El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la presentación del Plan de Recuperación.
Silencio, filas prietas y poner el foco en el conflicto con Madrid por causa de la pandemia. Esa es la consigna impuesta desde Presidencia de Gobierno para sortear la tormenta que ha levantado la petición al Supremo del juez que instruye el "caso Dina" para imputar a Pablo Iglesias.
Y no es que el choque institucional con la Comunidad de Madrid y el decreto del estado de alarma sean cosa menor, ni mucho menos, pero lo cierto es que la escenificación de los últimos días, con Consejo de Ministros extraordinario incluido, ha contribuido a orillar el debate en torno a la situación del vicepresidente segundo, que mantiene dividido al Gobierno entre los que creen que su continuidad ya es insostenible y los que apuestan por aguantar a ver qué dice el alto Tribunal, a sabiendas que si el suplicatoria llega a la Cámara Baja va a ser imposible votar en contra.
El encontronazo con Madrid alivia la tensión interna, pero sólo es cuestión de tiempo. Porque la Sala Segunda del Supremo tendrá que manifestarse en algún momento sobre si cree necesario solicitar el suplicatorio contra Iglesias o no.
Y aunque la sensación generalizada es que "quedará en nada" y "el caso está cogido con pinzas", lo que explica que no se haya pedido un informe previo a Anticorrupción, nadie se atreve a cruzar apuestas. Ni siquiera la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, es garantía de una resolución favorable al vicepresidente. Primero, porque, con toda seguridad, deberá abstenerse en la causa y, segundo, porque el informe de la Fiscalía no es vinculante para la Sala Segunda.
Iglesias pasará la jornada con Calvo y Calviño en una cumbre hispano-lusa
De momento, al gabinete ministerial se le presenta una ocasión única para demostrar camaradería y buena sintonía. Este sábado se celebra en la localidad portuguesa de Guarda la XXXI Cumbre luso-española, centrada en el desarrollo de las regiones transfronterizas y en la transición ecológica y digital. Y allá que se va una parte importante del Ejecutivo para inaugurar el primer día de Estado de Alarma en Madrid.
Prevista desde mucho antes de que trascendiera la decisión de García Castellón, Pedro Sánchez estará acompañado en Portugal por sus cuatro vicepresidentes, esto es, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera. Precisamente Calvo y Calviño son las más refractarias a la continuidad en el Gobierno del líder de Podemos. También se desplazarán a Portugal Arantxa González Laya (Exteriores), Fernando Grande Marlaska (Interior), Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo), José Luis Ábalos (Movilidad y Transporte), Luis Planas (Agricultura) y Carolina Darias (Política Territorial y Función Pública).
Pero a pesar de la nutrida presencia ministerial se quedan en casa los cuatro ministros de la cuota morada (Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Manuel Castells) además de María Jesús Montero, Margarita Robles, Isabel Celáa, Juan Manuel Campo, Pedro Duque, José Manuel Rodríguez, José Luis Escrivá y Salvador Illa. Cosas de tener uno de los gabinetes más extensos de la democracia desde la Transisición.
Cuestionamiento de Enrique Santiago
Moncloa ha encendido las luces de alarma. También Podemos, que celebró un cónclave de emergencia la noche del miércoles para debatir sobre el escenario que abre la decisión del juez. En la formación morada estaban seguros de que la decisión de la Audiencia Nacional de devolverle la condición de perjudicado en el "caso Dina" le alejaba de la zona de riesgo. De momento la estrategia es mantener unidas las filas en el Gobierno, pero resultará complicado si le piden la imputación.
El diputado y abogado Enrique Santiago ha venido asesorando a Iglesias en este caso y no faltan en Podemos los que le reprochan no haber augurado este escenario. "Nunca creímos que el juez llegaría tan lejos", admiten los morados.
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