El día que Alberto Núñez Feijóo fue elegido por los compromisarios del Partido Popular (PP) nuevo líder de las siglas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien sería su principal competidor una vez quedasen convocadas elecciones generales, le daba la enhorabuena. "En estos tiempos complejos, trabajar con unidad y responsabilidad por el bien común de la ciudadanía debe ser una prioridad de todos", adjuntaba el también secretario general del PSOE en un tuit. No obstante, y como ya ocurría con el anterior dirigente conservador, Pablo Casado, entre enero y principios de febrero -antes de su abrupta salida-, todos los puentes entre populares y socialistas han quedado rotos. El último: el de las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su primera y única reunión en La Moncloa, tanto Sánchez como Feijóo se emplazaron a retomar las conversaciones para renovar el órgano de los jueces, el cuál lleva bloqueado desde diciembre de 2018, cuando se cumplió el plazo máximo establecido -de cinco años- para su actualización. Sin embargo, los interlocutores designados por ambas partes, caso del ministro de la Presidencia Félix Bolaños como el vicesecretario de Política Institucional popular Esteban González Pons, tras numerosos encuentros, han consagrado su total desacuerdo.

Frente al inmovilismo e incumplimiento de la Constitución denunciado por los socialistas en esas citas, a expensas de llegar a la nueva fecha electoral nacional para, de ganar, como indican las encuestas, tejer a su gusto la estructura jurídica, el PP denuncia que el PSOE no quiere renovar el CGPJ y garantizar su "independencia". Al contrario, hablan de intento de "control" ideológico y desatención a las recomendaciones europeas.

Ante ese desentendimiento, el PSOE decidió tomar la vía parlamentaria y reformar su propia Ley Orgánica del Poder Judicial en julio, después del debate del estado de la nación, para permitir que los jueces en funciones hagan nombramientos y así constituir una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional (TC). Frente a ese anuncio de intenciones anteriores al pleno extraordinario posterior al cierre de sesiones, los de Feijóo -como prometieron en ese encuentro con el Gobierno- trasladaron a Bolaños una propuesta de reforma del CGPJ. Algo que, como han denunciado desde Génova, ha sido desatendido.

En un momento complicado para los socialistas, en el que se especula con una posible remodelación del Gobierno una vez Sánchez ha cambiado dentro del PSOE a su vicesecretaria general, y a sus portavoces en Ferraz y el Congreso de los Diputados. Y, en el que la inminente elección de magistrados del TC en septiembre ha servido al PP para incrementar sus reproches a Moncloa, el ministro Bolaños ha decidido filtrar el documento pactado con la anterior dirección que daba luz verde a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un acuerdo que, según denuncia Génova, ha sido utilizado por el titular de presidencia para presionar reiteradamente a González Pons para aceptar la renovación inmediata.

A ello, se une el desequilibrio interno causado por la falta de transparencia en la transición entre Casado y Feijóo. "Cuando despaché con Casado el traspaso de poderes, en ningún caso me dio el documento ni me concretó ningún acuerdo", ha asegurado el actual presidente del PP, que ha evidenciado una actitud molesta con su antecesor que queda complementada con la sensación amplia dentro de las filas con, también, el exsecretario general Teodoro García Egea.

"Feijóo no es de fiar"

Este embrollo ha hecho virar el relato de los populares, en una posición aventajada contra el PSOE hasta la fecha por no querer renovar el CGPJ bajo las directrices europeas, a una postura defensiva tras la publicación del impreso rubricado por García Egea. En un momento grato en cuanto estimaciones electorales y tras meses de silencio en búsqueda de una nueva fórmula en materia judicial, ahora Bolaños ha sacado a la luz un texto con el que "amenazo", según González Pons, para instaurar el marco de que "Feijóo no es de fiar" y "no cumple" a lo que se compromete el PP.

Las claves que quedan en el aire es si realmente nadie conocía la existencia de ese escrito. En conversaciones con altos cargos de la dirección, se aprecia que la existencia del pacto Bolaños-García Egea ha provocado una amarga sorpresa interna. Con todo, miembros de la anterior dirección muy cercanos a Casado, como el exvicesecretario de Comunicación Pablo Montesinos, deslizan que Génova estaba al corriente de ese proceso acordado; también la nueva secretaria general Cuca Gamarra y los servicios jurídicos del partido. Así lo ha asegurado en La Sexta, donde colabora regularmente en calidad de periodista.

Andalucía, un punto de inflexión

La negativa del PSOE a dar marcha atrás a su maniobra en el Constitucional deja prácticamente roto el puente judicial con el PP. El resto, nunca antes terminaron de tenderse por la cuestión andaluza. Poco más de tres semanas después del nombramiento de Feijóo, su homólogo andaluz Juanma Moreno convocó elecciones regionales en Andalucía. Ambos interlocutores dejaron pausada las conversaciones sobre el CGPJ y, a derecha e izquierda, comenzó a funcionar a todo gas la maquinaria electoral.

Economía, Seguridad y OTAN o secretos oficiales, los otros ámbitos sin voluntad de negociación

El PSOE, según el PP, no atendió a su plan Plan Económico en abril para la aprobación del primer decreto anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Porque, de incorporar medidas, podría dar la imagen de falta de soluciones ante los populares y perjudicarlos electoralmente. Desechado el puente económico, llegó el militar que, pese a no llegar a concreciones en Seguridad, Defensa y la OTAN como propuso Feijóo el día de la Unión Europea, si ha fracturado en pequeña medida para aceptar el incremento de cañones en la base de Rota o el aumento del PIB en Defensa hasta el 2% en 2027 frente al rechazo de Unidas Podemos.

En pleno panorama de comicios, salta el escándalo Pegasus, que suma incógnitas a las relaciones exteriores con Marruecos o el Sáhara. Ni populares ni socialistas consiguen entablar conversaciones para tratar ambos asuntos y, para evitar mayor desgaste, Sánchez recurre a la vía de la investidura y a sus socios para lidiar con ambos asuntos. Entre otros, dando entrada a ERC y EH Bildu a la comisión de secretos oficiales.

Con todo, las elecciones andaluzas confirma el batacazo del PSOE en su principal feudo y la victoria rotunda de Moreno Bonilla con la primera mayoría absoluta del PP en la autonomía. Incluso, con un importante transvase de voto socialista a las filas conservadoras. Ello, cierra completamente la disposición a alcanzar cualquier acuerdo.

Giro a la izquierda

Frente a la ventaja del PP en términos de diálogo económico, Sánchez decide incorporar dos medidas estrella del Plan popular de cara al segundo decreto anticrisis: la bajada del diez al cinco porciento el IVA a la electricidad y ayudas directas. Un hecho, que ponía contra las cuerdas al PP si optaba por rechazarlo y lo sometía al interés del Ejecutivo de abstenerse. A ello, se sumó el anuncio de propuestas como la rebaja del precio del transporte o un impuesto a la banca y a las eléctricas que también a servido para arrinconar a los de Feijóo a la hora de poner en duda quién pagaría finalmente esos costes.

El decreto energético que pasará por el hemiciclo del Congreso para ser convalidado busca, en términos de comunicación política, ser un nuevo marco en el que predominar sobre los populares. Especialmente tras los vaivenes de posición espetados por Feijóo e Isabel Díaz Ayuso en relación a su contenido. Feijóo, como el Partido Popular Europeo (PPE) afirmaba estar de acuerdo con la bajada de las temperaturas en espacios comerciales o públicos, por ejemplo.

A expensas de los nuevos Presupuestas Generales del Estado, que empezarán a elaborarse en el tercer trimestre y pueden demandar de apoyo popular, los puentes económico-social, judicial o en seguridad han dinamitado entre PP y PSOE en favor del electoralismo. Ahora, con el marco ya mencionado de que "el PP no cumple" para contrarrestar cualquier demanda del principal partido de la oposición.