España Espionaje con Pegasus

Sólo los presidentes autonómicos del PSOE han entregado sus teléfonos al CNI para que los analice

El PP prefiere "declinar la invitación" del organismo dependiente de Defensa y someter los dispositivos de sus presidentes y consejeros al estudio de los servicios de seguridad informática competentes de cada autonomía

La ministra de Defensa, Margarita Robles, habla por teléfono en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, habla por teléfono en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. EP

El espionaje con el malware israelí Pegasus a dieciocho líderes del independentismo catalán, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a los ministros de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llevado al Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, a solicitar, además de al Congreso de los Diputados y el Senado, la cesión de los dispositivos móviles de los presidentes y consejeros autonómicos de todo el territorio para su análisis. El organismo dependiente, a última instancia, del Ejecutivo y del PSOE hizo esa petición el martes 3 de mayo, acompañándola de un programa de chequeo para, que en caso de no querer aportarlo, se instalase en cada aparato. Pero, por el momento, sólo los Gobiernos de signo socialista han sometido los teléfonos a esta aplicación o mostrado disposición de hacerlo. De momento, únicamente se tiene constancia de la revisión y el resultado del móvil del dirigente castellano-manchego Emiliano García-Page, que ha dado negativo en infección, aliviando la preocupación en el seno gubernamental.

A la celeridad del líder del PSOE-CLM le ha seguido la del Gobierno de Canarias, que tampoco ha encontrado signos de intrusión informática en los teléfonos corporativos o el sistema autonómico. Por su parte, el resto de barones socialistas con funciones de gobierno afirman estar disponibles para practicar esa inspección, como Adrián Barbón en Asturias o Guillermo Fernández-Vara en Extremadura; o estar a la espera de los resultados tras coordinar la operación con los departamentos autonómicos de ciberseguridad, caso de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, María Chivite en Navarra o Javier Lambán en Aragón. Desde La Rioja, la presidenta Concha Andreu no ha concretado ningún estadio de prevención respecto al software malicioso; sí no estar «preocupada» al respecto, porque, ha dicho, «es transparente». Francina Armengol, en Islas Baleares, tampoco.

En contraste, las comunidades autónomas presididas por barones del PP han rechazado la invitación del CCN: o quieren desarrollar una investigación independiente de manera interna en cada jefatura regional, o descartan hacerlo porque consideran que no están o no tienen por qué ser investigados. De hecho, recientemente, y después de que saltara el escándalo, los de Alberto Núñez Feijóo aseguraban que la cúpula de la formación no les había instado a tomar medidas de seguridad adicionales para sus comunicaciones.

La Junta de Andalucía, presidida en funciones por el popular Juanma Moreno Bonilla, ha sido la última en anunciar su posición. Aunque indican que «no lo han ofrecido», se niegan a entregar al CNI o someter los dispositivos de los consejeros a ninguna herramienta de comprobación procedente de Madrid porque no se fían del Gobierno. No es lo más «recomendable» entregar el móvil del presidente de Andalucía porque el Ejecutivo carece de «credibilidad» y «ha demostrado» que en Moncloa «son capaces de todo» -preguntado por si creen que podrían robarles información-, ha expresado el todavía consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, este jueves durante una entrevista en Onda Cero.

El PP prefiere una revisión externa al CNI

Si hay un sentimiento que prima respecto a Pedro Sánchez entre las filas del PP y en la dirección de Génova, es el de «desconfianza». La generaba dentro del seno popular antes de la moción de censura a Mariano Rajoy. Pero, ahora, mucho más. Lo achacan, entre otros ejemplos, a la falta de compromiso a nivel económico, «al no cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes de La Palma«, o la remodelación del sistema de mayorías para acceder a la comisión de secretos oficiales y la destitución de la presidenta del CNI Paz Esteban para continuar la línea de «pactos con el independentismo».

Esa falta de fiabilidad que le transmite al PP, por extensión, el Gobierno, hace que, como sugiere Bendodo, ningún otro feudo popular quiera arriesgarse a poner información privada en manos de un organismo dependiente de Moncloa. Fuentes del partido en la Comunidad de Madrid confirman a El Independiente que tienen previsto mantener la posición fijada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de no entregar los teléfonos. «A cada consejero se le asigna un dispositivo y es él mismo quien tiene que velar por su seguridad», indican. Aun así, comentan, el núcleo duro de Ayuso cuenta con un servicio de asistencia informática permanente.

No es lo más recomendable entregar el móvil de Moreno al CNI

En la Junta de Castilla y León afirman haber recibido la invitación para ceder temporalmente los móviles a la inteligencia española. Sin embargo, como Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco, su vicepresidente Juan García-Gallardo y el resto de cargos, «la han declinado». Consideran que hay que seguir avanzando y que hay cuestiones, como la económica, mucho más relevantes que están quedando en un segundo plano. Sí ha aceptado, en cambio, ponerse a disposición del CNI la delegada del Gobierno Virginia Barcones.

Desde la Región de Murcia no quieren dar detalles sobre las comunicaciones del presidente Fernando López Miras o el resto del equipo de Gobierno, aunque sí comentan que se han incrementado las herramientas para dificultar los ataques. Eso sugiere que tampoco se pondrán a disposición del departamento dependiente de Defensa, como tampoco lo hará el dirigente melillense Jesús Vivas. Según el portavoz del Gobierno de la ciudad autónoma, Alberto Gaitán, Vivas ha puesto su teléfono a disposición del Área de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (TSI) ceutí.

Feijóo y la Xunta guardan silencio

Fuentes del PP indican a este medio que, al margen de la comunicación oficial a nivel regional, los conservadores «no han recibido ningún tipo de información directa como partido desde el CNN o el Gobierno» para mejorar la seguridad o analizar dispositivos. Cabe recordar que, a diferencia de los gobiernos regionales, la nueva cúpula de Génova tras la renovación y la entrada de Feijóo no estaba durante el periodo de espionaje que se estima en 2021. Ello hace que quede en el aire si el anterior tándem de dirección entre Pablo Casado y su secretario general Teodoro García Egea, que continúa como diputado raso, pudiesen haber sido espiados.

El PP no ha recibido ningún tipo de información directa del Gobierno

Feijóo, en cambio, por su condición de presidente de la Xunta, sí que puede solicitar la inspección de su teléfono oficial y, entre otros, la de su vicepresidente primero Alfonso Rueda, que lo sustituirá oficialmente en el cargo a partir del sábado. Aunque nada más saltar el escándalo de Pegasus el gallego afirmó que sería «razonable» comprobar su móvil, por el momento la Xunta no ha confirmado ningún procedimiento. Solo ha anunciado que Amtega, la agencia encargada de cuestiones de seguridad, pidió asesoramiento a principios de mes al CCN.

La Xunta cuenta con un protocolo aprobado para sus terminales por la Comisión de Seguridad y Gobierno electrónico. Éste se acepta a la entrega del teléfono e incluye, además de una verificación periódica, un sistema de cifrado y protección para contenido multimedia, archivos, llamadas o correo.

Revilla, Urkullu y Aragonès

El exrepresentante de Ciudadanos y presidente de Melilla sin adscripción Eduardo de Castro, como Ayuso o Mañueco, descarta cualquier revisión. También lo hace el presidente de Cantabria y del Partido Regionalista Cántabro (PRC) Miguel Ángel Revilla, que lo cree innecesario dado que su teléfono no tiene acceso a internet, lo que disminuye el riesgo de ciberataque.

Pero el nacionalismo, al igual que los populares, ha optado por no recurrir a los instrumentos estatales y profundizar en los propios. Pere Aragonès, ERC y el resto de partidos independentistas no tienen necesidad dado que ya saben que sí los han espiado, tras la publicación de la información en el semanario estadounidense The New Yorker. Por su parte, es conocida la desafección del PNV con el CNI, entre otros motivos, por su negativa a desclasificar información relacionada, por ejemplo, con la actuación de los GAL.

Desde la consejería de Gobernanza han detallado que, en el caso vasco, el área de telecomunicaciones seguirá manteniendo las inspecciones habituales, porque se realizan controles reiterados. Sí se intensificarán las labores.

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