España

Ábalos y Belarra no superan su desacuerdo por el precio del alquiler seis meses después

El Ministerio de Transportes se comprometió en el plan de Recuperación remitido a Bruselas tener el anteproyecto de la ley de vivienda culminado en el primer semestre de este año

Ione Belarra, rodeada de simpatizantes, visitó este jueves Avilés en su campaña por el liderazgo de Podemos

Ione Belarra visitó este jueves Avilés en su campaña por el liderazgo de Podemos Europa Press

Seis meses lleva la comprometida ley de vivienda varada entre el ministerio de José Luis Ábalos y el de Ione Belarra. El texto que debiera haber pasado por la mesa del Consejo de Ministros en enero para llegar al Congreso de los Diputados en febrero, sigue parada en el mismo punto, esto es, el control de los precios del alquiler, y nada apunta a que pueda estar culminada antes de las vacaciones de verano.

En ambos departamentos aseguran que se sigue hablando, tanto a nivel técnico como político, pero las posiciones no se han acercado lo más mínimo respecto al mecanismo más adecuado para impedir que los precios de los arrendamientos se disparen en lo que se llama zonas tensionadas, esto es, el centro de las ciudades o donde la demanda supera con creces la oferta.

Belarra, que inició esta negociación siendo secretaria de Estado de Derechos Sociales, hizo llegar hace tres semanas al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, un nuevo texto en el que se mantenía en esencia la posición inicial de Unidas Podemos. Es decir, no ceden en cuanto a la intervención directa de los precios, pero incidían en otras cuestiones que podían ser más del agrado del PSOE como el tema de la vivienda vacía. Pero se quejan de que del otro lado han dado la callada por respuesta .

Desde el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana aducen que la propuesta de Derechos Sociales «no es nueva» sino que se inspira «en la base de la ley catalana», que el PP recurrió ante el Constitucional, el Consejo de Garantías Estatutarias del Parlament alertó que se carecía de competencias para regularlo y que el PSC rechazó en la cámara autonómica.

De hecho, todo apunta a que no habrá nueva ley de vivienda hasta que el Tribunal Constitucional se manifieste sobre el texto catalán más allá de lo que tiene de conflicto competencial. Precisamente, el temor del sector socialista del Gobierno es dar a luz a un texto que no tenga las suficientes garantías jurídicas y pudiera ser enmendado por el TC, a donde, sin duda, lo llevaría el PP si abogara por la intervención directa de los precios y no por incentivos fiscales, que es la fórmula que ha puesto Ábalos sobre la mesa.

Se da por descartado un acuerdo antes del verano

Todo ello retrasará aún varios meses una ley sobre la que ninguno de los dos interlocutores está dispuesto a ceder. Salvo milagro, se da por descartado un acuerdo antes del verano y, después, ya se verá. En este caso, Unidas Podemos prefiere que no haya ley a que prospere un texto que no recoja la intervención sobre el tope de los precios. «Habrá avances cuando Transportes decida cumplir con lo acordado en el pacto de gobierno», sentencian en el ministerio de Derechos Sociales.

Otra cosa es que con el nuevo espíritu y clima que ha estrenado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como cabeza de la delegación morada del Ejecutivo, se pueda acabar aceptando una ley a la baja, lo que le haría entrar en clara colisión con Belarra.

La negociación se había ralentizado durante la campaña de las elecciones madrileñas, pero, retomada después, no se ha avanzado en absoluto. Paradójicamente, el Gobierno anunció en el Plan de Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas que el anteproyecto de ley de vivienda iría al Consejo de Ministros para su aprobación en el segundo semestre de este año, para ser aprobada por las Cortes Generales durante el tercer trimestre de 2022, según informó Europa Press.

«Personas y hogares más vulnerables»

El Ministerio explicó en dicho plan que «se trata de un texto legislativo cuyo contenido no afecta a lo dispuesto en la normativa en materia de ayudas de Estado» y que la ley «tendrá un impacto favorable en el conjunto de la sociedad y, especialmente, en las personas y hogares más vulnerables, pero que también será positiva para el desarrollo del sector de la construcción y, específicamente, de la rehabilitación y el alquiler».

La elaboración de la ley se desarrolla «en un momento especialmente relevante tanto por la crisis económica y financiera más grave de la última década como por los graves efectos de la pandemia«, decía el departamento de Ábalos, pero la fumata blanca está aún muy lejos de producirse.

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