El sector inmobiliario mantiene sus críticas a la nueva ley de Vivienda aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Aunque al texto normativo le queda un largo recorrido por delante y será previsiblemente recurrido ante el Tribunal Constitucional, distintos actores del panorama inmobiliario han mostrado profundas críticas a una ley que generó también el rechazo del Consejo General del Poder Judicial.

Desde el portal inmobiliario Idealista aseguran que el proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda genera incertidumbre en el mercado y recuerdan que las experiencias puestas en marcha hasta ahora han puesto de manifiesto que su utilidad para mejorar el acceso a la vivienda "sería nula, cuando no contraproducente".

Por su parte, desde el portal inmobiliario Fotocasa creen que el proyecto de ley es "positivo" en lo que tiene que ver con las medidas vinculadas a la mejora del derecho a la vivienda digna, pero ven profundas carencias en cuanto a "seguridad jurídica y a incentivos fiscales".

El sector de la construcción tampoco ve con buenos ojos la nueva normativa emanada del Consejo de Ministros. Según denunciaba la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el texto contiene múltiples incongruencias y podría ahuyentar la inversión extranjera.

Por su parte, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) considera inconstitucional el anteproyecto de Ley y cree esencial que haya una regulación homogénea del derecho de propiedad del suelo y la vivienda en todo el territorio nacional. Asimismo, considera que la inversión y la creación de empleo en el sector se verán perjudicadas por la nueva ley, que considera que "atenta directamente contra la propiedad privada".

El sector inmobiliario coinciden en la dificultad que se encontrará para llevar a término algunos puntos de la nueva norma, que según el CGPJ invade competencias autonómicas. Según ha detallado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras el veredicto del órgano de gobierno de los jueces, "se han incorporado algunas de las observaciones que mejoran la ley desde el punto de vista de la técnica normativa", es decir, "que aclaran el entendimiento entre competencias del Estado y de las comunidades autónomas".

Por otro lado, desde Idealista opinan que el hecho de que su aplicación o no quede en manos de las comunidades autónomas provocará diferencias territoriales, que pueden favorecer el desvío de las inversiones hacia aquellas comunidades más laxas o donde directamente no se aplique la ley. Algunas como Andalucía han ha advertido de que presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional si invade competencias autonómicas.

Entre los aspectos más controvertidos para su puesta en marcha está la definición de zona de mercado tensionado o el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la vivienda vacía ante la dificultad que hay para definir a una vivienda como tal.

Sobre los efectos, todos los actores coinciden en que no serán inmediatos. En el caso de la limitación de precios del alquiler, aún habrá que esperar a que termine el trámite parlamentario para poner en marcha en un plazo máximo de 18 un registro de precios.

En cualquier caso, la medida no convence en el sector. "Tenemos un ejemplo muy cercano como es Cataluña, que desde septiembre de 2020 en el que se intervinieron los precios de los alquileres, éstos han subido más que en otras comunidades autónomas", avisaba este martes la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

El CEO de la consultora inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren, ha tachado la nueva norma de "disparate" en declaraciones a Capital Intereconomía y cree que "nace muerta porque el Gobierno sabe que en algún momento la ley será declarada inconstitucional". "Confío en que los tribunales terminen tumbando la Ley de Vivienda porque invade competencias autonómicas y atenta contra la propiedad privada y el derecho de empresas", ha remarcado.