El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) formalmente inició la semana pasada el estudio de la abundantísima documentación –en total, 167 informes- elaborada por su cuerpo técnico para dar el visto bueno a la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Y el organismo quiere aprobarlo ya a pesar de lo voluminoso de la documentación.

El pleno debatirá en su reunión este miércoles directamente la aprobación la renovación de la licencia de Garoña, según se recoge en el orden del día del cónclave al que ha tenido acceso El Independiente. La votación podría aplazarse, no obstante, si alguno de los cinco miembros del pleno reclama más tiempo para analizar la información.

Desde el organismo se esgrime que, aunque formalmente la entrega de la documentación a los consejeros se realizó la semana pasada, los miembros del pleno –tres nombrados a propuesta del PP y dos del PSOE- han tenido más de un mes para consultarla a través de una aplicación informática específicamente diseñada para ello y habilitada el pasado 20 de diciembre.

La larga batalla por Garoña

El Consejo de Seguridad Nuclear ultima así dar su visto bueno a la renovación de licencia de explotación de la central más vieja de España, que se mantiene cerrada desde finales de 2012 y que ha solicitado reabrir hasta 2031, justo cuando cumplirá 60 años. La dirección técnica del CSN aboga en esos informes por avalar la reapertura de la planta, pero imponiendo nuevas condiciones y exigiendo la ejecución de más inversiones para adaptar la central a los criterios de seguridad para operar a largo plazo.

Esa decisión puede acabar siendo crucial para el sector nuclear español al completo, porque el ‘sí’ del CSN supone que establecer que no existen impedimentos técnicos para que las centrales funcionen a largo plazo, e incluso hacerlo hasta los 60 como ya sucede en otros países.

El CSN sólo da su visto bueno técnico a la reapertura, no obstante. Es el Gobierno el que tiene la potestad única de aprobar la renovación de la licencia de explotación, decidir con qué condiciones y también durante cuánto tiempo. Y este último aspecto, el temporal, resulta clave en esta batalla.

Los propietarios de Garoña -Endesa e Iberdrola controlan la planta a partes iguales a través de la sociedad Nuclenor- solicitaron en 2014 la ampliación de la vida de la central hasta 2031, justo cuando cumple 60 años desde su construcción. Fueron las propias eléctricas las que cerraron voluntariamente la central a finales de 2012 a modo de órdago al Gobierno en plena pugna por la reforma eléctrica.

La petición de nueva licencia era pues para un periodo de 17 años (con el tiempo transcurrido desde entonces, ahora sería por más de 14), a pesar de que tradicionalmente el CSN y el Gobierno sólo avalaban la concesión de permisos por un máximo de 10 años para acompasarlos a la realización de inspecciones técnicas en profundidad que se realizan cada decenio. No obstante, el CSN ha cambiado la normativa para hacer posible superar ese plazo en las nuevas licencias.

Una reapertura más que improbable

Sin embargo, incluso cuando se obtenga el visto bueno del CSN, todo el sector eléctrico y nuclear da por hecho que Garoña no reabrirá. La versión oficial que mantienen los dueños es que, obtenido el aval del supervisor y una vez establecidas las condiciones de la nueva licencia por parte del Gobierno, Nuclenor echará cuentas para determinar si resulta rentable volver a poner en marcha la central teniendo en cuenta la cuantía de las inversiones pendiente.

De hecho, las inversiones exigidas hasta ahora ya han sido motivo de choque en el último año entre las eléctricas y el propio CSN, hasta el punto de haber ralentizado el proceso de estudio de los informes. Pero la reapertura de la central de Garoña es más que improbable, según explican a El Independiente varias fuentes próximas a Nuclenor.

Las compañías propietarias mantienen el pulso para conseguir el visto bueno del CSN a la renovación de la licencia. Pero sus planes no pasarían en principio por aprovechar ese visto bueno para reabrir Garoña, una central antigua, pequeña en relación a la capacidad de las más modernas y que lleva ya cuatro años cerrada, lo que complica mucho que a las eléctricas les salgan las cuentas para hacer rentable la reapertura.

El informe del supervisor pretende utilizarse, según fuentes del sector, como aval de la viabilidad técnica de que las centrales funcionen más allá de los 40 años. El ‘sí’ a la reactivación de Garoña supondría un precedente para el resto de plantas españolas (controladas también por Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa), que verían abierta la puerta a renovar sus licencias más allá de las cuatro décadas.