España

Malestar y desconcierto entre las autonomías por el plan de vacunación: "Las reuniones con Sanidad no sirven"

La sensación que denotan algunos territorios es que los avances en el seno del Consejo Interterritorial de Salud van a cuentagotas mientras aumentan los frentes abiertos contra el Ministerio de Sanidad por la estrategia de vacunación

Una sanitaria sostiene el material para la aplicación de un vacuna de Pfizer

Una sanitaria sostiene el material para la aplicación de un vacuna de Pfizer. EUROPA PRESS

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no había tenido nunca tantos focos encima desde su constitución en 1987 como los tiene ahora, en el marco de una pandemia en la que comienza a verse por fin la luz al final del túnel por los avances del proceso de vacunación, tanto en España como en el resto del mundo. En el seno del mencionado órgano y desde marzo de 2020 se ha asistido a decenas de acuerdos, pero han sido muy protagonistas los enfrentamientos, las tensiones e, incluso, las imposiciones que han acabado en los tribunales. Las últimas citas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han servido para tratar de avanzar en la estrategia de vacunación general contra el Covid-19, no sin estar marcadas por las protestas de algunos territorios, el malestar por el «silencio» de un Ministerio «inmóvil» y las distintas propuestas de las autonomías al respecto, que empiezan a adaptar sus propios calendarios sin esperar a lo que marque el departamento que ahora dirige Carolina Darias.

Son varios los frentes abiertos, una vez más, entre Gobierno y autonomías por el suministro de las vacunas. El principal que esgrimen buena parte de los territorios es la imposibilidad de avanzar en el plan de vacunación por la ausencia de dosis suficientes y la «arbitrariedad» que a juicio de algunos territorios ha existido en el reparto de vacunas por parte del Ejecutivo, como ha venido denunciando la Comunidad de Madrid desde que comenzó el proceso. A éste obstáculo se suma el desconcierto que han generado los retrasos y las condiciones del suministro de la vacuna de AstraZeneca -la tardanza del Ministerio en definir los objetivos provocó que algunas comunidades fijasen su propia estrategia sin esperar la hoja de ruta nacional-; y la ausencia de noticias ante el plan de vacunación masiva de la población una vez se haya suministrado las dosis pertinentes a los grupos prioritarios.

La sensación general que denotan algunas comunidades autónomas consultadas es que los avances en el seno de la Interterritorial o demás reuniones técnicas con el Ministerio van a cuentagotas. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid piden a la ministra Darias que, tras las últimas citas, «ponga un poco de orden». «Estas reuniones no sirven para nada», lamentan. Por su parte, en Castilla y León critican que en todo momento «la agenda electoral se haya impuesto a todo, también a la estrategia de vacunación» y censuran que «una vez más se haya fragmentado el plan en 17 estrategias» en función de los criterios que están siguiendo las comunidades autónomas. «No se debatió nada en la Interterritorial», comentan fuentes del ejecutivo socialista de Aragón, donde también se encuentran a la espera de la orden que ejecute el Ministerio para definir su plan particular para la vacunación masiva, prevista a partir de primavera. Es el mismo escenario en el que aseguran estar la Región de Murcia o Castilla-La Mancha.

«Faltan más avances en la estrategia», suscribe Joan Carles March, especialista en Salud Pública, que apunta al mes de marzo para que la «vacunación masiva comience a funcionar», una vez esté aprobada la vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis -prevista para el día 8 del próximo mes- y vayan llegando más de AstraZeneca y del resto de farmacéuticas. En ese momento, «deberemos estar vacunando al máximo» para cumplir con el objetivo previsto por el Ministerio de Sanidad de inmunizar al 70% de la población para finales de verano.

Pero por el momento, no hay una hoja de ruta clara con criterios básicos uniformes sobre cómo se abordará ese proceso. En Castilla y León, por ejemplo, comentan que no esperarán las «instrucciones» del Ministerio para emprender una estrategia, y otras regiones como la Comunidad de Madrid, Cataluña o Andalucía trabajan ya en su propio plan, con la elección por ejemplo de los espacios donde llevar a cabo esa vacunación masiva de la población. Por ejemplo, Madrid ya ha anunciado que habilitará el Wizink Center o el Palacio de Vistalegre y Andalucía avanzó este viernes que se instalarán al menos ocho puntos para la vacunación masiva en sus capitales.

España alcanzó ayer el millón de personas inmunizadas contra el coronavirus, pero deberá pisar el acelerador si se pretende cumplir con el objetivo de vacunar antes de abril a todos los residentes y personal sanitario en residencias de primera línea, grandes dependientes y, al menos, el 80% de la población mayor de 80 años, lo que en suma suponen unos cuatro millones y medio de personas en poco más de mes y medio. En general, las comunidades están vacunando a un ritmo más o menos uniforme -la mayoría en torno al 85% sobre el número de dosis entregadas-, con Aragón, Canarias y Castilla y León a la cabeza. De acuerdo con los datos consolidados a 12 de febrero, las comunidades autónomas han recibido 2,9 millones de vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

Criterios desiguales

Ante las quejas y la predisposición de algunas comunidades autónomas de seguir su propio criterio para la administración de las dosis, Carolina Darias quiso ser tajante el pasado martes: «La estrategia de vacunación es única. El orden acordado es el que deben seguir las comunidades autónomas, y es vinculante para todas», suscribió, justo cuando la Generalitat de Cataluña decidió comenzar a vacunar a farmacéuticos y funcionarios de prisión, entre otros colectivos, sin esperar a consensuar los criterios que dictase Sanidad. Ya el miércoles, el Ministerio de Sanidad aprobó la tercera actualización de la estrategia para incluir una vía simultánea de vacunación por las características propias de la vacuna de Oxford, que se suministrará a personal sanitario implicado en gestión, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o personal de oficina de farmacias, entre otros; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas; y docentes de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial.

La mecha de la polémica la encendió Madrid. Isabel Díaz Ayuso ya anunció hace días que reclamaría al Ministerio incluir como grupo prioritario de vacunación a taxistas, camareros, cajeros de supermercados y otros colectivos altamente expuestos al virus, en coherencia con la estrategia que ha querido mantener la líder madrileña a lo largo de toda la pandemia de equilibrar economía y salud. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dejó clara la posición del Gobierno tras valorar que no le parecía «seria» la posición de la líder madrileña y que, en todo caso, su opinión no prevalecería sobre lo que se dicte en el Consejo Interterritorial. Pero a la iniciativa de Ayuso se ha unido estos días la Junta de Andalucía, que presionará también en las citas semanales con Sanidad para ampliar el cupo a los sectores que propuso la presidenta madrileña, a los que añade a todos los trabajadores de transporte y a periodistas.

El otro foco de tensiones ha sido la decisión de decretar el uso de la vacuna de AstraZeneca entre los 18 y los 55 años y no hasta los 65, como propone también la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de una postura que comparten Madrid, Cataluña, Andalucía y Aragón, en contra del «estricto» criterio del Ministerio de Sanidad.

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