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Nuevo frente para Rubiales: un juez lo imputa tras la denuncia de cinco clubes de la Primera RFEF

Los denunciantes acusan al máximo dirigente federativo de coacciones por amenazarles en una reunión con expulsarles de la competición y denegarles las ayudas si no disolvían en 48 horas la asociación que habían constituido un mes antes

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en su última rueda de prensa.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en su última rueda de prensa. EP

Un juzgado de Madrid ha llamado a declarar en calidad de investigado al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, como posible autor de un delito de coacciones al amenazar supuestamente a cinco clubes de Tercera Categoría Nacional con expulsarles de la competición y denegarles el acceso a las ayudas económicas si no disolvían de inmediato la asociación que habían fundado.

En un auto fechado el pasado viernes, al que ha tenido acceso este diario, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 8 de Majadahonda (Madrid) cita a Rubiales a comparecer el próximo 19 de octubre. La imputación alcanza también al secretario general de la RFEF, Andreu Camps, y a un abogado externo de la Federación.

El procedimiento que tramita el magistrado Gonzalo Laguna Pontanilla tiene su origen en la denuncia presentada el pasado 4 de abril por la UD San Sebastián de los Reyes, el DUX Internacional de Madrid, el CF Rayo Majadahonda, la Balompédica Linense y el Club Linares Deportivo -fundadores de la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional (Primera RFEF)- a raíz de la reunión celebrada el pasado 10 de marzo, en la que los dirigentes federativos les habrían dado un plazo de 48 horas para extinguir la agrupación.

Los denunciantes han aportado una grabación al juzgado con la que pretenden demostrar que fueron amenazados con la expulsión de la competición, la imposición de sanciones y la denegación de las ayudas que le correspondieran si no procedían a disolver la asociación, constituida el pasado 16 de febrero para «promover, defender y organizar la práctica del fútbol de tercera categoría». El desencadenante había sido su oposición a ceder los derechos televisivos a la Federación Española de Fútbol.

En opinión de estos cinco clubes, la cúpula de la RFEF trataba de evitar con esta decisión que la citada asociación pudiera «alcanzar acuerdos de patrocinio u otro tipo de ayudas financiera en beneficio de sus asociados y al margen de la RFEF y con ello poner en peligro los emolumentos y prebendas que disfrutan los denunciados». En este punto, recuerdan que el mandamás del fútbol español percibe una parte de su retribución en variable (el 0,15 % de todos los ingresos liquidados, excepto las subvenciones públicas y las operaciones de patrocinio y marketing), «por lo que cualquier cantidad canalizada fuera de la RFEF supondría un menor ingreso por el Sr. Rubiales e, indirectamente, por el resto de denunciados».

Derechos audiovisuales

Uno de los puntos del orden del día de la citada reunión de clubes de Primera RFEF celebrada el pasado 10 de marzo tenía que ver con el supuesto incumplimiento por parte de los integrantes de la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional de los compromisos teóricamente asumidos el 17 de agosto de 2021, en virtud de los cuales no podían asociarse como hicieron. «No sólo deben cumplir sus acuerdos libremente adoptados por todos los miembros, acuerdos que, quiero recordar, han sido adoptados de manera unánime, por unanimidad de todos los miembros del comité plenario, unánimemente, por tanto, ir en contra de los acuerdos unánimes es, debería ser, motivo suficiente para que hubiera una sanción disciplinaria en mi opinión», defendió Camps a los 24 minutos de iniciarse la reunión.

Los denunciantes aseguran que no sólo intentaron sin éxito acceder al acta de la reunión de agosto que detallara el incumplimiento que se les reprochaba sino que han visionado la grabación y «en ningún caso se llega a tal acuerdo unánime». Según exponen, en dicho encuentro no se votó ninguna propuesta respecto al derecho de asociación, sino tan sólo sobre el reparto de los derechos audiovisuales.

«Es decir, los denunciados han mentido -y mienten- con pleno conocimiento de ello, pues intentan hacer creer que se ha debatido y votado en asamblea la prohibición de asociarse, obteniéndose un acuerdo unánime en este sentido. Ello es falso, pero, utilizando tal argumento, los denunciados intentan hacer creer a los miembros de la asociación que están actuando en contra de la decisión del resto de clubes que conforman la tercera categoría nacional. Nada más lejos de la realidad», sostienen.

El juez considera que los hechos relatados en la denuncian revisten caracteres de delito y cita a Rubiales a declarar el próximo octubre

Los clubes que integran la asociación interpretan que los tres acusados «utilizaron de pretexto la inexistente votación unánime» para advertirles de que, de no dar marcha atrás, se enfrentarían a «severas sanciones». Éstas consistirían en la expulsión de las competiciones, no poder acceder a la licencia federativa, tener que responder disciplinariamente y la denegación de ayudas, entre otras.

Los denunciantes llaman la atención sobre el hecho de que las «amenazas y coacciones» tuvieron eco en la prensa, de lo que responsabiliza a la cúpula de la RFEF a fin de «amedrentar» y «presionar» a los directivos de los clubes díscolos para que disolvieran la asociación. «De este modo, si consiguen que los clubes denunciantes renuncien a sus derechos constitucionales y disuelven la Asociación, el Sr. Rubiales y sus compinches evitarán que esta Asociación pueda alcanzar por su cuenta acuerdos de patrocinio, de financiación para los clubes o de cualquier otro tipo al margen de la RFEF», razonan.

El abogado que asesora jurídicamente a la UD San Sebastián de los Reyes, el DUX Internacional de Madrid, el CF Rayo Majadahonda, la Balompédica Linense y el Club Linares Deportivo considera que los tres denunciados han incurrido en amenazas, coacciones y prevaricación. «Deben creer los denunciados que las normas y pactos imaginarios que usan para coaccionar a los clubes son jerárquicamente superiores a la Constitución Española, y lo cierto es que no nos extraña, pues el modo con el que vienen operando en los últimos años es similar a las relaciones de vasallaje propias del feudalismo», detalla el escrito.

Caracteres de delito

De momento, el juez que instruye el caso aprecia que los hechos relatados revisten caracteres de delito, de ahí que haya llamado a declarar a Rubiales y a los otros dos imputados, como había pedido la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional. No obstante, la resolución es recurrible.

Los denunciantes también han solicitado al instructor que oficie al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda para que le remita el auto de admisión a trámite de la querella interpuesta por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino de Categoría Nacional contra Rubiales y Camps, lo que -a su juicio- «refleja fielmente la actitud hostigadora» de la Federación «contra los distintos entes que conforman la propia RFEF y que hacen posible su existencia».

El presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional y administrador único del DUX Internacional de Madrid, Stephen Kenneth Newman, es la persona que el pasado 27 de abril pidió formalmente al Consejo Superior de Deportes (CSD) que abra un procedimiento disciplinario a Luis Rubiales por la posible comisión de una infracción muy grave, al haber recibido de la RFEF la ayuda para el alquiler de la vivienda en la que residía pese a estar empadronado en la Comunidad de Madrid. Ello iría en contra de las condiciones aprobadas por la propia asamblea general.

Esta presunta irregularidad es una de las que el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 19 de abril. También se detalla en la denuncia que este lunes ha presentado el colectivo de funcionarios Manos Limpias en los juzgados de Madrid.

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