España

Belarra mostró reparos a que el Gobierno diera la ayuda de 30 millones a Marruecos

La ministra y líder de Podemos defiende una política migratoria basada en la garantía de los derechos humanos, un respeto que no aprecia en el país vecino / Interior entendía fundamental la entrega del dinero para reforzar la cooperación hispano-marroquí

La ministra Ione Belarra, el día que fue proclamada secretaria general de Podemos.

La ministra Ione Belarra, el día que fue proclamada secretaria general de Podemos. EP

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 mostró reparos a que el Gobierno concediera una ayuda directa de 30 millones de euros en materia de cooperación policial a Marruecos al entender que la política migratoria debe basarse en el respeto a los derechos humanos y el país vecino -de importancia estratégica para España por ser origen y tránsito en la rutas de inmigrantes irregulares hacia la península- no supera ese examen.

El pasado 18 de mayo, en plena crisis por la avalancha de entradas en Ceuta, el Consejo de Ministros autorizó otorgar una ayuda para contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos. El importe es ligeramente inferior al concedido en agosto de 2019: entonces ascendió a 32.369.000 euros.

Las fuentes consultadas por El Independiente aseguran que el departamento que dirige Ione Belarra manifestó por escrito sus discrepancias con el otorgamiento durante la fase preparatoria por la falta de calidad democrática de Marruecos y que la propia ministra -flamante secretaria general de Podemos- expresó verbalmente sus reticencias el día que se llevó a aprobación la concesión. «No vamos a comentar nada», ha respondido escuetamente un portavoz del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 cuando este diario le ha requerido una versión oficial.

Justo al día siguiente de que se otorgara la ayuda, la eurodiputada de Podemos Idoia Villanueva difundió un vídeo por las redes sociales en el que criticaba que Marruecos hubiera decidido utilizar «a personas y familias en una situación de extrema vulnerabilidad» para «ejercer presión» y «generar tensiones políticas» en alusión a la crisis de Ceuta, al tiempo que reafirmó la posición de su formación a favor de la libre determinación del pueblo saharaui y al cumplimiento del derecho internacional.

El apoyo a la libre determinación del Sáhara Occidental frente a las pretensiones anexionistas de Rabat es uno de los compromisos que defiende Podemos desde su origen y así se detalla en su documento político: «Es necesario apoyar el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y la implementación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de negociación en marcha».

Podemos invita al Frente Polisario

Entre las organizaciones que Podemos invitó a su IV Asamblea, celebrada el pasado 13 de junio y en la que fue proclamada Ione Belarra como nueva líder de la organización tras la renuncia de Pablo Iglesias, se encontraba el Frente Polisario. Su delegado en España, Abdulah Arabi, agradeció en su intervención la «postura» que viene defendiendo este partido e invocó la «responsabilidad política y jurídica» de España con el pueblo saharaui. «Mientras no termine el proceso de descolonización mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación, España seguirá siendo la potencia responsable y administradora del territorio», mantuvo.

En plena crisis diplomática, el Ministerio del Interior consideraba «fundamental» reforzar la cooperación hispano-marroquí cofinanciando el despliegue operativo del país vecino en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos. En su opinión, las ayudas a la cooperación policial internacional son «uno de los principales instrumentos» de actuación en la colaboración conjunta con terceros países y su puesta en marcha -están reguladas por un real decreto aprobado en 2007– permitió acabar con la conocida como crisis de los cayucos de 2006.

«No vamos a comentar nada», responde un portavoz de Derechos Sociales cuando este diario le ha preguntado por las discrepancias

Sobre el papel, el dinero que el Gobierno ha concedido al Ministerio del Interior del Reino de Marruecos se destinará a sufragar los gastos derivados del patrullaje y la vigilancia marítima, el mantenimiento y reparación de equipos y el abono de dietas al personal encargado de estas actividades, abarcando el periodo de ejecución del 1 al 31 de diciembre de 2021.

Cuando este diario ha requerido la documentación con la que se sustenta la concesión, el departamento que dirige Grande-Marlaska lo ha denegado con el argumento de que la difusión de los datos perjudicaría la «confianza mutua», «interferiría en las relaciones exteriores» con el país vecino y daría pistas a las mafias dedicadas al tráfico y trata de personas.

Interior también denegó la información cuando la asociación Acces Info Europe, al amparo de la Ley de transparencia, le requirió en julio de 2020 el informe descriptivo en el que se detallara el empleo que había hecho Marruecos de la ayuda recibida un año antes. Según se especificaba en la resolución con la que se concedió, concretamente en el apartado 5ºb), la Consejería de Interior de la Embajada de España en el Reino alauí tenía dos meses tras el vencimiento de la subvención para elaborar dicho dosier.

El ministerio sostuvo que la divulgación de la información solicitada «comprometería la eficacia de la política de seguridad de ambos países», dañaría la «confianza mutua» e «interferiría las relacione exteriores». Estos argumentos fueron respaldados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) al resolver la reclamación presentada por el solicitante, que trató sin éxito de hacer ver que la petición no comprometía la seguridad pública al referirse a una operación ya pasada y que lo que se buscaba era «el control del uso de la ayuda directa a Marruecos sobre los fines para los cuales fue aprobada».

¿Seguridad pública comprometida?

El experto en transparencia Miguel Ángel Blanes considera que ni el Ministerio del Interior ni el CTBG acreditaron entonces que toda la información contenida en dicho informe estaba afectada por los límites de la seguridad pública y las relaciones internacionales, al tiempo que censura que se hubiera ignorado el derecho de acceso parcial que prevé la ley. Ello habría permitido proporcionar aquella parte de la documentación que no pone en riesgo la eficacia policial.

«Es evidente que facilitar el importe del gasto efectuado en patrullaje y vigilancia marítima, costera y de litoral, carburantes, mantenimiento y reparación de los bienes, el material de vigilancia y control, incluso abono de dietas e incentivos al personal, sin ningún dato adicional sobre el lugar y las características de las operaciones, no afecta en absoluto a la seguridad pública», zanja Blanes.

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