España

Comparecencia posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno confía en que no haya rebajas de penas a corruptos pese a la primera petición de revisión de casos

El Ejecutivo no garantiza, sin embargo, que no se producirán reducciones de condena a la entrada en vigor, el jueves, de la reforma del Código Penal | La portavoz incide en que el bipartito persigue "penar todo tipo de corrupción", porque mantiene una política de "tolerancia cero"

MADRID, 10/01/2023.- (De i a d) Las ministras de Trabajo Yolanda Díaz, Política Territorial Isabel Rodríguez y Transición Ecológica Teresa Ribera tras ofrecer la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa en Madrid, este martes. EFE/ Javier Lizón

Las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz; Política Territorial hy portavoz, Isabel Rodríguez, y Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 10 de enero de 2023, en la Moncloa. EFE / JAVIER LIZÓN

Quedan prácticamente horas para la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal, la impulsada por el Gobierno y sus socios que deroga el delito de sedición y rebaja el de malversación. Será el 12 de enero. Pero ya este martes se produjo un primer movimiento, la petición, por parte de la Audiencia Nacional, de revisión de un caso de corrupción para amoldarlo a la nueva legislación. Esa solicitud golpeó en el tejado del Ejecutivo y su reiterada respuesta es que confía en que no habrá modificaciones a la baja de condenas ni se librarán de la cárcel políticos que hayan incurrido en ese delito. Pero no garantiza que no se produzca ese efecto no deseado, el que de hecho temen muchos cuadros socialistas, conscientes de que un rosario de rebajas de penas o excarcelaciones podría lastrarles de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. En la Moncloa entienden que no se repetirá la secuencia que marcó la ley del sí es sí, porque la modificación está más blindada al contener una disposición transitoria que no estaba en aquella norma y que orienta la interpretación de los jueces a la hora de aplicarla.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reivindicó de manera insistente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el «claro compromiso» del Gabinete de Pedro Sánchez en la lucha contra la corrupción, en la «tolerancia cero» a este tipo de conductas, y se aferró a la doctrina oficial de que la reforma, en el BOE desde el pasado 23 de diciembre, no persigue «despenalizar ningún tipo de malversación».

Rodríguez recalca que la solicitud de la Audiencia responde a un mero «trámite procesal», porque el juez pide a la Fiscalía que estudie si debe actualizar su escrito de acusación conforme a la nueva legislación

En la Moncloa inciden en que el caso conocido este martes, y así lo remachó la portavoz, es un mero «trámite procesal», puesto que ha sido el Juzgado Central de Instrucción número 6 se ha dirigido a la Fiscalía para que informe si ha de modificar su escrito, en el que pedía el pase a sumario de la investigación del caso Acuamed, para acomodarlo a la reforma del Código Penal (la ley orgánica 14/2022, de 22 de diciembre). «Se trata de un caso en fase de instrucción. No hay sentencia, no hay condena, se trata de un trámite procesal para que la Fiscalía actualice sus escritos conforme a la normativa que ha de entrar en vigor», señaló la ministra.

Rodríguez subrayó que la modificación no va dirigida a la despenalización de ningún tipo de malversación, sino «todo lo contrario«, ya que incorpora «nuevos tipos penales» y endurece conductas que hasta ahora no tenían reproche penal, como el enriquecimiento ilícito. La reforma deshace el cambio de 2015, que consideraba malversación tanto la apropiación indebida de fondos como el desvío de recursos públicos.

A partir de ahora, se establecen tres tipos de malversación: uno, la apropiación o intento de apropiación de patrimonio público, con ánimo de lucro, para el enriquecimiento personal o de terceros, que integra la conducta más grave (y que mantiene las penas anteriores, de hasta 12 años de prisión en los extremos más graves); dos, el uso de patrimonio público para uso privado, y tres, dar al patrimonio público una aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado. Este nuevo tipo es el que está pensado para que afecte a los dirigentes del procés.

Posibilidad incluso de que no haya cárcel

El Gobierno recalca que no queda ningún espacio de impunidad, porque además se suma el delito de enriquecimiento ilícito: «Este es un Gobierno que lucha, ha luchado y luchará contra la corrupción»

En este caso, el que recoge el nuevo artículo 433 del Código Penal, se castiga a los culpables con penas de cárcel de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, siempre que se pruebe «daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado» el dinero público desviado. Si no lo hubiera, ni siquiera habría prisión: se penalizaría con inhabilitación de uno a tres años y multa de tres a 12 meses.

La portavoz recalcó que la reforma está orientada hacia ese propósito de «tolerancia cero» contra la corrupción, objetivo en el que «seguirá trabajando» el Ejecutivo con la «confianza plena en que la aplicación de estas normas perseguirán este objetivo de no tolerar ningún comportamiento ilícito de aquellos que se quieren apropiar del dinero público».

Rodríguez rehusó contestar si el Gobierno teme una cascada de revisiones de condena. Se enrocó en la defensa de la «orientación» de la reforma y con el «ajuste» que se hizo en la redacción, para «diferenciar el que roba dinero público» a los casos en los que hay un desvío irregular de fondos de la administración, y para añadir la figura del enriquecimiento ilícito, hasta ahora no recogida en el Código Penal, por lo que ya esa conducta no está «impune» y que es «mérito de un Gobierno que tiene como prioridad la lucha contra la corrupción». Y a la pregunta directa de si el Ejecutivo garantiza que no habrá excarcelaciones o reducciones de pena, como ha ocurrido con la ley del solo sí es sí, nueva evasiva: «Lo que le puedo asegurar es que el Gobierno persigue penar todo tipo de corrupción«, tanto la de aquellos que «se lo llevan para sí», como cuando hay un «uso irregular en la gestión», como los de aquellos que «se enriquecen a costa de su desempeño público y que hasta ahora salían de rositas». «Este es un Gobierno que lucha, ha luchado y luchará contra la corrupción», remachó.

El Ejecutivo cree que no sucederá como en el ‘sí es sí’, ya que en este caso sí se introdujo una disposición para evitar las revisiones de pena

Fuentes del Ejecutivo insistieron en que la situación no es análoga a la de la ley del sí es sí, porque en esta reforma del Código Penal sí se introdujo una disposición transitoria que faltó en la normativa impulsada por Igualdad, que especifica que no cabe la revisión de pena si la duración de la condena impuesta cabe dentro de la horquilla que fija la nueva legislación. «Ningún ladrón va a salir de la cárcel«, aseguraban desde la Moncloa con rotundidad.

Respecto a la modificación de la ley del sí es sí, que reclaman barones socialistas como el madrileño Juan Lobato, el Ejecutivo busca hacer ver que ahora no toca, porque corresponde esperar. La ministra insistió en que la norma se redactó con el objetivo «bien claro» de protección de las mujeres y de persecución de «cualquier tipo de agresión sexual«. El Gobierno, señaló, «confiaba en la interpretación clásica de la doctrina» —es decir, que no hay por qué rebajar la pena si entra en la horquilla de la nueva norma—, pero a la vista de que resultó insuficiente, siguió, se introdujo una enmienda en la exposición de motivos del último cambio del Código Penal precisamente para aclarar la voluntad del legislador. Además, el Ejecutivo se remite a la opinión expresada por la Fiscalía General del Estado y al análisis «caso por caso» que prescribió el Supremo. El Gobierno, pues, sigue «confiando en que se vaya a producir la unificación de doctrina».

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