España

El 'plan b' del Ejecutivo tras el frenazo del tribunal de garantías

El Gobierno pisa el freno y aplaza un mes el desbloqueo definitivo del Constitucional

La Moncloa desescala la disputa con el TC, modula el tono y no se lanza a una reforma más delicada aún, la rebaja de las mayorías necesarias para renovar el CGPJ, porque sabe que sería desairar a Bruselas | No fuerza los plazos para que nadie ponga "un pero en el procedimiento"

MADRID, 20/12/2022.- El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños (2-i), se abraza con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), durante el pleno del Senado que debate el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, este martes en Madrid. EFE/ Fernando Villar

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se abraza a la titular de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, tras la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, este 20 de diciembre de 2022 en el Senado. EFE / FERNANDO VILLAR

El final de año político está siendo tan absolutamente vertiginoso que los virajes y el reacomodo de las estrategias se producen no en días, sino en horas. Horas es lo que llevó al Gobierno, de hecho, reajustar su discurso y su respuesta al varapalo del Tribunal Constitucional. De una salida en tromba, casi fúnebre, para condenar una decisión de la «máxima gravedad» de un órgano que tiene a cuatro de sus miembros con el mandato caducado, de una declaración dura del presidente, Pedro Sánchez, en la que desde luego no cerraba la puerta a una reforma tan sensible como la rebaja de las mayorías para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se pasó a un tono más medido y a una réplica legislativa contenida y esperable.

El Ejecutivo no escaló el conflicto. Bajó la pelota al suelo, decidió pisar el freno: no forzará los plazos al máximo para procurarse el desbloqueo del TC, no llevará a sus miembros ante la Justicia, no cambiará las mayorías para lograr tomar el control del CGPJ. La Moncloa quiere pasar a la pantalla siguiente: conseguir el relevo en el tribunal de garantías en aproximadamente un mes, pero siguiendo un procedimiento más escrupuloso y sin echar más leña a la caldera. Una cierta «desescalada» —término empleado por un ministro— que también se apreció a lo largo del día en el PP, que no piensa por ahora en acudir más al Constitucional tras haberse anotado una importante victoria.

La portavoz no cerró la puerta a una rebaja de las mayorías para el relevo en el CGPJ, vía a la que se dio oficialmente portazo horas más tarde

Sánchez compareció pasadas las 11 de la mañana desde la Moncloa. Una declaración institucional, sin preguntas, en la que cargó contra el PP por su «propósito» de retener por «medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas» y contra el TC por haber adoptado una resolución «sin precedentes», por la que su mayoría conservadora «impide que los representantes legítimos» de los ciudadanos «realicen su función de representación». El presidente prometió responder con «serenidad en el estricto cumplimiento de la ley» y también «firmeza» para «hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones».

En ese punto, el líder socialista adelantó que el Gobierno, «conforme» a la ley y la Carta Magna, adoptará «cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales de 2019″. Sánchez no concretó más, no dio pistas de cómo aterrizaría su determinación, aunque parecía no descartar una alternativa [aquí en PDF] que ya estuvo sobre la mesa en el otoño de 2020: rebajar las mayorías necesarias para elegir a los 12 miembros del turno judicial del CGPJ: pasar de los tres quintos a la mayoría absoluta, lo que privaría al PP de la posibilidad del bloqueo. Opción que la Moncloa acabó desechando en abril de 2021 por la desaprobación clara de Bruselas.

Después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Rodríguez, tampoco quiso ir más allá. Hasta en tres ocasiones se le preguntó si el Gobierno descartaba la fórmula de modificar las mayorías para forzar el relevo en el CGPJ. Ella no lo hizo. Se atuvo a las palabras del presidente. «Vamos a estudiar esa resolución del Constitucional, que ha resultado controvertida. Vamos a estudiar los votos particulares [de los magistrados progresistas contrarios a la resolución]. Vamos a trabajar para el estricto cumplimiento de la ley, del mandato constitucional, y de la voluntad popular, este es nuestro campo de actuación».

Sin autocrítica

No hizo autocrítica por la fórmula lanzada por el Ejecutivo para calzar la reforma del TC, vía enmienda a la modificación, también de mucho calado, del Código Penal. Tampoco reconoció errores la titular de Justicia, Pilar Llop, quien vino a expresar que si el Gobierno había llegado a este punto, a tramitar iniciativas sobre «patologías democráticas«, por el incumplimiento «reiterado y constante de la Constitución por parte del PP».

El ‘plan b’ será una proposición de ley con los socios que volcará las enmiendas paralizadas por el TC, pero nada más

Rodríguez y a continuación fuentes del Ejecutivo dejaban «todo» abierto: está en estudio «todo», y «nada se descarta». Pero después, ya por la tarde, fuentes de la dirección parlamentaria socialista sí que dibujaban el itinerario claro que seguiría el Gobierno: una proposición de ley que ya se estaba hablando con los socios habituales para volcar en ella el contenido de las enmiendas. Es decir, que se buscará de nuevo la renovación del TC tocando la ley que le regula —eliminando el requisito de examen previo del pleno de los magistrados que se incorporen y obligando a admitir a los dos designados por el Gobierno si el CGPJ no nombra a los dos suyos— y tocando también la norma del Poder Judicial, para que el órgano tenga que postular sí o sí a sus candidatos porque, de lo contrario, los vocales se expondrían a responsabilidades incluso penales.

Pero solo se hará eso. Nada más. Es decir, que no se aprovechará la proposición de ley para rebajar las mayorías necesarias para renovar el propio CGPJ, pasando de los tres quintos actuales a una mayoría absoluta. Esa es la vía que quiere Unidas Podemos, porque es la que garantizaría el relevo en el órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes de la cúpula socialista recordaban las objeciones que continúa planteando esa fórmula. Primero, que el cambio de mayorías solo podría afectar a 12 de los 20 vocales del CGPJ. Solo a los del turno judicial, porque los otro ocho, que han de ser juristas y abogados de reconocida competencia, han de ser elegidos por mayoría de tres quintos porque así lo exige el artículo 122 de la Constitución.

Segundo, por el reproche de Bruselas: «Ya se hizo la iniciativa en 2020 y no mereció en absoluto buenas palabras por parte de la Comisión Europea, por lo que nosotros lo tenemos aparcado«. El Ejecutivo comunitario precisamente avaló este martes la decisión del TC y reconvino al Gobierno español, al recordar que existen estándares europeos que prescriben que, antes de emprender reformas judiciales importantes, se hagan «consultas previas» con actores como el CGPJ, los jueces o fiscales o el Consejo de Europa a través de su Comisión de Venecia, antes de someterlas a tramitación.

Se tramitará de manera urgente, pero no en lectura única, que habría reducido aún más los tiempos. Se tendrá que habilitar enero

La proposición de ley se registrará esta semana y se tramitará, en principio, por el procedimiento de urgencia, para acortar los plazos a la mitad, pero no en lectura única. Es decir, se elige un mecanismo más ágil, pero no la autopista ultrarrápida, ya que no se prescindirá del estudio y debate de la iniciativa en ponencia y comisión. Se busca, decían fuentes del Ejecutivo, que «nadie pueda poner un pero por el procedimiento«. Con esta fórmula, Sánchez logrará tener culminada la reforma legal en más o menos un mes (y no en 15 días, como había logrado con la lectura única), aunque hay que descontar el parón navideño. Además, para conseguirlo tendrá que habilitarse enero en las Cortes, porque es un mes de vacaciones parlamentarias, igual que julio y agosto, pero ese trámite no es nada excepcional.

Días «muy sórdidos, complicados»

Congreso y Senado presentarán sus alegaciones ante el TC, pero los socialistas no van a promover más procedimientos judiciales en contra de sus magistrados (por ejemplo, por supuesta prevaricación). Tampoco se enredará con la renovación del CGPJ. «Vamos a hacer lo que pretendemos, la renovación del TC, y no nos vamos a meter en más complejidades. Vamos a arreglar esto y ya está«, indicaban fuentes del primer anillo de poder de Sánchez.

Vamos a arreglar esto y ya está», señalan en el Ejecutivo. La Moncloa quiere pasar pronto de pantalla y asegurarse la renovación del TC

Es decir, el Gobierno quiere pasar rápidamente de pantalla, conseguir su objetivo de acometer el relevo de un tercio del TC —lo que significará que el tribunal pasa a tener mayoría progresista—, dar por perdido el recambio en el CGPJ (denunciando, eso sí, el bloqueo que ejerce el PP) y no dramatizar más. Para el Ejecutivo, es clave controlar el Constitucional, porque tiene en sus manos dictaminar sobre leyes capitales aprobadas estos años, como la de eutanasia, la reforma educativa o la laboral. El órgano de gobierno de los jueces, en cambio, no emite sentencias. El TC, pues, es más relevante a efectos prácticos para el Gobierno, y «estaba claro», arguyen, «que no se puede dejar que siga secuestrado», aunque ese desbloqueo definitivo tarde en conquistarse algunas semanas más de lo previsto inicialmente.

Además, los socialistas entienden que tras estos días «duros, complicados, tristes», hasta «muy sórdidos«, se ha puesto «de manifiesto» que era cierto lo que venía denunciando el presidente, un «complot por tierra, mar y aire para tumbar al Gobierno como sea». En la Moncloa sigue preocupando —e irritando— que Alberto Núñez Feijóo dijera hace unos días que no renovaría el CGPJ para «proteger» a los jueces del líder del Ejecutivo, o que enfatizara que la disyuntiva es «Sánchez o España», cuando él es el «presidente legítimo». Para el equipo del jefe del PSOE, el PP pisa un terreno peligroso, «el de la ultraderecha».

Tampoco gustó la comparecencia del líder del PP de este martes, en la que ofreció una «salida» a Sánchez si no quiere convocar elecciones anticipadas: volver a tipificar como delito el referéndum ilegal, mantener el de sedición y las actuales condenas por malversación y «renunciar a controlar a los jueces». «Muy fuerte. Ha estado a la defensiva e intentando volver a desviar el debate. Quería salir del debate a propósito del TC. ¿Pero quién se va a creer a Feijóo ahora cuando habla de renovar el CGPJ después de lo que pasó? ¿Tenemos cara de tontos?», apuntaba una fuente de primer nivel del Gobierno.

Pero, ¿qué había pasado para que el Gobierno mudara en parte su discurso según avanzaba el día? Distintos cargos consultados afirmaron que no había sucedido «nada» en realidad, ni llamada de Bruselas, ni conversaciones con el PP. Algunos mandos apuntaron que quizá a Rodríguez le pillaron «fuera de juego» las preguntas acerca de si cambiarían las mayorías para forzar la renovación del CGPJ, o que tal vez no tenía la información sobre la estrategia que seguiría finalmente la Moncloa. «Nuestra propuesta de volcar las enmiendas en una proposición de ley siempre estuvo en lo alto de la mesa. No es que se haya descartado la idea de rebajar las mayorías, es que nunca estuvo en nuestros planteamientos», señalaban fuentes próximas al presidente.

Los socialistas creen que se ha evidenciado el «complot» del PP con la derecha judicial. Y se felicitan de haber apretado las filas y de apartado el debate de la malversación

«Hay que ganar con inteligencia y tiempo, no ganar a base de golpes —explicaba por su parte un mando de la Moncloa—. A fin de cuentas, malversación y sedición llegan limpias al pleno del Senado del jueves, y ya nadie habla de ellas. El PP no se ha salido con la suya en la reunión del CGPJ de este martes [los candidatos postulados por la mayoría conservadora no fueron elegidos por falta de votos], y ya tenemos los terceros Presupuestos de la legislatura definitivamente aprobados [porque los respaldó sin cambios este martes la Cámara alta]. ¿Qué ha ganado el PP? ¿Tres semanas? Eso es nada».

La decisión del TC, es cierto, ha cohesionado las filas socialistas, y ha logrado apartar del foco público la rebaja de la malversación, un debate que genera inquietud y preocupación en el partido. Baste un botón significativo: el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, salió en defensa del Ejecutivo, a alinearse con Sánchez. Otro más: este martes se desconvocó la Comisión de Derechos Sociales del Congreso que iba a constatar la falta de acuerdo entre socialistas y morados sobre la ley de bienestar animal, que habría decaído por falta de apoyos.

No interesaba al Ejecutivo exhibir una imagen de debilidad justo en una jornada de «reagrupamiento» del bloque de investidura. El Gobierno aspira, es su estrategia, la que lleva desplegando semanas, que los hechos se sucedan con rapidez, y que llegue 2023 limpio de polémicas para volcar sus esfuerzos en la reñida disputa electoral con el PP.

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