Sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil han celebrado que el Gobierno haya asumido vacunarlos en Cataluña, lo que ven una decisión "acertada" que valoran "positivamente", ante el abandono que consideran que han sufrido los agentes por parte de la Generalitat.
Así lo han indicado el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), el sindicato policial Jupol y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), después de que el Gobierno anunciase ayer que sanitarios de ambos cuerpos se encargarán de la vacunación de sus agentes en Cataluña tras no haber sido atendidos por la Generalitat.
Los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil llevan semanas denunciando su situación en Cataluña, ya que mientras en el resto de España ya se ha administrado la primera dosis a más del 76 % de los agentes, en esta comunidad esa cifra no alcanza el 15 %, a pesar de que la estrategia de vacunación les dio prioridad como personal esencial.
En un comunicado, la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil y el sindicato policial Jupol han celebrado la decisión tomada ayer por el Gobierno para asumir la vacunación de los agentes en Cataluña.
Para Jucil y Jupol, se trata de "una medida que el Gobierno central ha tenido que tomar, ante la dejadez reiterada y el abandono que la Generalitat ha demostrado hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
De hecho, ambas organizaciones llegaron a interponer una denuncia por esta situación ante los juzgados de Barcelona contra la Generalitat, por un delito de prevaricación administrativa y contra la prevención de riesgos laborales.
Además, también presentaron una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solicitando medidas cautelares y urgentes contra la Generalitat para que reanudara el plan de vacunación para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que el Gobierno ha reconocido sus quejas por la situación de los agentes en Cataluña, aunque ha advertido de que "vigilará de cerca este proceso para que, en efecto, se cumpla de inmediato este proceso de vacunación".
La AUGC había denunciado que a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña "se les aparta del proceso de vacunación, mientras se ha vacunado prácticamente a la totalidad de los policías locales y autonómicos".
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) también ha agradecido la decisión del Gobierno, tras pedir amparo al Ejecutivo y a la Dirección General de la Policía por "el vergonzoso uso político de un asunto tan serio como la vacunación de funcionarios".
Según fuentes del Gobierno consultadas por Efe, cuando el 10 de febrero se inició la vacunación de los cuerpos y fuerzas de seguridad en Cataluña, la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, remitió una carta al conseller de Interior para solicitar información sobre la fecha de vacunación de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.
La Generalitat contestó el 12 de febrero anunciando que tres días después se podrían en contacto para iniciar los trámites.
Por este motivo, la Delegación del Gobierno trasladó el 16 de febrero a la Consellería de Interior todas las personas de contacto para coordinar la programación, si bien el 24 de febrero los Departamentos de Interior y Salud les convocaron a una reunión para abordar la cuestión, cuando ya hacía quince días que se estaba vacunando a los cuerpos de seguridad y emergencias en Cataluña.
En la reunión, que se celebró el 4 de marzo, la Policía Nacional y la Guardia Civil facilitaron todo el personal e infraestructura para poderse vacunar y se planificó un dispositivo para agrupar a los 7.000 agentes de ambos cuerpos en nueve grupos, según las fuentes.
Del 5 al 23 de marzo, se planificó la vacunación para los días 25, 26 y 29 de ese mes, aunque, sin embargo, el 24 de marzo por la tarde, antes de iniciarse la vacunación, la Policía Nacional y la Guardia Civil recibieron órdenes de la Consellería de Salud para desprogramar toda la vacunación de los menores de 60 años -que son la mayoría-, según las fuentes.
Ante esta situación, la Delegación del Gobierno pidió explicaciones, que no llegaron hasta el pasado 8 de abril, cuando la Generalitat les notificó, según las fuentes, que se recomendaba no administrar AstraZeneca al colectivo de menores de 60 años.
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