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El nuevo Gobierno busca in extremis evitar la denuncia de la UE por el manejo del recibo de la luz

El Ministerio de Transición Ecológica quiere pactar con la Comisión Europea una fórmula para devolver a la CNMC las competencias que le arrebató el anterior Ejecutivo y que ha puesto a España a las puertas del Tribunal de la UE.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. efe

El nuevo Gobierno quiere frenar la amenaza de que la Comisión Europea presente una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el manejo del recibo de la luz que se reservó el anterior Ejecutivo.

El Ministerio de Transición Ecológica busca la fórmula adecuada para desactivar las medidas adoptadas por el ya ex ministro Álvaro Nadal para reservarse las competencias de fijación de los peajes eléctricos (que representan en torno al 45% de la factura de la luz final), a pesar de que la normativa europea reserva esa función para los supervisores independientes, que en el caso de España es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

La resistencia del anterior Gobierno a dar una solución al choque con la Comisión Europea han provocado que Bruselas esté a punto de presentar denuncia contra España al el Tribunal de la UE, lo que podría derivar en una multa contra el Estado español.

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha enviado esta semana sendas cartas al comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en las que muestra su compromiso de desactivar las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía “en el menor plazo posible”.  Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica propone a la CNMC la creación de  un grupo de trabajo con la finalidad de “definir un marco legal adecuado”.

Dos años después…

La Comisión Europea abrió el septiembre de 2015 un procedimiento de infracción a España por el manejo que hace el Gobierno del recibo de la luz, y lo hizo después de una larga investigación que arrancó en 2013. Bruselas amenazaba con denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si seguía blindando su potestad de fijar directamente los peajes eléctricos y no cedía esa competencia a la CNMC.

La Comisión Europea dio entonces al Gobierno de Mariano Rajoy dos meses para dejar de controlar la mitad de la factura de luz. Dos meses, pero de eso hace ya casi dos años. Arias Cañete se había manifestado en varias ocasiones en contra de denunciar a España porque las denuncias deben limitarse a casos en que “la postura del Estado es absolutamente recalcitrante”, pero ha ido virando el discurso y en las últimas semanas había apuntado que el procedimiento estaba “preparado”.

Los peajes de acceso son cargos incluidos en el recibo de la luz para cubrir los costes reconocidos del sistema eléctrico (transporte, distribución, las ayudas a las renovables…) y que representan cerca del 45% de la factura final de la luz. El resto del recibo de la tarifa regulada lo constituye el precio de la propia electricidad (33%), que se establece con la cotización del mercado eléctrico mayorista, y los impuestos (22%).

El anterior Ministerio de Energía comandado por Álvaro Nadal no traspasó esas funciones a la CNMC como exigía Bruselas, y en todo este tiempo siguió defendiendo que mantener el control de los peajes es una parte crucial de la política energética gubernamental e incluso aprovechó un decreto sobre reorganización del Ministerio para refrendarlo como una competencia propia.

La última propuesta que Nadal remitió a contemplaba un nuevo modelo con el que cedía a la CNMC el reparto de los peajes eléctricos, pero con la condición de que fuera cumpliendo las directrices que marque el propio Ministerio de Energía. Esto es las competencias formalmente al supervisor, pero con el Gobierno guardándose la última palabra y marcara los objetivos.

La legislación comunitaria establece que deben ser los supervisores independientes los que fijen los peajes eléctricas y del gas, para evitar que el Gobierno haga política con las facturas de energía. En los últimos años que la fijación de los peajes esté en manos sólo del Gobierno ha hecho posible rebajas del recibo en año electoral, que se prometa que estarán congelados durante toda la legislatura o pactar un recorte especial del recibo de la industria vasca en la negociación con el PNV de los Presupuestos Generales del Estado.

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