El Gobierno se escuda en su falta de mayoría para alejar la reforma que exigen las constructoras

Las constructoras siguen abogando por solucionar los fallos del modelo de contratación pública. Ya notan los efectos de la guerra de Irán en sus carnes y también piden al Gobierno que retome el sistema de revisión de precios excepción en los contratos públicos que aprobó por decreto tras estallar la guerra de Ucrania.

De no tomar medidas pronto, las empresas de la construcción aseguran que el escenario se vuelve muy incierto. Alertan del peligro de que muchas obras se queden desiertas y otras tantas paralicen ante el incremento del presupuesto que implica la subida del precio de los materiales. Algo que en los contratos públicos no pueden repercutir.

"Es muy difícil para las empresas, si hablamos de obras de pavimentación, donde el 80% del presupuesto les ha crecido un 50% en apenas un mes", se quejó este lunes el presidente de Seopan, Julián Núñez, durante la presentación de su informe anual. La patronal que agrupa a las grandes del sector como ACS, Ferrovial, Acciona, OHLA, FCC o Sacyr avisa ya de que algunas compañías del sector pueden verse abocadas a la quiebra.

En el caso del betún, la patronal asegura que el precio se ha disparado en solo unas semanas y a las puertas de la campaña de asfaltado. "Pero también es el acero, el hormigón, el aluminio", abundó Núñez. "Nos consta que en muchas obras que tienen que afrontar pavimentaciones y demás, dudo mucho que se haga algo con el betún a más de 200 euros la tonelada. O eso se reequilibra o se busca una solución en la línea que hemos propuesto y en la de lo que el Gobierno ya hizo en 2022", explicó el presidente de la patronal.

Según dijo, en el sector reina una "enorme incertidumbre" en la que prácticamente nadie sabe lo que va a ocurrir con el devenir de la crisis en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz. Tampoco sobre cuánto puede durar el conflicto. "Esto hace que en muchos casos no se estén siquiera trasladando precios cuando las empresas piden ofertas, porque no saben qué precio dar", detalló.

A los incrementos de precios de materiales de construcción registrados de 2021 a 2025 (energía, aluminio, cemento o cobre), se añade que desde el 27 de febrero el gas y el barril brent han subido un 36,2% y un 29,4% respectivamente. El aluminio, acero y madera notan incrementos del 13,7%; 7,0% y 4,9% respectivamente.

No en vano, expuso, "dos tercios de la actividad de nuestro país" sigue "todavía con obras públicas sin fórmulas de revisión de precios a pesar de lo que pasó en 2022". Y eso, dijo, "es lo que lleva a la necesidad urgente de poder adoptar la petición que hemos hecho".

Pero las constructoras no solo quieren conseguir reactivar la revisión extraordinaria de precios que incluya el precio de la energía y de la mano de obra. Piden ir más allá y meter mano al sistema de contratación pública en su ámbito. La patronal presentará públicamente en junio en el Congreso una propuesta con cambios de calado que ya ha sido trasladada al Ejecutivo.

Según reveló Núñez, su texto ya se ha visto con el ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. Aunque aseguró que "ha habido buena receptividad con varias de las propuestas de modificación que se incorporan en la reforma", también apuntó a que el Gobierno ve muy negro cualquier cambio legislativo ante la endiablada aritmética parlamentaria que le hace sudar cada vez que intenta convalidar un Real Decreto como el de alquileres que tumbará este martes el Congreso.

"Lo que se nos ha trasladado es que en la coyuntura política actual se hace muy difícil que pueda prosperar una propuesta de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público", aseveró Núñez en una rueda de prensa para presentar su informe anual.

La cara visible de las grandes constructoras y concesionarias lamentó la falta de esperanza que encuentra del lado del Ejecutivo para acometer una reforma "transversal, que no tiene política ninguna". "La coyuntura es lo que atenazaría el que eso pueda salir adelante y es un ejemplo de cómo no se deberían hacer las cosas", sentenció.

El papel de Hacienda

De los 52 artículos que contempla su propuesta de reforma, habría "plena conformidad" por parte del Ejecutivo en alrededor de doce. Ahora bien, aunque la sensación con Transportes sea "positiva", la pelea debe superar un peldaño más. Es el Ministerio de Hacienda quien tiene en su mano abrir o no el grifo, pues revisar los precios de los contratos públicos puede salvar de la quiebra a obras y empresas, pero supone un coste extra para las arcas públicas del Estado que debe afrontarse en un escenario de Presupuestos Generales prorrogados desde 2023.

Precisamente, el Ejecutivo desliza ya la posibilidad de no presentar las cuentas públicas de este año e ir directamente a por los de 2027. Y lo hace precisamente alegando la actual incertidumbre abierta a nivel internacional por la crisis de Oriente Medio. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró este lunes que el Gobierno no actualizará eel cuadro macroeconómico hasta "los próximos meses". "Cuando tengamos un escenario macroeconómico actualizado y aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, en base a este escenario presentaremos los Presupuestos", sostuvo.

Pese a todo, desde la patronal aseguran estar decididos a "seguir machacando" con su idea y aún aguardan a ver cómo respira el recién nombrado ministro de Hacienda Arcadi España. Hasta ahora, la pelea se desarrollaba con la exministra María Jesús Montero, que dejó la cartera para ser candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. "No tiene nada que ver una situación de coyuntura política con sacar adelante una iniciativa cuando es un sentir generalizado en todo el sector y es tan necesaria", concluyó Núñez.

Seopan ha remitido ya una una propuesta de reforma de la normativa de contratación del sector público realizada por Ernesto García-Trevijano que propone "modificaciones mínimas indispensables" para solventar problemas surgidos en su aplicación práctica "con relevancia considerable". Algo que podría reducir la litigiosidad y mejorar el cumplimiento de los plazos y presupuestos de la obra pública.

Por ejemplo, recupera y amplía la posibilidad de acudir al arbitraje; limita la utilización de los encargos a medios propios; acota a casos graves la posibilidad de declarar la prohibición para contratar; e impone que la Administración elabore y mantenga actualizada bases de datos de precios, que puedan servir de estimación o referencia.