España

Iglesias se despide del Congreso anunciando que llevará a los tribunales a García Egea por cohecho

El dirigente de Unidas Podemos ha anunciado, además, que dejará su acta como diputado "antes" incluso de renunciar a la vicepresidencia segunda, prevista para el próximo martes

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias toma asiento este miércoles al Congreso donde se celebra la sesión de control al Gobierno, última de Iglesias en calidad de vicepresidente.

Pablo Iglesias, en su última sesión de control en el Congreso en calidad de vicepresidente. EFE

Pablo Iglesias ha querido despedirse del Congreso de los Diputados por todo lo alto. En su última sesión de control en la Cámara Baja, el todavía vicepresidente segundo del Gobierno ha hecho un doble anuncio: por un lado, que dejará su acta de diputado antes incluso que la vicepresidencia -estaba previsto que lo hiciese en el Consejo de Ministros del próximo martes-, y por otro, que llevará a los tribunales al número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea, por «comprar diputados», en alusión a las últimas mociones de censura territoriales.

La previsión que había hecho el secretario general del PP sobre Iglesias en su turno de intervención, aventurando que el dirigente morado no dejaría el escaño e instándole a que abandonase su acta en el Congreso en el momento en que renunciase a la vicepresidencia, ha fallado. Iglesias, candidato de Unidas Podemos a las elecciones del 4-M, ha anunciado que renunciaría también a su escaño en el Congreso antes del próximo martes. «Nosotros no somos como ustedes», ha sentenciado. La intención inicial del dirigente morado pasaba por abandonar el gobierno una vez comenzase la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, pero finalmente deberá hacerlo a más tardar el próximo martes ya que, según la ley electoral de la región, no pueden ser elegibles candidatos que formen parte del Gobierno central en el momento en que finaliza el plazo para la presentación de candidaturas -31 de marzo-.

El anuncio del secretario general de los populares sobre la creación de una comisión de investigación por el caso Plus Ultra, en que se investiga la presunta entrega de 53 millones de euros por parte del Gobierno a la aerolínea, ha quedado además desdibujado por el contraataque de Iglesias, que llevará ante la justicia las maniobras del PP en la moción de censura de Murcia y presentará una querella por cohecho en particular contra el dirigente popular. «Me despido de usted agradeciéndole su cortesía parlamentaria, y con un anuncio: a la salida del Congreso, iremos a la Fiscalía Anticorrupción a presentar una denuncia por un delito de cohecho. ¡Ya está bien de corruptos y de comprar diputados», ha pronunciado Iglesias.

La denuncia se enmarca dentro de la acusación que se ha repetido en las últimas semanas desde PSOE y Podemos, pero también desde Ciudadanos, contra el PP por haber superado la moción de censura en Murcia gracias a incorporar en el gobierno autonómico de Fernando López Miras a tres diputados díscolos de la formación naranja y haber negociado con otros tres dirigentes expulsados de Vox, que pelean ahora por la implantación del pin parental en la Región de Murcia. El propio Fernando López Miras confirmó la participación de Teodoro García Egea en la operación para salvar el gobierno murciano. «El secretario general ha estado a mi lado», aseveró.

El Gobierno del que Pablo Iglesias aún forma parte impulsó una moción de censura en Murcia -que tuvo su réplica también en Castilla y León- para arrebatar al PP parte de su poder territorial pero, finalmente, se les volvió en contra y precipitó el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid.

La denuncia que ha presentado el líder de Unidas Podemos ante la Fiscalía le servirá previsiblemente al dirigente morado para contraatacar durante la campaña electoral y hacer gala de que el poder territorial del PP está siendo investigado en los tribunales. «La historia del PP de Madrid es la de los fraudes», ha seguido Iglesias desde la tribuna, haciendo referencia también al famoso tamayazo de la Comunidad de Madrid. «Han ido dopados de financiación ilegal a todas las elecciones desde entonces», zanjaba.

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