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El juez excluye al CNI de la investigación 'Kitchen' a pesar de los indicios

La Fiscalía descarta que los servicios secretos iniciaran el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a instancia del Gobierno de Rajoy | Podemos, acusación particular en el caso, no ha pedido la testifical de Sanz Roldán pero quiere que vaya al Congreso

El comisario jubilado José Manuel Villarejo (i) acompañado por su abogado, Antonio José García Cabrera EP

«Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilio. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado». En la madrugada del 2 de agosto de 2013, el entonces secretario de Estado de Seguridad (Francisco Martínez) intercambiaba este mensaje SMS con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. «Yo lo tendré al acabar el Consejo [de Ministros], así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info…», le contestó su interlocutor. El mensaje en clave hacía referencia a conseguir el contacto en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a cuyos miembros se conoce en el argot policial como cecilios.

La conversación tenía lugar semanas después de que se hubiera puesto en marcha desde el Ministerio del Interior un dispositivo policial -sin conocimiento de la autoridad judicial- para obtener presuntamente documentación que custodiaba Luis Bárcenas aprovechando que éste se encontraba en prisión preventiva por su implicación en el caso Gürtel y utilizando para ello al chófer de la familia del ex tesorero del PP (Sergio Ríos), al que se remuneró su trabajo como topo con pagos procedentes de los fondos reservados. Es la operación bautizada por el comisario Villarejo como Kitchen, puesta en marcha supuestamente para interceptar papeles y lápices de memoria con información que podría comprometer a Mariano Rajoy y a otros cargos del partido entonces en el Gobierno y evitar que llegara a manos de la Justicia.

No es la única mención a los servicios secretos del Estado en el sumario que comenzó a instruir el juez Manuel García-Castellón a finales de 2018 como pieza separada de la macrocausa en la que se investigan los encargos a Villarejo. Con todo, el magistrado dio por concluida la investigación el pasado 29 de julio apreciando sólidos indicios de que el despliegue se decidió en Interior sin la participación de instancias políticas superiores. Así, ha propuesto juzgar a Fernández Díaz, Francisco Martínez, al ex número dos de la Policía Eugenio Pino y a otros agentes, archivando la causa para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y descartando citar siquiera como testigo al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.

Desarrollado entre los años 2013 y 2015, uno de los agentes que participó en aquel dispositivo -calificado como «parapolicial» por la Fiscalía Anticorrupción- fue el comisario Villarejo, entonces en la recta final de su carrera profesional. Las conversaciones que él grabó de forma subrepticia acreditan cómo trató de ganarse la confianza del chófer de Bárcenas para acceder a documentos que éste pudiera custodiar. Él mantiene que el CNI participó en ese despliegue.

Así lo afirmó en un escrito presentado en el juzgado el pasado 19 de julio con el que pedía al instructor de la causa que le devolviera las más de «mil microcintas datadas con anterior al año 2000» y que le levantara el bloqueo de las cuentas para atender diversas obligaciones de pago, entre otras cuestiones. «Como ya se ha manifestado con ocasión de la pieza Kitchen, la intervención en dicha acción del CNI y [la Unidad de] Asuntos Internos ha sido forzosamente desvelada a regañadientes y solo por la insistencia de su Señoría, que debió sospechar desde hace tiempo que algo no cuadra», exponía.

La Fiscalía descarta que los servicios secretos iniciaran el espionaje a Bárcenas a petición del Gobierno de Rajoy

El enfrentamiento entre el comisario ya jubilado y el ex director del CNI Félix Sanz Roldán viene de lejos y es suficientemente conocido. El primero responsabiliza al general conquense de su detención en noviembre de 2017 y la apertura de la macrocausa que instruye la Audiencia Nacional alrededor de sus negocios privados. Sólo en las tres primeras líneas de investigación que irán a juicio este miércoles, la Fiscalía Anticorrupción pide para él más de 100 años de prisión como cabecilla de una organización «parapolicial» con la que se habría enriquecido aprovechando sus contactos en la Policía Nacional y su condición especial en el Cuerpo.

Adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en la última etapa, Villarejo actuaba como un agente encubierto que no tenía despacho propio pero que participó en las operaciones más delicadas para el Estado durante décadas, tanto para gobiernos socialistas como del PP. Él defiende que sus superiores siempre le permitieron desarrollar su negocio de asesoramiento legal e inteligencia para empresas privadas. De hecho, sostiene que sus sociedades se utilizaron en operaciones secretas, también en colaboración con el CNI.

El papel del ex colaborador del CNI

No en vano, como publicó El Independiente, el empresario que presentó la primera denuncia contra José Manuel Villarejo en la Fiscalía Anticorrupción de manera anónima, Francisco Menéndez, afirmó que lo pactó con un ex colaborador del CNI que le ofreció ayudarle con un problema «tributario».

Menéndez aportó información de cuentas asociadas a empresas de Villarejo en sociedades offshore y puso en bandeja su detención por la realización del denominado ‘Informe King’ para un hijo del gobernante de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang sobre trapos sucios de su hermano, que también optaba a la sucesión. El comisario cobró más de 5 millones de euros presuntamente por ese trabajo. La confesión le permitió a Menéndez evitar una acusación con petición de cárcel por introducir a ciudadanos guineanos en España de manera irregular con la ayuda del entonces comisario jefe del puesto fronterizo de Barajas, Carlos Salamanca, que se enfrenta a diez años de prisión y que fue quien puso a Villarejo en contacto con el hijo de Obiang.

Ya como investigado en la Audiencia Nacional, Villarejo sitúa a su némesis Sanz Roldán como muñidor de su caída a los infiernos, así como al CNI que dirigía como impulsor del operativo Kitchen. El comisario ve la mano de los servicios secretos en su detención y envío a la cárcel por denunciar supuestas irregularidades que atribuía a su anterior director.

No es el único investigado en la pieza 7 del caso Tándem que ha mencionado al ex jefe del CNI. Para contextualizar el mensaje relativo al ‘contacto Cecilio’ que el ex secretario de Seguridad Francisco Martínez afirma que le envió el ex ministro Fernández Díaz, el primero dio una explicación ante el juez el pasado mes de julio en la que implicó a Sanz Roldán. Afirmó que el titular de Interior sospechaba que alguien cercano a Luis Bárcenas colaboraba con la Policía. Con la intención de encontrar las pruebas de que sólo el ex tesorero del PP y no otras personas -sostuvo Martínez en sede judicial- había incurrido en conductas perseguibles penalmente, le pidió que hablara con Félix Sanz Roldán para ver si tenía alguna información al respecto.

El ex ‘número dos’ de Interior mantiene que el ministro le encargó en esas fechas que contactara con el jefe del CNI

«El día 1 de agosto [de 2013] se había producido una comparecencia parlamentaria en el pleno [del Congreso], algo bastante poco frecuente, del presidente del Gobierno a propósito de los mensajes que habían salido filtrados en la prensa que al parecer había intercambiado con el señor Bárcenas», declaró Martínez el pasado 13 de julio.

«El presidente del Gobierno dice en varias ocasiones que él se ha equivocado con el señor Bárcenas, pero que el señor Bárcenas es el único que ha utilizado fondos y que tiene cuentas en el extranjero […] Yo creo que en ese momento, lo que se plantea en un nivel en el que yo ni participaba ni tomaba decisiones, en un nivel de Consejo de Gobierno, es que hay que conseguir que todo lo que pruebe las responsabilidades penales individuales del señor Bárcenas tiene que ponerse a disposición de la Justicia y que esa investigación tiene que ser exhaustiva. Y por eso el ministro me dice en esa fecha que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo coordine, que eso era mi función en gran medida, coordinar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con otros servicios extranjeros o nacionales. Y para que yo coordine la posible puesta a disposición de los investigadores de información sobre esta cuestión que pudiese tener el Centro Nacional de Inteligencia. Yo le digo que estaré pendiente, me dice que me lo dará después. Cuando hablamos después, y esa parte ya no aparece en los mensajes, me dice que contacte con el responsable del Centro Nacional de Inteligencia, con el director, con el cual yo hablaba con bastante frecuencia, por razones fundamentales. Yo llamo al director del Centro Nacional de Inteligencia que me dice que ciertamente que ésa no es una cuestión que esté dentro de su ámbito, de su actividad digamos de inteligencia y demás, pero que como ellos tienen efectivamente acceso a mucha información, si tuviesen información sobre dinero en el extranjero, testaferros… del señor Bárcenas o de su entorno, la pondrían por los conductos habituales a disposición de la Policía», amplió.

Fernández Díaz niega directamente que existiera la citada llamada, al tiempo que rechaza que él enviara los mensajes que su subordinado protocolizó ante un notario de Mahón (Menorca), según traslada su defensa a este diario. Cuando el pasado mes de noviembre mantuvo el careo con su número dos, el ex ministro sostuvo que se enteró de que el término ‘Cecilio’ se utilizaba para hablar de los miembros del CNI «por la prensa».

Después de casi tres años de pesquisas, el juez García-Castellón dio por concluido el pasado mes de julio la instrucción del caso Kitchen, si bien la última palabra la tendrá la Sala de lo Penal tras recurrir Anticorrupción el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. El Ministerio Público ve motivos para procesar a María Dolores de Cospedal y para que se cite a declarar en la causa a Cosidó, máximo responsable de la Policía entonces. En dicho escrito, la Fiscalía apuntó a un posible origen de la investigación en los «servicios de seguridad del Estado», si bien las fuentes fiscales consultadas por este medio descartan que eso quiera decir que apuntan a que el operativo se inició en el CNI por encargo del Gobierno.

Por su parte, la acusación popular de la causa ejercida por Unidas Podemos no ha pedido al juez que cite a declarar ni como testigo ni como investigado a Félix Sanz Roldán, hoy asesor de la Presidencia de Iberdrola. Y ello a pesar de que el grupo confederal en el Congreso de los Diputados sí ha pedido que el ex director del CNI comparezca en la comisión de investigación Kitchen, en la que se busca determinar eventuales responsabilidades políticas por la utilización de medios económicos y personales del Estado en beneficio del PP.

¿Vigilancia a Bárcenas antes de ‘Kitchen’?

Lo que ha evidenciado la investigación es que quienes participaron en el dispositivo ilegal de seguimiento a Bárcenas y su entorno contaron con la colaboración del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, quien cobró 2.000 euros al mes durante dos años de los fondos reservados del Estado e ingresó en la Policía con 42 años gracias –considera el instructor de la causa– a su participación en Kitchen. Él, entre los procesados, defiende que siempre pensó que se trataba de una operación legal para entregar la información obtenida a la Justicia.

Antes incluso de que comenzara tal operativo -el instructor fecha el arranque en julio de 2013- Bárcenas ya sospechaba que estaba siendo sometido a seguimientos. Así lo manifestó en el juicio por la destrucción de sus ordenadores que quedaron en la sede central del Partido Popular cuando fue despedido. Durante aquél juicio de junio de 2019, en el que declaró como testigo, ubicó la destrucción de los discos duros de sus ordenadores por la que el partido se sentó en el banquillo y acabó absuelto como un episodio más de la operación Kitchen. Aseguró que tales discos duros que quedaron ilegibles contenían información de la caja B de PP entre finales de los 90 y 2009.

Tanto en sede judicial como en su comparecencia en el Congreso, el comisario principal ya jubilado Enrique García Castaño -conocido como El gordo y ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), responsable de los seguimientos y pinchazos en el Cuerpo Nacional- reveló que Luis Bárcenas fue espiado por «motoristas con cámaras» colocadas en los cascos, portando las motocicletas que conducían «matrículas y documentación falsa». En su opinión, esos seguimientos los llevaron a cabo «otros servicios de información de otros cuerpos, presuntamente Guardia Civil y CNI».

García Castaño mantuvo en la Cámara Baja que se trató de una vigilancia paralela «al entramado de la esposa del señor Bárcenas». «Nosotros siempre hemos notado -eso lo he declarado en sede judicial- que éramos los tontos de la película. Así lo he dicho, porque veíamos cosas muy raras, muy extrañas», indicó. Y añadió: «Nosotros lo investigamos y no pudimos llegar a más porque las matrículas eran falsas. Hay fotos, se han publicado en la prensa».

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