Seis acusados ante el juez por el bulo que vinculó a dirigentes del PP con una red de pederastia

En abril de 1997, una denuncia falsa fue el germen de lo que acabaría convirtiéndose en una de las teorías de la conspiración más extendidas de la historia reciente de España y que, casi tres décadas después, ha llevado a juicio a varios de sus presuntos difusores. El principal protagonista fue Reinaldo Colás, un peluquero de Benicarló, que acudió a las autoridades alegando que sus dos hijas —de tres y cinco años— habían sufrido abusos sexuales por parte de Giuseppe Farina, la entonces pareja de su exmujer.

La justicia investigó el caso y terminó archivándolo. Sin embargo, lejos de apagarse, este episodio desencadenó en una campaña de difamación orquestada para hundir la reputación de importantes políticos y empresarios de la Comunidad Valenciana. El propio Colás se encargó de avivar el relato a través de ataques que encontraron un escenario para tales abusos: el Bar España, un establecimiento de carretera de Benicarló, y en una finca conocida como Mas del Coll o 'la Masía'.

Pronto se sumaría a la historia Antonio Toscano, un hombre que se presentaba como periodista y criminólogo y un actor clave a la hora de difundir las acusaciones que no llegó a sentarse en el banquillo porque falleció antes.

Las cintas del bulo

Para alimentar esta paranoia colectiva y dar credibilidad a una supuesta red de pederastia de élite, en 1998 comenzaron a circular vídeos de jóvenes denunciando los hechos. En estas grabaciones, las supuestas víctimas señalaban directamente a las cabezas de la política valenciana.

Los videos, hicieron las veces de catapulta del gran bulo que hasta hoy se conoce con el nombre de un bar de carretera: uno de ellos fue protagonizado por una niña de 11 años que afirmaba ser la hija de Reinaldo Colás. En su testimonio, relataba: "estábamos bañándonos y entraba Farina y se metió en la bañera con nosotras". A lo que añadía una acusación aún más grave: "Nos pusieron una pistola en la cabeza y nos dijeron que si decíamos algo de lo que había pasado, me matarian".

El relato fue escalando. Los promotores del bulo empezaron a difundir que la red captaba a sus víctimas en un centro público tutelado de menores en la comarca del Baix Maestrat. Entonces apareció Alberto H., de 15 años en escena. El joven, visiblemente afectado, fue grabado mientras era interrogado por Antonio Toscano en la propia peluquería de Colás. Durante la entrevista, el sesgo de las preguntas evidenciaba la manipulación del relato. Cuando Toscano le preguntó si los monitores les violaban, el menor respondió: "no, ellos lo que hacían era dejar que los demás nos violaran".

Toscano reconducía constantemente la conversación para forzar las respuestas del joven: "De ti abusaron sexualmente en una edad en la que eras un bebe. Con dos años eres un bebe. ¿Eso te afecta a la hora de relacionarte con las niñas de tu edad?¿Quieres tener novia?". Tras asegurar Alberto H. que mantenía una relación normal con sus amistades, el entrevistador insistió: "o sea, podríamos decir que en este sentido no ha afectado que abusaran de ti? Porque sabrás que la gente que le ha pasado, ahora tiene rechazo por el sexo"; las preguntas iban dirigidas al joven que entonces tenía 15 años de edad; una grabación en la que fue instado a hablar sobre el político del Partido Popular, Carlos Fabra, a quien definió como alguien sin sentimientos al que le gustaba hacer el mal.

La explosión en internet y la sombra de Alcàsser

Con la llegada y masificación de internet, las mentiras fueron escalando: lo que comenzó como una denuncia contra Giuseppe Farina, mutó en un relato al estilo Jeffrey Epstein.

La lista negra creció hasta abarcar más de 57 nombres: entre los difamados se encontraban el expresidente de la Diputación de Castellón, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps —a quien relacionaron con presuntos rituales en torno a las agresiones—, Mónica Oltra —acusada de encubrimiento—, un capitán de la Guardia Civil y la directora del centro de menores del Baix Maestrat.

Se hablaba de torturas, rituales satánicos e incluso asesinatos grabados en vídeo —las conocidas como snuff movies—. El relato llegó a vincular la supuesta trama con el crimen de Alcàsser, al sostener que la misma red criminal que habría asesinado a Míriam, Toñi y Desirée operaba también en el Bar España, donde supuestamente se cometían abusos sexuales a menores. Unas acusaciones que, pese a no haber sido acreditadas, se difundieron durante años y terminaron señalando a políticos y otros cargos públicos.

El golpe judicial: 6 personas al banquillo y más de 30 testigos

Casi tres décadas después de que comenzara a propagarse el bulo, seis personas se sientan en el banquillo por su presunta responsabilidad en su difusión. El juicio arrancó el pasado 16 de octubre en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón. Según informó Europa Press, las defensas solicitaron que se declarasen prescritos los presuntos delitos contra la integridad moral, así como las calumnias e injurias continuadas con publicidad que se atribuyen a sus representados. El juez anunció que resolverá esta cuestión en la sentencia. El procedimiento incluye también a un editor de un medio digital como responsable civil.

Las primeras sesiones han estado marcadas por las discrepancias sobre las declaraciones por videoconferencia, una opción cuestionada tanto por la Fiscalía como por otras partes. Entre los testigos citados figuran el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. La defensa de Camps ha solicitado que declare presencialmente, mientras que Fabra ha alegado motivos de salud para no acudir a la sala. A petición de la Fiscalía, el juez ha planteado la posibilidad de que declare por videoconferencia o que justifique su imposibilidad de hacerlo.

En la primera jornada, uno de los acusados reconoció haber difundido contenidos a través de su canal de YouTube y pidió disculpas, asegurando que no era consciente del alcance que tendrían sus publicaciones. Por su parte, uno de los abogados defensores cuestionó la acumulación de distintos procedimientos en una misma instrucción y sostuvo que algunos delitos habrían prescrito y que no se cumplen todos los requisitos legales para continuar el proceso.

Según fuentes judiciales, las sesiones se prolongarán hasta el 26 de octubre en la Ciudad de la Justicia de Castellón. A lo largo de seis jornadas está prevista la declaración de más de 30 testigos, entre ellos antiguos cargos públicos de la Generalitat Valenciana y de la Diputación de Castellón. El juicio busca esclarecer las posibles responsabilidades derivadas de la difusión del bulo del 'caso Bar España'.