3.000 días de Sánchez en la Moncloa: un 52% más de deuda y 177.000 millones más de recaudación

Ni los casos de corrupción en el PSOE, ni la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, ni la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante la totalidad de la presente legislatura habían hecho mover ficha al Gobierno. Ha sido la respuesta social a la crisis de acceso a la vivienda y el rechazo del Congreso de los Diputados de los dos decretos con los que el Ejecutivo pretendía intervenir el mercado inmobiliario los que han dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral. Este lunes, el presidente del Gobierno durante los últimos ocho años, Pedro Sánchez, ha anunciado la convocatoria de elecciones generales para este 29 de noviembre.

Desde aquel 8 de junio de 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, han transcurrido 3.047 días. En sumas cuentas, podrían resumirse sus dos legislaturas en que el Estado recauda más y la deuda no deja de crecer, dos circunstancias que permiten al Ejecutivo disponer de un volumen mayor de recursos con los que desplegar sus políticas económicas y sociales.

Concretamente, la deuda pública ha pasado desde los 1,16 billones de euros en junio de 2018 hasta los 1,76 billones en junio de 2026, un alza del 52%. Por su lado, la recaudación tributaria de Hacienda cerró 2025 en algo más de 325.000 millones de euros, frente a los casi 209.000 millones de 2018, y los ingresos por cotizaciones sociales de la Seguridad Social han pasado de los 115.000 millones a los 177.000 millones en el mismo periodo. Son casi 600.000 millones más de deuda y 177.000 millones adicionales de ingresos tributarios. No obstante, ante estos miles de millones que se han incrementado, la cuestión que atraviesa el balance de estos ocho años es hasta qué punto este aumento de recursos públicos se ha traducido en una mejora equivalente de la situación económica de las familias.

Pérdida de poder adquisitivo

Una de las claves está en la evolución de los salarios frente a los precios. Entre 2019 y 2025, la inflación acumulada aumentó un 21,8%, mientras que los salarios lo hicieron un 21,2%, según la comparación elaborada a partir del IPC y de la Encuesta Anual de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por tanto, este diferencial de la inflación por encima de los salarios refleja que las familias españolas han perdido poder adquisitivo desde 2019.

Pero la pérdida de poder adquisitivo no es el único elemento que determina cuánto dinero termina llegando al bolsillo de los trabajadores; todavía hay que analizar la presión fiscal. Y aquí el resultado también es negativo; de hecho, Bruselas sitúa a España como el país de la Unión Europea donde más ha aumentado la presión fiscal en la última década.

Por ejemplo, para sostener el sistema de pensiones, el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo nuevas cotizaciones sociales como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) o la cuota de solidaridad a cargo de empresarios y trabajadores. Incrementos sobre el salario bruto, pero que no llegan al neto.

Además, no hay que olvidar que el Gobierno ha decidido no actualizar los tramos del IRPF conforme a la inflación. Una decisión cuestionada por los centros de estudios económicos y la oposición política porque implica que, cuando los salarios aumentan para compensar la subida de los precios, una parte de este incremento puede quedar absorbida por el impuesto, aunque el trabajador no haya ganado capacidad de compra en términos reales.

El resultado es que el aumento de los recursos públicos convive con una evolución más limitada de la renta disponible de los hogares. Y es precisamente en este punto donde entra otra de las grandes apuestas del Ejecutivo durante estos ocho años: ampliar la protección social para los hogares con menos ingresos.

IMV y estado de la pobreza

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se convirtió en una de las principales nuevas prestaciones de estas dos últimas legislaturas, con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares más vulnerables. Sin embargo, el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) muestra las dificultades que han surgido a raíz de un diseño mal planteado.

El 46% de las personas que accedieron al IMV continúa percibiéndolo cinco años después, según el organismo independiente. La prestación cumple así una función de protección de las personas en situación de vulnerabilidad, pero el dato también refleja que el problema de fondo sigue sin resolverse. El diseño de esta política termina convirtiéndose en una ayuda de larga duración que no consigue facilitar la incorporación de estas personas al mercado laboral.

Asimismo, el problema adquiere una capa adicional cuando se observa el resultado de esta política sobre el conjunto de la población. Pese a las grandes cifras macroeconómicas de las que presume el Ejecutivo, una de cada cuatro personas en España vive en riesgo de pobreza y el 45% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, según describe la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en las conclusiones del informe El estado de la pobreza en 2026.

Vivienda: proteger al inquilino ahora, reducir la oferta futura

De una forma similar (que las buenas intenciones no se traduzcan en buenos resultados) sucede con los dos decretos de vivienda presentados en el Consejo de Ministros del pasado martes. El objetivo era reforzar la protección de los inquilinos, pero los expertos alertaban de que las medidas tendrían el efecto contrario.

"Lo único que va a hacer es que haya menos viviendas, que se encarezcan las rentas y que aumenten los requisitos para alquilar, porque nadie se va a atrever", advertía para El Independiente Rosa Medina, profesora de Derecho Inmobiliario de la Universidad CEU San Pablo. Y es que si se elevan las obligaciones y la incertidumbre para los propietarios, una parte de los caseros puede optar por retirar sus viviendas del mercado, reduciendo todavía más una oferta que ya es insuficiente. De hecho, según las estimaciones del Observatorio del Alquiler, alrededor de 200.000 viviendas podrían desaparecer del mercado del alquiler en los próximos dos años como consecuencia de los dos decretos impulsados por el Gobierno.