Justicia Policial (Jupol), el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional, ha denunciado este viernes la "inseguridad jurídica" en la que están ejerciendo su trabajo en Madrid por el enfrentamiento que mantienen el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Díaz Ayuso respecto a las medidas restrictivas de movimientos para frenar la expansión del coronavirus en la comunidad.

"Nos sentimos utilizados para hacer cumplir directrices políticas sin respaldo legal. Exigimos trabajar en condiciones de seguridad jurídica con órdenes de servicio claras sobre las funciones de control de la movilidad en Madrid", ha denunciado Jupol horas después de que el Consejo de Ministros decretara el estado de alarma en esta región sin consensuarlo con el Ejecutivo autonómico.

En un comunicado, la organización sindical pide a las autoridades políticas que trabajen exclusivamente con la intención de combatir el virus, dejando al margen la "lucha partidista". En su opinión, la confrontación que Sánchez y Díaz Ayuso mantienen desde hace semanas sólo ha contribuido a aumentar la "desconfianza" de los ciudadanos.

Jupol asegura que "desde hace meses" viene avisando a la Dirección General de la Policía del "avance del virus" en Madrid para que pueda "adelantarse a las posibles situaciones que se pudieran originar", al tiempo que aseguran que han reclamado tanto medidas preventivas para evitar contagios en el Cuerpo como facilidades para que los funcionarios puedan conciliar la vida laboral y familiar.

"Turnos estancos"

Asimismo, el sindicato pide que se potencia la modalidad de teletrabajo en los servicios y unidades en los que sea posible y que se mantenga la cadencia de turnos rotatorios 6 x 6 a fin de "preservar los turnos estancos" y evitar la interacción de unos grupos de trabajo con otros para reducir el riesgo de contagio en las dependencias policiales.

En paralelo, la organización se ha dirigido ya a la Dirección General para que amplíe la resolución que dictó durante el estado de alarma a fin de que los funcionarios policiales cuyo núcleo familiar no coincida con su domicilio habitual "puedan elegir libremente dónde residir" sin que ello afecte al desempeño del servicio.

Madrid se ha convertido en la primera comunidad autónoma que volverá a estar en estado de alarma tras la desescalada para tratar de reducir el impacto de la covid-19. La medida tendrá inicialmente una duración de dos semanas, siendo necesario que el Congreso de los Diputados lo autorice en caso de que el Ejecutivo pretenda prorrogarla.