Economía y "gestión" para contrarrestar la "mentira" del escudo social de Sánchez. El jefe del Ejecutivo apunta a la recuperación económica auspiciada por la llegada de los fondos europeos como la meta prioritaria de su renovado gabinete, mientras que el líder de la oposición busca ya las grietas en el plan de supervivencia del Gobierno. Los Presupuestos, la reforma de las pensiones, la factura de la luz o los fondos europeos son sólo algunos de los asuntos que marcarán la agenda política en la segunda mitad de la legislatura. Con todos ellos, el PSOE trata de construir una burbuja económica con la que blindar su permanencia en Moncloa, mientras que el PP intenta encontrar una aguja.

Desde el mismo arranque del nuevo curso político, el Partido Popular se ha fijado como primer objetivo para los próximos meses el despliegue de una ofensiva de desgaste contra Sánchez, esta vez con la economía como caballo de batalla. Junto a su equipo, que terminará de definir en la Convención Nacional, Pablo Casado reivindicará las recetas económicas del PP como "garantía" para el país porque son éstas y no las del PSOE "las que sacaron a España de la crisis", según insisten en la dirección nacional.

Para cualquier reforma o propuesta del Gobierno en este ámbito habrá una alternativa por parte del PP. "No es el no por el no, pero vamos a ser una oposición seria y responsable que cree que las cosas tienen que hacerse bien", señala la ex ministra y actual vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez que, en conversación con El Independiente, analiza cada una de las propuestas y proyectos que Sánchez pronunció en el acto triunfalista del pasado lunes en la Casa de América de Madrid.

Un 'plan B' para la luz

La desorbitada factura eléctrica y la ausencia de medidas concretas por parte de un Gobierno de coalición dividido en la cuestión energética se ha convertido en una ventana de oportunidad para el PP para demostrar que la recuperación económica que promete el Gobierno no es tal y que "su escudo social era otra mentira más". Por el momento, los populares no darán su apoyo a la creación del fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico que se encuentra ahora en tramitación parlamentaria, y se centrarán en la presentación de enmiendas. El Gobierno plantea la aprobación de esta proposición de ley como un aliciente a la reducción de la factura energética, pero "no resuelve nada". "Lo que proponen es que el coste de las renovables se comparta en el resto de energías que repercutirá en los consumidores de las mismas. Es mover la bola de sitio", zanja Rodríguez.

Los de Pablo Casado aseguran haber tendido la mano el Gobierno para solucionar la urgencia energética, y su propuesta pasa por la negociación de una proposición no de ley para rebajar la factura hasta un 20%, sacando los costes no eléctricos o reduciendo impuestos más allá del IVA, como el de la producción eléctrica del tipo actual del 7% al 0%. Mientras tanto, desde el PSOE se limitan a cuestionar por qué el PP no aprobó estas medidas cuando gobernaban con mayoría absoluta y podían sacarlas adelante. Los contactos entre ambos partidos, como en otras materias, ha sido inexistente. Lo que sí descartan en el PP es sumarse a la movilización que ha convocado Vox para protestar por la subida de la factura de la luz. "Nosotros no sacamos a la gente a la calle, lo que hacemos es gestionar", confirma Rodríguez.

Desde las filas populares insisten en reprochar a Sánchez que celebre los últimos datos de paro "pese a tener 350.000 afiliados menos a la Seguridad Social y 272.000 trabajadores en ERTE" y pincha el triunfalismo de Sánchez recordando "la situación delicada de empleo, una cesta de la compra disparada y la luz cada vez más cara".

Fiscalización de los fondos

Desde el pasado mes de mayo, el PP ha activado un grupo de trabajo para el control de las subvenciones y la fiscalización de los 140.000 millones de fondos europeos que va a recibir España en los próximos meses. Las últimas informaciones, que apuntan a la utilización de parte de los fondos para "digitalizar archivos del franquismo" o para viajes de miembros del mundo de la cultura, como publicó ABC, han puesto en guardia a un Partido Popular que pondrá luz en cada partida "innecesaria".

El reparto de tal cantidad de dinero y la presión de las comunidades autónomas supondrá un importante desafío para el Ejecutivo del que el PP tratará de sacar rédito político. Rodríguez advierte que la presión se producirá por la vía parlamentaria sin descartar la "denuncia pura y dura" en caso de constatar que "no se ejecutan bien los fondos". Y presionarán para la creación de un organismo independiente para "evitar la red clientelar" en el reparto de las ayudas, una propuesta que Casado ya propuso en su cita con Sánchez el pasado verano y que el Gobierno, de momento, ha guardado en un cajón.

Apoyo a la patronal en la subida del SMI

Los populares han ido con cuidado a la hora de trazar una posición respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por tratarse de una iniciativa con gran respaldo social. Y aunque han evitado dar su apoyo al Gobierno, tampoco se han posicionado radicalmente en contra de la decisión. Pero sí se han posicionado con la patronal, cuyo presidente, Antonio Garamendi, ya expresó que "no es momento" de aprobar una medida de estas características porque "venimos de un año y medio horrible".

"En este momento, lo que necesitamos es que la economía se mueva y se generan más puestos de trabajo. Lo que no podemos hacer es cargar a las empresas con más costes, lo que hace falta es que sean competitivas", alega Rodríguez, que explica el hueco que ha encontrado el Partido Popular para cuestionar la medida. Alega que, desde su punto de vista, se trata de una decisión "política" y no "técnica" que se basa en el convencimiento de que un incremento salarial repercute en el consumo cuando "no es así". Y subraya la receta de la creación de empleo como buque insignia del programa electoral que ya ha comenzado a elaborar el PP. Todo lo demás, incluida la subida del SMI, es un "error garrafal".

'No' a los Presupuestos

A esta alturas, encontrar un punto de encuentro entre PSOE y PP es difícil por no decir prácticamente imposible. Y no se hallará en la negociación de los Presupuestos para los que el Gobierno priorizará sin cortapisas a sus socios de investidura, es decir, a PNV, ERC o Bildu. Los populares creen que la aprobación de las nuevas cuentas públicas vendrá acompañada de una "subida masiva de impuestos" pese a la reiterada negativa de Sánchez a abordar una reforma fiscal, como sí exigen sus socios morados de Gobierno. En materia presupuestaria, el PP, que plantea precisamente una bajada impositiva como esqueleto de su programa económico, también dará la batalla al Gobierno en las próximas semanas, tanto por vía enmienda como verbal.

La reforma laboral, a los tribunales

El Gobierno ha arrancado el nuevo curso con una potente agenda legislativa con nada menos que 144 tareas pendientes de aquí a final de año. Entre ellas, la reforma laboral ocupa un papel prioritario en la hoja de ruta del Ejecutivo, y Sánchez prevé tenerla lista incluso antes de que finalice el año. Pablo Casado ya ha mostrado en más de una ocasión su rechazo frontal a esta iniciativa gubernamental que lleva la firma de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por el impacto negativo que, a su juicio, puede tener para empresarios autónomos.

La vicesecretaria sectorial asegura que esperarán a tener el texto completo para tomar una decisión al respecto, pero recela de las intenciones "preocupantes" del Gobierno en esta materia. En función del resultado final de la ambiciosa reforma que ya está en marcha, Rodríguez avanza que la vía de los tribunales es una opción viva para el PP. "Recurriremos si es necesario", afirma.