España

El Consell presenta sus alegaciones ante el Consejo de Estado

La guerra del agua se cruza en el arranque de la precampaña del PSOE para el 28-M

El Gobierno intenta aplacar la batalla del 'president' Ximo Puig en defensa del trasvase Tajo-Segura, que a su vez le enfrenta a García-Page | La primera reunión del coordinador de campaña con las federaciones socialistas se desarrolla sin tiranteces ni peticiones de que Sánchez no esté presente en los territorios

MADRID, 10/01/2023.- La ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, duarnte la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa en Madrid, este martes. EFE/ Javier Lizón

La vicepresidenta tercera del Gobierno y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 10 de enero de 2023, en la Moncloa. EFE / JAVIER LIZÓN

El temor a un goteo de revisiones de penas por la rebaja de la malversación no se ha evaporado en el PSOE, en absoluto. Sigue estando presente, aunque el Gobierno confía en que la reforma no beneficiará a políticos corruptos. Pero entretanto se ha cruzado, a menos de cinco meses de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, otro elemento de distorsión para el partido: el peligro de una reedición de la guerra del agua, por el enfrentamiento entre Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana y Murcia —las dos primeras gobernadas por los socialistas— y por la batalla que el president Ximo Puig está dando contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en defensa del trasvase Tajo-Segura. La tensión crece a las puertas de la manifestación, este miércoles, de los regantes levantinos frente al Ministerio de Transición Ecológica.

Puig quiere evitar que el conflicto escale, convencido de que «la confrontación y las guerras del agua no sirven para nada» y de que por tanto hay que buscar puntos de encuentro, pero «evidentemente desde la defensa nítida de los intereses de los regantes y de la Comunitat Valenciana», manifestaba el jefe del Ejecutivo valenciano este martes desde Bruselas.

Su equipo daba a conocer horas antes el contenido de las alegaciones presentadas por el Consell al Consejo de Estado, en las que pide a su presidenta, la exministra socialista Magdalena Valerio, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto [aquí en PDF] que afecta al plan hidrológico y en el que se incluye la regulación del acueducto Tajo-Segura. El Gobierno de Puig considera que ese proyecto de real decreto no se ajusta a la legalidad puesto que fue cambiado, «posteriormente y sin previo aviso», un texto que fue sometido a votación «y aprobado por el Consejo Nacional del Agua» el pasado noviembre.

La vicepresidenta tercera lamenta la «tergiversación de la realidad en favor de un territorio, con determinadas pancartas de determinados grupos políticos»

Pero al Ejecutivo de Sánchez, y así lo manifestó tras el Consejo de Ministros este martes la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no le gusta nada que se esté haciendo una «tergiversación de la realidad en favor de un territorio, con determinadas pancartas de determinados grupos políticos». Unas palabras que podían entenderse como una crítica hacia Puig por hacerle el juego a la derecha, que este 11 de enero se manifiesta, junto a los regantes, a las puertas de su departamento. Ribera también reclamaba que no se vuelva al pasado, a una guerra del agua donde se haga lo que se haga y se invierta lo que se invierta, «siempre hay una diana a la que disparar».

El corazón de la disputa se encuentra en la reunión del pasado 29 de noviembre del Consejo Nacional del Agua, el órgano consultivo superior encargado de la planificación hidrológica en España y en el que están representados el Estado y las comunidades autónomas, pero también los organismos de cuenca y las organizaciones profesionales, económicas y ecologistas, de carácter nacional, relacionadas con los distintos usos del agua. El Gobierno alega que «algunas comunidades y usuarios» —en referencia a la Comunidad Valenciana— plantearon en esa cita una propuesta para introducir una disposición adicional.

Planteamiento «sumamente innovador»

Pero esa «propuesta de último minuto», dijo Ribera, rompía el consenso alcanzado, fue rechazada y suscitó «múltiples críticas por el Consejo Nacional del Agua en ese mismo encuentro». Así que Transición elevó al Consejo de Estado el documento «acordado en la reunión» y que, según insistió la vicepresidenta, es «sumamente innovador», puesto que contiene una planificación hidrológica para el periodo 2022-2027 que «responde a la realidad del cambio climático» y que introduce por primera vez el concepto de caudal ecológico en la cuenca del Tajo, la única que no lo tenía y que es una «anomalía histórica«. El caudal ecológico es el flujo mínimo de agua necesario para preservar un río, que permita la vida de aves, peces, flora y fauna, y que sin él desaparecería la biodiversidad y se pondría en riesgo el agua de consumo humano.

Transición niega que la disposición a la que se aferra Puig fuera aprobada: el texto trasladado al Consejo de Estado fue el «acordado en el Consejo Nacional del Agua», en noviembre

Transición recuerda, igual que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, que cinco sentencias del Tribunal Supremo, todas de 2019, obligan a fijar un caudal ecológico para el Tajo, y el Gobierno «está obligado a cumplirlas». Ribera aseguró que comprende la «preocupación» de los territorios respecto a un recurso tan «sensible» como el agua, pero ha de «preservar el interés general» y ofrecer soluciones, dicen en su equipo, «realistas a todas las partes».

Puig no está de acuerdo con la argumentación del Ejecutivo central. El Consell, y así lo hace valer la Abogacía de la Generalitat Valenciana en su escrito de alegaciones ante el Consejo de Estado, se agarra al «cambio de redacción» que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto [aquí en PDF], que vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua. El nuevo texto, que denuncia el Gobierno de Puig impuso unilateralmente Ribera, fija «unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tener en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas», lo que supone un «grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura».

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El Consell entiende que se ha tomado una «decisión arbitraria» por parte de Transición que «no ha sido sometida a los principios de participación ciudadana y concertación» y por tanto podría haberse producido una «nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo». Así, juzga que «se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia». Las alegaciones de Castilla-La Mancha, por su parte, respaldan las razones aportadas por el Gobierno de Sánchez. «Por primera vez» la región «está dando la vuelta» al problema del agua, advertía Page este martes desde Toledo, recalcando que las sentencias que ha ganado la comunidad en el Supremo «están obligando a cambiar la política hidrológica» y que tanto el cambio climático como la situación que vive el Tajo es algo «muy serio».

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Puig pedía este martes desde Bruselas que «si se produce un acuerdo en el Consejo Nacional del Agua, se tiene que respetar» o, en todo caso, volver a convocar este órgano y tomar «otra decisión». Es decir, que se regrese a la redacción de la disposición adicional novena defendida por Valencia (y respaldada por Murcia) y se haga un planteamiento «desde el diálogo», al que la Generalitat está «permanentemente abierta».

También ayudas al agua desalada

El president reclamó, por un lado, soluciones «inmediatas» para que el precio del agua desalada «sea aceptable» y competitivo para los agricultores, y por otro, de manera estructural, se tenga en cuenta que se está hablando de una transición, en la que todas las inversiones, que la Generalitat «aplaude», se tienen que ejecutar con un «plazo determinado y acompasadas a la menor percepción de agua del acueducto». La posición del Consell es que el trasvase del Tajo es «irrenunciable» y que todas las obras que vengan a dotar al río de mayor vida, de mayor agua «por la depuración de las aguas de Madrid», impidan que tenga que crecer necesariamente el caudal ecológico en los años posteriores a 2025. El interés del Gobierno valenciano, sostuvo, es arreglar «definitivamente el problema del agua» y garantizar a los agricultores que tengan «agua para siempre» a través de la desalación, de la regeneración, de las aguas subterráneas «y, por supuesto, del trasvase Tajo-Segura».

Puig señala que «si se produce un acuerdo en el Consejo Nacional del Agua, se tiene que respetar» o, en todo caso, volver a convocar este órgano y tomar «otra decisión»

Para Castilla-La Mancha, según indicaban a este diario fuentes del entorno de Page, la pretensión de Valencia es «que todo siga igual como en los últimos 44 años, y eso es imposible», no solo por los avisos del Supremo, sino también de la Comisión Europea. Ribera, por su parte, insistía en que «no basta hablar de volúmenes promedio de agua», porque «hay que estar preparados para los dos excesos: los años con ciclos mucho más largos de extrema sequía [2022 fue el año más cálido, según Aemet, y uno de los más secos desde que hay registros históricos en España] y los periodos de inundaciones enormemente duros». Por eso solo caben, añadió, soluciones pragmáticas, «realistas» y constructivas. «Lo peor sería pensar que se depende exclusivamente de haya agua en cabecera de Tajo —avisó—, porque nos encontraríamos, como se encontró la ministra [Isabel García] Tejerina [del PP], teniendo que reducir el trasvase a cero durante meses [de junio de 2017 a marzo de 2018]. Esto sí que sería enormemente dramático».

Varios miembros del Círculo por el Agua se concentran en defensa del Trasvase Tajo-Segura, ante el Palau de la Generalitat Valenciana, el pasado 20 de diciembre de 2022, en Valencia. EUROPA PRESS / ROBER SOLSONA

La vicepresidenta aseguró que la planificación hidrológica para el periodo 2022-2027 responde por primera vez al cambio climático, y recalcó que los planes hidrológicos incorporan más de 8.000 millones de inversión en ese periodo, que se repartirán entre Murcia (1.100 millones), Alicante (540 millones) o Almería (44 millones). Dinero, dijo, destinado a incrementar en más de 150 hectómetros cúbicos la desalación, aumentando «con creces el volumen de agua que se necesita», para facilitar la reutilización, invertir en energías renovables y que el coste del agua sea asequible para los agricultores. El objetivo es, pues, dotar a la cuenca demandante de un escenario de estabilidad hídrica. El ministerio sí está dispuesto a dar más ayudas al agua desalada, una de las demandas de Puig.

El ministerio remarca que ha elaborado un plan de inversiones de 8.000 millones para dotar a la cuenta levantina de estabilidad hídrica

En el equipo de Ribera, también frente a las críticas del PP, se insiste en que la gestión «prudente» de los escasos recursos hídricos ha permitido garantizar los volúmenes para el abastecimiento de agua en el periodo 2018-2022: 1.229 hm3 trasvasados en esos cuatro años por los 829 hm3 transferidos entre 2014 y 2018. Y, para «desmontar el relato ficticio de un imaginario plan ideológico para acabar con el trasvase», recuerdan que si se excluye el año hidrológico 2017-2018 en el que el sistema estuvo en nivel 4 y la norma no permite trasvase alguno, y se compara el periodo 2014-2017 (con Mariano Rajoy en la Moncloa) con el de 2018-2022, resulta que en el primero se transfirieron 780 hm3, y en el segundo, con Sánchez en el poder, 861 hm3.

¿Cabe algún punto de encuentro para conciliar las posturas? A priori, parece difícil. En Transición Ecológica subrayan que no es posible «saltarse cinco sentencias del Supremo». «Y el acuerdo del Consejo Nacional del Agua es el que se ha remitido al Consejo de Estado», remachan.

«Ninguna intervención discordante»

Así las cosas, el trasvase Tajo-Segura es el punto de fricción más caliente y público entre el Gobierno y las comunidades lideradas por barones socialistas. Pero, dejando aparte esta cuestión, la relación de Ferraz y los territorios no es, por el momento, tensa, y se comprobó este martes en la reunión en la sede federal entre la cúpula de Sánchez —liderada por su secretario de Organización y coordinador general de campaña, Santos Cerdán— y todos los responsables de los aparatos autonómicos, incluido el PSC. Fuentes tanto del cuartel general como mandos asistentes a la cita coincidían en el relato: el ambiente de la convocatoria, que duró «unas dos horas y media», fue cordial, «fructífero«, «en positivo» y sin tiranteces. «No hubo ninguna intervención discordante», señalaba una responsable de Organización regional; «todo buen rollo«, apuntalaban otros dos compañeros.

Sánchez estará, entre precampaña y campaña, «en todas las comunidades, y también en Aragón y Castilla-La Mancha», cuyos presidentes, Lambán y Page, son claramente más críticos con Ferraz

No hubo peticiones de ninguna federación, según afirmaban esas mismas fuentes de la dirección federal y de los territorios, de que Sánchez modere su presencia en las campañas autonómicas. Es más, se reclamó la asistencia del presidente «en multitud de actos municipales, provinciales o regionales». Ferraz ya había anticipado la víspera que la participación del líder de cara al 28-M sería «máxima».

Así, Sánchez estará, entre precampaña y campaña, «en todas las comunidades, y también en Aragón y Castilla-La Mancha», cuyos presidentes, Javier Lambán y Emiliano García-Page, son claramente más críticos con el jefe del Ejecutivo. También se demandó la colaboración de los ministros, además de los miembros de la dirección. En una federación más lejana de Ferraz advertían de que la reunión de este martes, de carácter más «técnico«, no podía entrar al fondo ni a la estrategia, y por tanto las presencias de los responsables federales y del Gobierno se concretarán en las citas bilaterales que se celebren de ahora en adelante.

Distintos dirigentes consultados hacían hincapié en el mensaje de ánimo de los presentes, de las «ganas de ganar«, de la necesidad de «trabajar y pelear», de apostar por «novedades» en el despliegue de la campaña del 28-M. También hubo consenso en que hay que explicar y «vender» la gestión del Gobierno de Sánchez, aterrizando su aplicación y despliegue en cada territorio. No se escucharon críticas ni tampoco temores por el posible impacto de la rebaja de la malversación. «Hubo unanimidad en la forma y en el fondo», valoraba un cuadro territorial; «en Ferraz tienen bastante programada ya la campaña y nos han hecho un avance», relató otro mando regional.

Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y coordinador general de la campaña del 28-M, durante la reunión con los secretarios de Organización regionales del partido, este 10 de enero de 2022 en la sede de Ferraz. FLICKR PSOE / EVA ERCOLANESE

Para marzo tienen que estar cerradas las listas, que habrá de sancionar posteriormente el comité federal, y en abril, quizá en la segunda quincena, tendrá lugar la convención municipal, el último gran acto de precampaña. No habrá, por ahora, una conferencia autonómica aunque en Ferraz incidían este martes en que en absoluto se renuncia a una foto de unidad con los barones. Primero, habrá que encajar el calendario del presidente, muy apretado también por su agenda internacional. «El PSOE sale a ganar, con argumentos y datos que lo avalan. Salimos a ganar en cada plaza, con un proyecto de progreso que trae más esperanza, más igualdad, más futuro y nuevas oportunidades», resumió Cerdán al término de la cita en Ferraz.

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