó a la UCO volcar, clonar y analizar el contenido del móvil de Figueroa, a quien los investigadores sitúan como una de las principales fuentes de información interna de la trama liderada por Leire, tal y como avanzó asimismo este medio. Los investigadores consideran que 'Figueroa 'MAF' desempeñó un papel relevante en la obtención y circulación de información interna relacionada con algunos de los expedientes más sensibles gestionados por la SEPI durante la pandemia. Principalmente, Tubos Reunidos.
Los agentes sostienen que mantuvo una comunicación fluida con Vicente Fernández para facilitarle el acceso a datos reservados de estas tramitaciones. Es por ello que los investigadores consideran que el análisis del contenido del teléfono de 'MAF' puede resultar determinante para reconstruir las comunicaciones mantenidas entre los distintos investigados y esclarecer el alcance de la información que pudo salir de la SEPI.
De hecho, el juez Pedraz también autorizó a la UCO a volcar, clonar y analizar el contenido de los teléfonos intervenidos al CEO de Tubos, Carlos López de las Heras, y al exconsejero de la compañía, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia.
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