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Madrid estudia multas de hasta 3.000 euros cada 15 días para pisos turísticos que ignoran la orden de cese

El Ayuntamiento analiza la viabilidad jurídica de utilizar la figura de las "multas coercitivas" recogida en la Ley de Capitalidad para aplicarla a las viviendas de alquiler turístico que incumplen reiteradamente el cese de actividad.

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Madrid estudia multas de hasta 3.000 euros cada 15 días para pisos turísticos que ignoran la orden de cese
Concentración de pisos turísticos en el distrito Centro de Madrid.

Concentración de pisos turísticos en el distrito Centro de Madrid. Airdna

Resumen:

No existe un censo oficial de las viviendas de uso turístico que hay en Madrid. Desde el Ayuntamiento se maneja como dato sólo oficioso, sin certezas, la cifra de 9.000 pisos turísticos en la capital. Los registros de las plataformas online como Airbnb o Homeaway disparan esas cifras, y las disparaban con datos del pasado agosto hasta los 14.550 pisos completos en alquiler más 6.900 habitaciones (en total, unos 21.500 anuncios entre ambas webs).

Ninguno de esos miles de pisos turísticos (ninguno) tiene la licencia obligatoria que exige la normativa municipal vigente –heredada del anterior equipo de gobierno comandado por Manuela Carmena- para ser legal. Las viviendas de uso turístico deben contar con un permiso de uso terciario desde el primer día en que funcionen, pero el Ayuntamiento de Madrid no ha concedido ninguna licencia.

El nuevo gobierno municipal, con José Luis Martínez-Almeida (PP) como alcalde, pretende reformar el plan que aprobó el consistorio de Carmena para frenar la expansión de los pisos turísticos en Madrid (aunque no tiene prisa y asegura que esperará a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los recursos contra la regulación, que aún tardará en llegar más de un año).

Más de 800 órdenes de cese

El Ayuntamiento actual, no obstante, presume de haber reforzado la labor de inspección para detectar irregularidades en el negocio de las viviendas de uso turístico. Durante el mandato del consistorio de coalición de PP y Ciudadanos se han realizado visitas a 365 edificios y 6.363 viviendas, de entre las que han detectado 1.202 viviendas de uso turístico.

El Ayuntamiento ha detectado pisos de dejan de alquilarse al recibir la orden y retoman el negocio meses después

El nuevo Ayuntamiento subraya que ha dictado 358 órdenes de cese de actividad de pisos turísticos por incumplir la legislación. Unos mandatos que se unen a los cerca de 450 que ya dictó el consistorio en la anterior legislatura. En total, el Ayuntamiento de la capital ha emitido más de 800 órdenes de cese de actividad de pisos turísticos en la ciudad.

Sin embargo, hasta ahora el consistorio no ha cerrado ningún piso turístico pese a la multitud de órdenes de cese. Y es que el procedimiento legal para conseguirlo es muy largo: tras la orden de cese de actividad el propietario del piso debe presentar alegaciones; si el Ayuntamiento las rechaza, el dueño puede presentar un recurso reposición; una vez resuelto, el consistorio ya puede ordenar el cierre del piso; pero entonces el titular de la vivienda puede ir a los tribunales por la vía de lo contencioso administrativo.

Del total de 800 órdenes de cese han sido recurridas por los dueños de los pisos un total de 450 y están en diferentes estadios de ese largo proceso. Del resto de ceses no recurridos -sin cifras oficiales sobre cómo se reparte- algunos propietarios los han acatado, otros los ignoran y siguen con el negocio, y otros dejan de alquilarse durante un tiempo para volver a la actividad después.

Desde el Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento se han detectado en Madrid pisos turísticos que, tras dejar su actividad de alquiler sólo durante unos meses o semanas, vuelven a ser denunciados por los vecinos al recuperar la recepción de turistas. Y entonces el consistorio ha de volver a activar el proceso de inspección y emitir una nueva orden de cese de actividad.

Cuando la orden de cese de actividad no es recurrida, los inspectores municipales han de comprobar que efectivamente los propietarios de la vivienda turística la están cumpliendo. Si no lo hacen, el Ayuntamiento puede dictar una orden de precinto de las viviendas (es lo que hizo con los 39 pisos turísticos del bloque de la calle Príncipe 15, pero un juzgado ha paralizado temporalmente la orden municipal).

“Multas coercitivas” para hacer cumplir la legalidad

El consistorio madrileño quiere tener ahora una nueva herramienta contra los dueños de pisos turísticos que ignoran la orden de cese de actividad. El Ayuntamiento está estudiando la viabilidad jurídica de aplicar sanciones específicas a los dueños de viviendas de uso turístico que incumplan la orden municipal, según confirman fuentes del Área de Desarrollo Urbano, dirigida por Mariano Fuentes (Ciudadanos).

Los 3.000 euros son el tope legal para este tipo de multas, pero el Ayuntamiento tiene libertad para fijar la cuantía

La vía que se explora, aún en análisis, es utilizar la figura de las “multas coercitivas” que, según se recoge en la Ley de Capitalidad de 2006, el Ayuntamiento puede imponer para hacer cumplir la legalidad y hacer posible la ejecución forzosa de sus órdenes. Un tipo de multas que pueden tener una cuantía máxima de hasta 3.000 euros. La Ley de Capitalidad habilita al Ayuntamiento incluso a imponer estas sanciones cada quince días de manera reiterada hasta que se cumpla lo ordenado.

Los 3.000 euros son el tope legal para este tipo de sanciones, pero el Ayuntamiento tiene potestad para fijar la cuantía en función de la gravedad del incumplimiento realizado. Desde el gobierno municipal sólo se confirma que está en estudio aplicar las multas coercitivas al ámbito de las viviendas de uso turístico, pero se evita precisar los importes que se manejan.

Si se confirma la viabilidad jurídica de aplicar este tipo de multas coercitivas a los dueños de pisos turísticos, los planes del Ayuntamiento pasan por empezar a utilizarlas ya sin esperar a la reforma posterior del Plan Especial de Hospedaje que aprobó Carmena para regular desde el urbanismo el alquiler turístico en la capital.

El ‘plan Carmena’ salva el primer asalto legal

El Ayuntamiento de Madrid comandado por Manuela Carmena aprobó el pasado marzo una nueva normativa para poner freno al boom de pisos turísticos en la capital. La nueva regulación obligaba a los propietarios a obtener una licencia municipal para poder operar como vivienda de uso turístico y se impuso como requisito para conseguirla tener una entrada independiente desde la calle.

Un requisito que en la práctica hacía imposible que cerca del 95% de los pisos turísticos de la capital pudieran seguir siéndolo y provocaba una “ilegalización masiva” de los mismos. Los propietarios de pisos turísticos, desde asociaciones de dueños a empresas gestoras de alquileres de corta estancia, lanzaron una batalla legal para tumbar el plan de Carmena con una batería de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La normativa del anterior equipo de gobierno municipal ha salvado el primer asalto de ese combate legal.

El TSJM ha desestimado suspender de manera cautelar la aplicación del Plan Especial de Hospedaje aprobado por Carmena, como reclamaban dos de los recurrentes (la asociación de dueños de viviendas turísticas Madrid Aloja y la compañía Like Home Madrid). Ahora el Tribunal deberá decidir sobre el fondo de la cuestión y determinar si anula o no la regulación.

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Martínez-Almeida (PP) no oculta que su intención es reformar la regulación de viviendas de uso turístico heredada. Hasta ahora, desde el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano se apuntaba que no se tomaría una decisión sobre la reforma hasta que el TSJM decidiera sobre la suspensión cautelar del plan de Carmena.

Ahora que el tribunal ha decidido desechar las medidas cautelares, el Ayuntamiento aplaza la reforma hasta que haya una sentencia sobre todos los recursos presentados contra la norma, hasta un total de siete. “Vamos a esperar a que haya una decisión en firme del TSJM. No queremos modificar el plan vigente y luego tener que empezar de cero un nuevo plan si el Tribunal decide anular la regulación actual”, explican fuentes oficiales del Área de Desarrollo Urbano del consistorio. “Hasta que haya una decisión en firme el plan no se va a tocar”.

La sentencia del Tribunal Superior de Madrid no llegará -según los tiempos habituales que confirman fuentes jurídicas- previsiblemente hasta dentro de más de un año, así que en principio ése es el periodo de gracia que pretende darle el equipo de Almeida al plan de su antecesora.