Las primeras medidas que el Gobierno aprobó para paliar el impacto de la crisis energética en los bolsillos de los españoles llevan más de dos años en vigor. Además de las rebajas fiscales a la electricidad y el gas, y ante la repercusión que la inflación ha tenido sobre los alimentos, el Ejecutivo impulsó una rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) para productos básicos. Todos estos cambios han costado a las arcas públicas 1.995 millones de euros entre enero y septiembre.

Ante la moderación de los precios energéticos, en comparación con los máximos históricos que se registraron en verano de 2021 y de 2022, y las dudas sobre la efectividad de medidas que se aplican por igual a personas de diferentes rentas, organismos como la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) y también el Banco de España han instado al Gobierno a empezar a retirar esas rebajas fiscales.

Según el informe de recaudación mensual de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), las rebajas del IVA en la electricidad, el gas natural, madera y pellets han supuesto que los ingresos por este impuesto hayan caído en 701 millones de euros entre enero y septiembre.

La rebaja del tipo del IVA en alimentos ha supuesto un perjuicio de 1.294 millones de euros en el mismo periodo. En este sentido, ambas medidas antiinflación han restado 1.995 millones a los ingresos de la Agencia Tributaria.

Además de su coste, la medida ha sido criticada por no ser suficiente para contener los precios. De hecho, un informe de Facua concluye que el 52% de los alimentos con el IVA rebajado son ahora más caros que cuando entró en vigor la medida. Como recuerda la organización de consumidores, estos productos no pueden subir de precio si no se produce un incremento en los costes.

De los alimentos que han subido de precio, de los 505 analizados, 153 son frutas o verduras, 103 son aceites de oliva y 73 son leches y lácteos. Arroces, pastas, legumbres, huevos, harinas y panes también han incrementado en algunos lineales su coste para el consumidor final.

Déficit e inflación

Más allá de estas rebajas fiscales, el Gobierno también aprobó una bonificación para los carburantes que fue criticada al demostrarse que beneficiaba en mayor medida a las rentas más altas, puesto que también son estas personas las que más usan el coche. Además, estas no fomentan una reducción del consumo de estas energías contaminantes ni se contribuye a reducir la inflación si no se desincentiva su demanda.

Ahora, la OCDE advierte que tras la crisis del coronavirus, el endeudamiento público se ha disparado y las economías, también la española, debería ir hacia una consolidación fiscal que le permita hacer frente al gasto en pensiones. Por ello, en su último informe era rotunda la organización. Las medidas "deben terminar ya" y "hay margen para subir el IVA, los impuestos medioambientales y otros impuestos especiales, que están por debajo de la media europea", recogía el documento.

En la misma línea se expresó recientemente el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Tal como ha venido subrayando el supervisor bancario, Hernández de Cos instó a aplicar medidas "más focalizadas" a colectivos vulnerables, a la vez que sugirió una política fiscal "más restrictiva" de cara a 2024, cuando la Unión Europea recuperará el pacto de estabilidad y las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda pública.

Medidas inflación en 2024

Con el Gobierno en funciones no se esperan cambios significativos en relación a estas medidas que cada mes suponen un esfuerzo para el gasto público en el corto plazo. La vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, apuntó que será a finales de este año cuando se evalúen estas rebajas fiscales y cuando se tomará una decisión acerca de su prórroga o su eliminación.

Cabe señalar que estas políticas no se recogen en el Plan presupuestario que Sánchez envió a Bruselas, en el que se dibujan las líneas maestras que deberán reflejar los presupuestos generales del Estado (PGE). No obstante, desde el Gobierno señalaron que "esto no presupone que en el futuro no puedan adoptar o prorrogar las medidas que están en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en caso de que se considere necesario tras evaluar la situación con los datos disponibles a final de año".