El esperado retorno de Sánchez de Lanzarote y seis ministros en el Congreso: la crisis de Ceuta marca el comienzo del curso político

El verano político termina antes de lo habitual. La crisis abierta en Ceuta tras la entrada masiva de personas desde Marruecos ha alterado el tradicional paréntesis de agosto y ha situado de nuevo a Pedro Sánchez, al Gobierno y a la oposición ante una semana decisiva. El presidente retomará su actividad con la reunión del Consejo de Ministros prevista para el martes, después de sus vacaciones en La Mareta, en Lanzarote. Mientras, el Congreso acogerá varias comparecencias extraordinarias de miembros del Ejecutivo.

La dimensión de lo sucedido en la ciudad autónoma ha obligado a Moncloa a acelerar la vuelta a la actividad ordinaria. La gestión de la frontera, la atención humanitaria, el traslado de menores, las devoluciones y la relación bilateral con Rabat son algunos de los asuntos que marcarán el comienzo de un curso político que, antes incluso de septiembre, ya estará condicionado por el debate migratorio.

Ceuta fuerza la vuelta anticipada de Moncloa

Sánchez ha seguido la evolución de la situación desde Lanzarote mediante reuniones telemáticas con varios ministros. Sin embargo, el Consejo de Ministros del martes será la primera cita en la que el Gobierno al completo aborde las consecuencias políticas, sociales, humanitarias y diplomáticas de la crisis de Ceuta.

En la agenda figuran las medidas de refuerzo necesarias para sostener la atención a quienes continúan en la ciudad autónoma, así como la coordinación entre Interior, Migraciones, Defensa, Sanidad, Exteriores y las administraciones locales. El Ejecutivo deberá concretar, además, los mecanismos jurídicos y operativos aplicables a los retornos. Esta es una cuestión especialmente sensible por las garantías individuales exigibles y por la necesidad de cooperación efectiva con Marruecos.

La situación de los menores no acompañados será otro de los asuntos más delicados. El reparto hacia la Península requiere colaboración entre comunidades autónomas, recursos de acogida suficientes y una respuesta que priorice el interés superior del menor. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tiene programada su comparecencia para el 31 de agosto, precisamente para explicar las actuaciones vinculadas a esta materia.

A la vez, el Gobierno deberá gestionar el impacto de los controles sanitarios y fronterizos en los aeropuertos, en un contexto europeo en el que los países pueden endurecer temporalmente sus medidas ante situaciones de presión migratoria o de seguridad. La crisis, por tanto, no se limita a la valla o al perímetro fronterizo; afecta a la política exterior, a la gestión territorial y a la capacidad del Estado para responder en una ciudad con condiciones estructurales singulares.

Seis ministros ante el Congreso

El Congreso de los Diputados concentrará buena parte de la presión política durante la última semana de agosto. Aunque el periodo ordinario de sesiones no comienza hasta septiembre, se han habilitado comparecencias extraordinarias en comisión para que varios miembros del Ejecutivo rindan cuentas sobre su área de responsabilidad.

Margarita Robles abrirá la ronda el martes 25 de agosto. La ministra de Defensa deberá explicar el papel de las Fuerzas Armadas y los recursos movilizados en apoyo a Ceuta. El jueves 27 será el turno de Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, y de Mónica García, ministra de Sanidad. Ambos deberán responder por la coordinación institucional, la dimensión jurídica de la crisis y la presión sobre los servicios sanitarios de la ciudad autónoma.

El viernes 28 concentrará las comparecencias de tres de los ministros más directamente implicados. Entre ellos, Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior; José Manuel Albares, responsable de Asuntos Exteriores; y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Interior deberá detallar el dispositivo de seguridad, los controles, las identificaciones y las actuaciones realizadas en frontera. Exteriores tendrá que explicar los contactos con Marruecos y las gestiones desarrolladas ante las instituciones europeas. Migraciones, por su parte, informará sobre acogida, asistencia y la situación de las personas que permanecen en Ceuta.

La Diputación Permanente se reunirá el miércoles 26 para debatir las solicitudes de comparecencia presentadas por los grupos. Ese órgano garantiza la actividad parlamentaria fuera de los periodos ordinarios de sesiones y puede decidir sobre nuevas citaciones, incluida una eventual petición para que el propio presidente dé explicaciones en el Congreso.

El choque con el PP se traslada a las Cámaras

El Partido Popular ha convertido la crisis de Ceuta en uno de los primeros grandes frentes de oposición tras el verano en el Congreso. La formación de Alberto Núñez Feijóo intentó que varios ministros comparecieran con urgencia en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. El Gobierno rechazó esas citaciones y defendió que las explicaciones debían producirse en el Congreso, la Cámara de la que emana la investidura del presidente.

Esa discrepancia institucional ha elevado la confrontación. El PP sostiene que el Ejecutivo ha demorado sus explicaciones y reclama una rendición de cuentas más directa de Sánchez. Además, los populares han recurrido al Tribunal Supremo para que examine la negativa de los ministros a asistir al Senado, lo que añade una derivada jurídica y política al conflicto.

Feijóo también ha situado la inmigración en el centro de su estrategia para los próximos meses. El reto del PP será endurecer su discurso sobre control fronterizo y política migratoria sin perder el espacio de centro, al tiempo que compite con Vox por el electorado más exigente con la respuesta del Estado. El reparto de menores procedentes de Ceuta puede convertirse en uno de los principales puntos de tensión entre ambas fuerzas.

Incendios y daños por temporales

La agenda del primer Consejo de Ministros no se limitará a Ceuta. Durante agosto, el Gobierno ha recibido nuevas peticiones para declarar determinadas áreas como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, la denominación actual de las antiguas zonas catastróficas.

La declaración permite activar ayudas para paliar daños personales y materiales, compensar gastos de los ayuntamientos, atender perjuicios empresariales y aprobar determinadas medidas fiscales. El último Consejo de Ministros antes del parón estival ya aprobó esa calificación para 211 zonas afectadas por distintas emergencias, entre ellas incendios registrados en Madrid, Toledo y Ávila.

Los incendios forestales y los episodios de lluvias intensas han mantenido la presión sobre distintas administraciones durante el verano. Por ello, el regreso de Sánchez a Moncloa se produce con una agenda cargada: crisis migratoria, relación con Marruecos, debate parlamentario, reparto de menores y respuesta a las zonas afectadas por incendios o inundaciones.