El juez Santiago Pedraz ha acordado este viernes abrir una pieza separada económica para reconstruir el recorrido del dinero de la presunta trama de las 'cloacas'. El magistrado ha ordenado a una docena de entidades bancarias que entreguen toda la información sobre las cuentas del PSOE, de varios de los investigados y de sociedades vinculadas a ellos con el objetivo de reconstruir el recorrido de los fondos que, según la investigación, sirvieron para financiar la estructura liderada por la exmilitante socialista Leire Díez.
En un auto dictado este viernes y al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado acepta la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para obtener los movimientos bancarios de unas 80 cuentas pertenecientes a la formación socialista, al abogado Ismael Oliver, al letrado Jacobo Teijelo y al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, así como a varias sociedades presuntamente utilizadas para canalizar fondos de la trama: Oliver Gruppe S.L. y Estudio Jurídico Oliver & Partners S.L., ambas vinculadas a Oliver; Zaño Sociedad Consultores S.L., relacionada con Zarrías; y Grupo Crónica Libre S.L.
La decisión supone un nuevo paso en una investigación que ha ido reconstruyendo la estructura operativa de la presunta organización, pero no el recorrido completo de los fondos con los que se financiaba. Según expone el magistrado, la diligencia pretende esclarecer el origen y destino de una serie de pagos que "aparecen sólo parcialmente justificados" y cuya trazabilidad todavía no ha podido acreditarse.
En la resolución, Pedraz entiende que los cruces entre las distintas cuentas pueden "arrojar luz sobre aquellos pagos que se sospechan efectuados, pero no se han podido acreditar". Añade que muchas de las cuentas fueron identificadas únicamente a partir de la información reflejada en las facturas intervenidas, por lo que consider aque no existe "un filtro previo" que permita limitar la investigación bancaria sin comprometer el esclarecimiento de los hechos.
Así, acuerda reclamar a las entidades los movimientos, saldos, transferencias nacionales e internacionales, titulares y personas autorizadas de esas cuentas durante el periodo investigado. Todo ello se incorporará en esta nueva pieza económica para preservar la confidencialidad de la documentación. La información será remitida directamente a la UCO, que elaborará un informe económico antes de incorporarlo a la causa principal.
El entramado para pagar a Leire con fondos del PSOE
Según el instructor, la estructura habría comenzado a operar al menos desde 2021 y fue ampliando su actividad desde la contratación pública hacia actuaciones dirigidas, presuntamente, a obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE, funcionando como un "paraguas" de protección frente a esas causas. Al frente de esta trama se encontrarían Leire Díez y el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, a quien el juez Pedraz atribuye un "rol superior".
Precisamente, una de las líneas de investigación que ahora pretende reconstruir el juez es la financiación de ese entramado. De acuerdo con los informes de la UCO, Leire Díez habría promovido el pago, con cargo a fondos del PSOE, de los honorarios de Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos investigados en la causa. De hecho, este último ya prestó declaración ante el juez, y Oliver está citado para el próximo 9 de septiembre.
Los investigadores sostienen que el despacho de Oliver no sólo habría recibido esos pagos del partido, sino que una de sus sociedades, Oliver Gruppe S.L., habría servido posteriormente para hacer llegar parte de ese dinero a la propia Díez. En el caso de Teijelo, la Guardia Civil sospecha que actuó igualmente como canalizador de fondos destinados tanto a sufragar sus propios servicios como a terceros vinculados a la presunta organización.
Para reconstruir ese circuito financiero, el juez ha requerido información a doce entidades bancarias —entre ellas Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Deutsche Bank, Unicaja o Abanca— sobre los movimientos, saldos, titulares, personas autorizadas, transferencias nacionales e internacionales, cheques e incluso las direcciones IP de acceso a la banca online de las cuentas investigadas durante el periodo comprendido entre 2022 y la actualidad, según los casos.
Sin embargo, el magistrado rechaza ampliar de momento la investigación a los expedientes completos de préstamos concedidos por las entidades financieras o a las comunicaciones remitidas al SEPBLAC por sospechas de blanqueo de capitales. Considera que esas diligencias no resultan necesarias en el estado actual de la instrucción, sin perjuicio de que puedan acordarse más adelante si la evolución de la causa así lo precisa.
El entramado para pagar a Leire con cargo al PSOE
Cuando la Audiencia Nacional abrió la investigación en diciembre de 2025, el foco estaba puesto en un grupo bautizado como Hirurok —"nosotros tres", en euskera—, integrado por Leire Díez, el empresario Antxón Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. La causa giraba entonces en torno a cinco operaciones empresariales en las que habrían intervenido para obtener beneficios económicos. Ocho meses después, el procedimiento es otro.
Desde mayo, la instrucción se centra en una supuesta organización destinada a "desestabilizar" las investigaciones sensibles para el PSOE y el Gobierno. El juez Santiago Pedraz ya no investiga únicamente un entramado empresarial, sino una presunta estructura que describe como "liderada por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez", con capacidad para influir sobre fiscales, jueces y mandos policiales.
Precisamente, la resolución que ahora dicta Pedraz pretende reconstruir el circuito que habría financiado a la trama. Según los sucesivos informes de la UCO, Leire habría percibido más de 70.000 euros procedentes de fondos del PSOE mediante distintos intermediarios. La primera vía se articuló a través de Zaño Sociedad Consultores, una mercantil vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías. Desde esa sociedad habría recibido cuatro transferencias de 4.000 euros entre junio y septiembre de 2024, por un total de 16.000 euros.
Cuando ese mecanismo dejó de utilizarse la organización activó una segunda vía. El PSOE habría abonado 27.225 euros al despacho Estudio Jurídico Oliver & Partners, del abogado Ismael Oliver, también investigado en la causa. Posteriormente, y siempre según la investigación, Oliver transfirió exactamente esa misma cantidad a Leire Díez desde otra de sus sociedades, Oliver Gruppe, con el objetivo de "romper la trazabilidad" de los fondos.
Pedraz considera además que esa operativa se habría apoyado en documentación presuntamente simulada. Entre ella figura una nota de encargo atribuida a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, sobre la que posteriormente se habrían emitido "facturas mendaces" para justificar las transferencias. Está citada a declarar ante el juez como investigada el mismo día que Oliver, el próximo 9 de septiembre.
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