Vox prioriza el combate de la 'ley de nietos' hasta las generales y crea un grupo de trabajo liderado por Buxadé

El partido de Santiago Abascal dio este martes otro paso contra la coloquialmente denominada como 'ley de nietos' promovida por el Gobierno con el anuncio de un recurso ante el Tribunal Supremo para que obligue a la Junta Electoral Central a implicarse y tomar decisiones que restrinjan el voto por correo CERA tras declararse como no "competente" para ello. La acción de Vox viene después de denunciar públicamente un presunto intento de fraude electoral por parte del Gobierno de Pedro Sánchez vía "modificaciones del censo", apostando así por un marco discursivo ya empleado por otros socios internacionales, y una vez que el PP se ha alineado en esta materia para ampliar el foco de oposición contra los socialistas.

El PP pidió este lunes, de hecho, la nulidad y suspender cautelarmente la instrucción del Ministerio de Justicia emitida en octubre de 2022. Se trata de una 'orden' sobre cómo debe aplicarse esa norma, que es una disposición octava dentro de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Entre otros asuntos, amplía el margen temporal de quienes pueden acogerse a la ley aprobada en el Congreso. Lo que en un principio iba dirigido a descendientes de los exiliados en la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura por cuestiones políticas, acabó extendido a cualquier motivación económica y desde salidas producidas en la segunda mitad del siglo XIX.

Vox saca pecho sobre el asunto y traslada que el 26 de junio ya hizo esa exigencia ante la Secretaría de Estado de Justicia. Recalcan el protagonismo que para ellos tiene este asunto, porque están convencidos de que de fondo hay notorias irregularidades que ponen en riesgo el derecho constitucional del voto. Y por ello, de hecho, en Bambú se han destinado medios para la constitución de un grupo de trabajo que defina la acción y la senda a seguir en las próximas semanas y meses. Se añade una derivada relevante a la denuncia y presión judicial por los presuntos casos de corrupción que rodean al PSOE, contra el partido de Sánchez.

Ese equipo está liderado por el jefe de la delegación Vox en Europa y coordinador jurídico del partido, Jorge Buxadé, que es quien también está sentando las bases para la acción contra la 'ley de nietos' ante las instituciones europeas. Por ejemplo, la formación viene reclamando a Ana Gallego, directora general de Justicia y Consumo de la UE un encuentro para exponerle las irregularidades que perciben y el riesgo que habría, a juicio de Vox, para el bloque. Se producirá, indican fuentes del partido, el próximo 25 de agosto, días antes del inicio del nuevo curso político tras el parón estival. Principalmente, ven un impacto en los servicios, en la seguridad y en las fronteras. Insisten que la nacionalidad española conlleva el pasaporte europeo y, por ende, posibles futuros traslados a distintos entornos de los 27.

A Buxadé se le une quien viene siendo una de sus manos derechas en Madrid, el diputado y vicesecretario de Institucionalidad y Relaciones con las Cortes, Ignacio de Hoces. Durante 2023, en el tiempo de pactos municipales y autonómicos previos a las generales, cuando Buxadé ocupaba la vicepresidencia de Acción Política, De Hoces fue uno de sus hombres clave para la culminación de pactos con el PP como el de Extremadura. Ambos son abogados. Se une a ese equipo la actual número dos de esa actuación política, ahora bajo los mandos del secretario general y vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga. Se trata de Montserrat Lluís, la adjunta a la secretaría general y figura clave en Vox, discreta y con apenas visibilidad mediática que ha sido una de las artífices en lo que compete a su formación de los cuatro acuerdos regionales con el PP: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Es el enlace esencial de Vox con las comunidades, con los respectivos vicepresidentes de Abascal en esos feudos. Esa acción contra la 'ley de nietos' tiene una derivada autonómica. Aunque de momento no le dan excesiva relevancia, ya ha habido mandato de Bambú a las vicepresidencias y de estas a los respectivos gobiernos de instar al PP a analizar la situación y estudiar un posible recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, al estilo de los presentados por los barones de Alberto Núñez Feijóo contra la amnistía. Por ahora solo "se han pedido informes jurídicos". Este detalle es importante, porque por sí solo, al descender por debajo de los 50 escaños, Vox ya no puede recurrir personalmente ante el Tribunal Constitucional como sí hizo la pasada legislatura, con 52 diputados. Fue una de sus principales armas políticas.

Completa este grupo de trabajo el director de Disenso, eurodiputado y miembro de la mesa de gobierno de Patriots, la familia europea de Vox, Jorge Martín Frías. En Vox lo identifican como el puente con los aliados, especialmente los de iberoamérica a través de Disenso, desde la Argentina de Milei al Chile de Kast. Vinculado a la 'ley de nietos', sin que puedan actuar por esas alianzas desde el origen, sí que defienden la labor del think tank a la hora de poner al día de la situación a los socios. Igualmente a los europeos, de cuyos países, dicen, pueden verse afectados. Ejemplifican que eso se hace principalmente en Patriots, pero también a figuras como Meloni. "Tiene información actualizada", dicen.

Fuentes de la organización adolecen una "falta de transparencia y seguridad jurídica" con la legislación de 'nietos' que justifican con referencias a que más allá del plazo de 2022 al 31 de diciembre de 2025, se atienden incluso a aquellas personas que simplemente pidieron cita para iniciar el trámite, no quien ya ha comenzado. Igualmente, las dudas jurídicas que dejan la instrucción de Justicia, con lagunas sobre el arraigo cuando no hay una vinculación directa a un territorio. Reclaman un desglose de los requisitos y criterios utilizados para la asignación de la circunscripción de voto frente a casillas como la de 'otros motivos' del formulario para acogerse a la ley. De hecho afirman que unos 13 escaños se decidieron por menos de 3.000 votos en las últimas generales y que una asignación sin fundamento puede ser crucial.

Reserva de otras acciones judiciales

Más allá del recurso que presentarán ante el Supremo, Vox se reserva nuevas acciones judiciales en las próximas semanas y meses. Por ejemplo, contra la Secretaría de Estado de Justicia si se niega o se dilata demasiado la contestación ante el requerimiento de revisión y suspensión cautelar. El secretario de Estado puede apelar al Consejo de Estado para que valore el asunto. Cualquier bloqueo o rechazo a valoración, advierten en Vox, también puede dar pie a medidas judiciales. La inadmisión "es recurrible", indican en el partido.

Además del recurso al Supremo para que obligue a la Junta Electoral a intervenir, Vox pone el foco en las empresas contratadas por el Gobierno para la administración y gestión de ese voto exterior

Este martes Vox adelantó que tras pedirlo sin éxito a la JEC reclamará directamente al órgano de contratación que revise los contratos con empresas en terceros países para la gestión de ese voto exterior, entre las que están la mexicana NEORIS y la cubana PALCO. No ven admisible que haya periodos de ausencia de control en la custodia de los votos, más en países como Cuba o Nicaragua, "que han dicho abiertamente que no quieren celebrar elecciones", que no son democráticos, advierten.

Al margen de estas acciones, ya en enero de 2023 Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática y la disposición, aún pendiente de sentencia. Pero ha sido entre abril y mayo, meses después del fin del plazo marcado por el Gobierno para acogerse a esas nacionalizaciones cuando los de Abascal han apretado el acelerador. Desde entonces ha habido una "alerta" de Vox a sus socios internacionales, esas solicitudes a organismos como la JEC, rechazadas, a Justicia, y baterías de preguntas y reclamación de datos al Gobierno que "no tienen respuesta" todavía.

Competencia con el PP

En Génova, aunque se alejan de teorías de fraude electoral profundas, sí que creen que el Gobierno está intentando aprovechar todas las cartas que hay disponibles en la partida. Ven irregularidades en el proceso derivado de la 'ley de nietos' y no quieren dejar el asunto solo a Vox. A diferencia de los de Abascal, y al menos no se ha reconocido públicamente, no hay un equipo específicamente definido para afrontar este asunto. Es la vicesecretaria de Política Sectorial, Alma Ezcurra, y su área la que directamente ha asumido ese asunto y ella es la que está abordando en entrevistas y comparecencias la materia.

Los primeros pasos de la formación al focalizarse Vox en el asunto fue la presentación de una batería de preguntas e iniciativas de control parlamentario en el Congreso para exigir al Gobierno detalle sobre las nacionalizaciones concedidas, a qué países afecta, cuales son las circunscripciones con mayor impacto –además de Madrid–, qué criterios se han seguido y qué procedimientos se han empleado. Igualmente, esgrimen temor por la "opacidad" del trámite, ya de por sí por la instrucción de Justicia a posteriori y de espaldas al Congreso.

La petición para exigir la nulidad de esa instrucción se da después del pronunciamiento de la JEC, que además de rechazar las reclamaciones de Vox para intervenir y paralizar el voto por correo CERA, no el presencial en embajadas o lugares de voto en unas generales, indicó que el arraigo debe estar justificado contundentemente. Asimismo, Ezcurra pidió que en vista a ello se paralizasen las nuevas inscripciones hasta que se aclaren los criterios que deben seguirse.