La acusación del 'caso Ghali' dice que España acogió al líder del Frente Polisario para asegurarse el gas

La acusación del caso Ghali desvincula la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de dar acogida en España al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para ser tratado de coronavirus en un hospital público de La Rioja de razones humanitarias -como argumentó el Ejecutivo- y defiende que el verdadero objetivo era garantizar el suministro de gas procedente de Argelia, principal aliado del Frente Polisario.

Así lo sostiene el abogado Antonio Urdiales -al frente de una de las acusaciones de la causa- en el recurso de apelación presentado este lunes con el que pide a la Audiencia de Zaragoza que revoque el sobreseimiento provisional de la causa que el juez instructor acordó el pasado 10 de marzo para el ex jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino, al que investigaba por prevaricación y encubrimiento. Sigue imputada la exministra Arancha González Laya, quien ocupaba la cartera cuando Ghali entró en España en abril del año pasado. La entrada del presidente de la República Árabe Saharaui (RASD) desencadenó una grave crisis diplomática con Marruecos, que tiene a Ghali como su principal enemigo.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, el letrado considera que el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, yerra al creer que en el traslado del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) la pasada primavera subyacen criterios humanitarios al ser la "excusa" que ha utilizado el Ejecutivo "para burlar las leyes y conseguir sus fines". "El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Pedro dijo en su declaración que no se hacía necesaria la presencia de Ghali en España para superar el covid-19", recuerda el abogado en su recurso.

Procedente de Argelia, el líder del Frente Polisario llegó en un avión a la Base Aérea de Zaragoza la noche del 18 de abril de 2021 sin pasar por controles de fronteras ni presentar documentación para luego ser trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio Riojano de Salud hasta el Hospital San Pedro de Logroño, donde permaneció ingresado -primero en la UCI y después en planta- hasta el 1 de junio.

La presencia de Brahim Ghali coincidió en el tiempo con las negociaciones que la empresa española Naturgy mantenía con la compañía argelina Sonatrach para la ampliación del gasoducto Medgaz, por el que se ha incrementado su capacidad un 25 % tras una inversión de 73 millones de euros. El acuerdo entre ambos socios se dio a conocer el 13 de julio de 2021, mes y medio después del regreso del jefe del Polisario a Argelia.

"Escudo de impunidad"

"Aquí no se está juzgando un delito contra la flora o la fauna, sino que se está poniendo a prueba el prestigio de la Justicia española, es decir, si este histórico criminal -hasta su llegada a Zaragoza investigado por genocidio, terrorismo, secuestro y torturas, entre otros, por dos previas distintas en la Audiencia Nacional- va a seguir exhibiendo su escudo de impunidad por el simple hecho de que en caso contrario nos quedamos sin gas", detalla el recurso de Urdiales.

La acusación considera que responsables de los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores cometieron un delito de encubrimiento al no poner en conocimiento de la Audiencia Nacional que Ghali estaba en España pendiente de declarar por dos querellas de genocidio contra él y registrado en el hospital riojano con un pasaporte bajo la identidad ficticia de Mohamed Benbatouche. A juicio de esta parte, el Gobierno de Sánchez actuó de manera discreta para evitar que el líder del Polisario fuera "identificado por las autoridades judiciales españolas".

La acusación dice que el "verdadero responsable" fue Sánchez: "Ninguno de sus fieles sirvientes lo hubiera hecho sin su autorización expresa"

El abogado interpreta que la instrucción que lleva a cabo el juez Lasala ha puesto de manifiesto "numerosos indicios" que apuntan a la comisión de delitos de encubrimiento y prevaricación tanto por parte de González Laya como de Camilo Villarino, por lo que entiende que la decisión de excluir del procedimiento al citado ex alto cargo resulta "anticipada".

La acusación no tiene dudas de que fue Pedro Sánchez "el verdadero responsable" de que Ghali entrara en España al margen de lo que establece la normativa Schengen, dado que a "ninguno de sus fieles sirvientes se le hubiera ocurrido hacer lo que hicieron sin la autorización expresa" del presidente del Gobierno. En las resoluciones del juez no se atisba la menor intención de elevar exposición razonada al Supremo, órgano jurisdiccional ante el que el jefe del Ejecutivo goza de aforamiento.

Falta la declaración de un testigo

Fuentes del caso dan por seguro que el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza dará por concluida la investigación cuando la Policía Nacional practique las diligencias que le ordenó el pasado 8 de marzo con "la mayor brevedad posible". Por un lado, el magistrado quería que agentes se desplazaran al aeropuerto de Zaragoza para que hablen con el oficial de servicio que controlaba el acceso a la base aérea el 18 de abril de 2021 a fin de que éste -en calidad de testigo- identifique "a la persona vestida de paisano que le daba instrucciones" para que accediera la ambulancia procedente de Logroño que recogió al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.

El instructor también quiere conocer si en las bases de datos policiales existían "requerimientos de identificación y localización de un individuo llamado Brahim Ghali o Gali Sidi Mohamed Abdel Yelil" entre 2020 y 2021, así como la identidad de los funcionarios del Cuerpo Nacional que tuvieron acceso a dichos datos en el citado periodo. De igual manera, el juez pretende saber si antes de que las comisarías de Información, Judicial o Fronteras envíen informes a los órganos jurisdiccionales "son puestos en conocimiento del Director Adjunto Operativo (DAO)" de la Policía.

Cuando declaró como testigo el pasado mes de febrero en la causa, el DAO mantuvo que se enteró por la prensa de que Brahim Ghali se encontraba en España. José Ángel González Jiménez dijo que su conocimiento de los hechos que se investigan se limita a la llamada que le hizo el 18 de abril de 2021 el comisario general de Información (Eugenio Pereiro) para comunicarle que un líder del Frente Polisario -sin precisar que era Ghali- iba a entrar por Zaragoza. El DAO ha añadido que no compartió dicha información con ningún superior y que fue el citado mando el que organizó el dispositivo de protección y vigilancia desde la Base Aérea de Zaragoza -donde aterrizó el avión- hasta el hospital riojano en el que estuvo ingresado durante 45 días tras contagiarse por coronavirus.