El Gobierno vasco quiere declarar el cuartel de Intxaurrondo 'lugar de memoria de la tortura'

Fue uno de los símbolos de la lucha contra ETA. En su entrada figura un panel con los cerca de un centenar de agentes de la Guardia Civil que murieron por atentados de la banda en Gipuzkoa. Su lista de detenciones y comandos de la banda desarticulados es larga. Es el lado brillante de su historia. Pero el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián también esconde un lado oscuro: la ‘guerra sucia’ contra ETA. En algunas de sus estancias se practicaron torturas y se vivieron algunos de los episodios de vulneración de la ley más graves de los duros años 80 y 90 de violencia terrorista.

Ahora, el Gobierno vasco quiere que el emblemático cuartel que el general Enrique Rodríguez Galindo lideró durante muchos años con mano de hierro se convierta en símbolo de tortura y de vulneración de derechos. Pero no solo Intxaurrondo. La Comisión de Valoración de Víctimas de Motivación Política, vinculada a la Consejería de Justicia del Ejecutivo, quiere que un cuartel más de la Guardia Civil y dos comisarías de la Policía Nacional también engrosen esa lista de ‘memoria’ de la tortura.

Se trata del cuartel de La Salve de Bilbao y de las comisarías de Indautxu, en la capital vizcaína, y la comisaría de Amara, en San Sebastián. La comisión que evalúa denuncias de posibles torturas y excesos policiales cometidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza entre 1978 y 1999 quiere que los cuatro centros policiales se conviertan en símbolo de la lucha al margen de la ley que también se practicó durante años en la batalla contra el terrorismo. "Venimos constatando que hay determinados centros de detención que aparecen y reaparecen, una y otra vez, como lugares en que se practicó la tortura de una severa gravedad. Son torturas que responden en muchos casos a patrones que se repiten por cuerpo policial, momento histórico y lugar concreto de detención", señala el informe.

305 víctimas de tortura y abusos policiales reconocidas

La petición la lanzó la presidenta de la Comisión, Juana Balmaseda, durante la presentación del último informe de este organismo que ya ha reconocido a 305 personas como víctimas de torturas y excesos policiales. En este último informe se incluye el reconocimiento de 60 casos más. A todas ellas se sumarán más, ya que aún restan 284 expedientes por resolver. Además, los responsables de la comisión recordaron que existen otras 416 peticiones para ser analizadas que no se han incluido por presentarse fuera de plazo al inicio de los trabajos de este organismo. La Comisión de Valoración estima que para el año 2028 concluirá de manera definitiva el análisis de los expedientes pendientes.

Un reconocimiento de víctimas que incluye en muchos casos el pago de una indemnización económica. Los 60 nuevos casos conllevan unos pagos indemnizatorios por un montante total de 993.000 euros. Las víctimas a las que se ha dado por acreditado que sufrieron malos tratos por parte de agentes o funcionarios públicos recibirán en su conjunto algo más de 618.000 euros. Una de las víctimas acreditadas percibirá casi 35.000 euros por haber recibido el impacto de una pelota de goma y los casos de heridos o fallecidos por arma de fuego supondrán un desembolso de las arcas públicas de casi 334.000 euros.

Abusos sexuales y maltratos mortales

En la lista de víctimas reconocidas por la Comisión figuran algunas personas relacionadas con ETA que fueron maltratadas, así como miembros vinculados a la izquierda abertzale o del entorno de las familias de presos de ETA, el Partido Comunista o el sindicato LAB.

El informe destaca los numerosos casos de mujeres que sufrieron amenazas y violencia de carácter sexual. Uno de los casos más relevantes es el del médico de Oiartzun, Esteban Murutagoiena, quien fue detenido el 16 de marzo de 1982 en San Sebastián. Posteriormente fue trasladado a la Dirección General de la Policía en Madrid, donde permaneció incomunicado nueve días. El informe sostiene que durante su detención fue torturado y humillado, no le dieron de comer durante tres días ni le permitieron descansar, además de ser amenazado con la violación de su mujer y de su hija, entre otros malos tratos. Finalmente fue puesto en libertad, pero con claros signos de deterioro por el trato recibido; a los tres días falleció. Otro de los casos mortales está relacionado con un miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que falleció por disparos de la Guardia Civil mientras su comando era perseguido por los agentes tras un atentado en Aretxabaleta (Gipuzkoa).