España

El choque más grave en la coalición de toda la legislatura

PSOE y Podemos recrudecen su guerra por el 'sí es sí' a un mes del 8-M

Llop encoleriza a los morados al decir que basta una "herida" para demostrar la violencia, y que eso es "sencillo" de probar | Para los socios minoritarios del Ejecutivo, es la confirmación de que los socialistas quieren volver "al Código Penal de La Manada" | Sánchez verbaliza que no se frenará, aunque no están claros ni los apoyos ni los tiempos de su proposición de reforma

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una sesión plenaria de control en el Senado, a 7 de febrero de 2023, en Madrid (España). Durante el pleno, se han tratado temas como la tasa de desempleo juvenil -de la que el Estado español tiene más alta, según un estudio de la Comisión Europea de enero de 2023-; la destitución del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla o la infiltración de policías en los movimientos sociales y las relaciones sexuales como vía para acceder a información íntima de las personas investigadas.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la sesión de control al Gobierno de este 7 de febrero de 2023 en el Senado. EUROPA PRESS / RICARDO RUBIO

Solo han transcurrido apenas unas horas desde que PSOE y Podemos materializasen su cisma en torno a la reforma de la ley del sí es sí y las posiciones se enconan, sin que haya visos de que la guerra dentro de la coalición se reconduzca. Los dos socios van al choque de trenes, cada uno con sus argumentos, con sus relatos. El Gobierno no se romperá, siguen asegurando ambos, pero la tensión interna continúa escalando sin que se atisbe el final. Y sin que se despeje aún, por cierto, la suerte de la iniciativa legislativa registrada en solitario el lunes por los socialistas.

El carrusel no se para cuando queda justo un mes de una fecha simbólica y capital para el feminismo, el 8 de marzo. Los dos miembros del Ejecutivo jalonaron la jornada de reproches, con duros intercambios dialécticos. Primero, la ministra de Justicia, Pilar Llop, con su irritada descarga a primera hora contra Igualdad en la SER. Después, la cúpula de Podemos, empezando por la responsable de Igualdad, Irene Montero, acusándola de defender a las claras la vuelta al "Código Penal de La Manada", de querer regresar al "esquema penal de la violencia o la intimidación, que es un calvario probatorio". La escalada empieza a preocupar a algunos dirigentes socialistas, que no alcanzan a ver cuál puede ser el punto final. Escalada que empantana la acción del Gobierno mientras aún continúa el goteo de revisiones de penas: ya son más de 400 las reducciones a agresores sexuales.

Llop también busca combatir el relato de Igualdad: no puede salir más "barato" agredir a una mujer con violencia que un robo con fuerza

Llop se había mantenido silente en los últimos dos meses, pese a ser una de las ministras concernidas directamente en las negociaciones para intentar tapar los agujeros del sí es sí. Pero el último fin de semana, cuando se apuraba el plazo, desde su entorno ya emitían luces rojas. El acuerdo parecía imposible, porque Igualdad rechazaba la fórmula propuesta por Justicia para elevar las penas: crear un subtipo agravado para que los jueces impongan a futuro condenas más altas en aquellos casos de agresión sexual en los que concurra violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima. Montero sí aceptaba subir las penas, pero no por ese camino, que a su juicio suponía volver a situar la violencia en el centro y desplazar el consentimiento de la víctima como eje. Su planteamiento era incluir la violencia como un agravante, una solución inviable para Llop pues supondría disparar las penas, hacerlas desproporcionales.

Este martes, la titular de Justicia, jueza de profesión, estalló en la radio. Insistió en que urge resolver el "desajuste de penas" que se ha evidenciado en las revisiones y "pensar en las víctimas", porque la situación es "muy grave". "No es de recibo que con esta ley se haya producido una bajada de penas y salga más barato agredir sexualmente a una mujer con violencia o intimidación que robar. El robo con fuerza está castigado con una pena de dos a cinco años de prisión y la agresión sexual con violencia e intimidación tiene una pena menor, de uno a cuatro años, y esto lo tenemos que corregir". Con la reforma, en efecto, se castigará con entre uno a cinco años de cárcel, como ocurría antes.

Pero lo que soliviantó más a Podemos fue este pasaje de la entrevista en Hoy por hoy: "Ahora, si se demuestra que hay violencia o intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento". La ministra aludía al artículo 178.2 del Código Penal, que la reforma planteada por el PSOE no toca, que indica que se considera agresión sexual —luego no hay consentimiento— "los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima", o los que se ejecuten sobre personas privadas de sentido o tengan anulada su voluntad.

Podemos se indigna porque la violencia no siempre es fácil demostrarla y supone mostrar las "marcas" dejadas en el cuerpo

"Si probar la violencia en una agresión sexual es tan sencillo, ¿por qué en el 2021 de 4.000 sentencias sólo 500 mujeres pudieron probarla? —escribió en Twitter la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra—. Otra vez el foco en las mujeres, en cuánto nos resistimos, en si cerramos las piernas. Es el modelo de La Manada, no el del consentimiento". Para Pablo Echenique, portavoz parlamentario de los morados, Llop estaba "confirmando" la voluntad del PSOE de regresar al Código Penal anterior. La titular de Justicia recibió una cascada de críticas por parte de dirigentes de Podemos, también del exvicepresidente Pablo Iglesias. Lo cierto es que el Supremo revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y elevó las penas de 9 a 15 años por la violación grupal a una joven en los sanfermines de 2016.

"Supone un calvario probatorio"

"Que todas las mujeres sepan que sabemos que no es fácil probar la violencia o la intimidación —respondió Irene Montero a Llop su llegada al Senado este martes por la tarde—. Más bien al contrario, supone un calvario probatorio, supone tener que demostrar las heridas, las marcas de esa violencia en el cuerpo, y eso con el sí es sí se acabó: todo lo que no sea consentimiento es agresión sexual y es lo que vamos a preservar ahora, no volver al Código Penal de La Manada", basado "en la violencia o la intimidación, que suponía que a las mujeres les preguntasen si habían cerrado bien las piernas o si se habían resistido". La ministra de Igualdad reconoció que se está ante un momento "difícil" porque la reforma planteada por los socialistas es "un posible retroceso en los derechos de las mujeres". Ese modelo, el anterior al sí es sí, "hace que las mujeres huyan" del sistema judicial, añadió ya después en el hemiciclo a una pregunta de la senadora del PP Patricia Rodríguez Calleja.

La vicepresidenta Díaz intenta equilibrar y llama a la "serenidad" en el Gobierno. Cabe el acuerdo, subraya, si el consentimiento sigue en el centro

Mientras, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, intentó guardar el equilibrio, como había hecho la semana pasada, sin asumir las duras palabras de Montero pero sin alinearse tampoco con el PSOE. La dirigente gallega llamó a la "serenidad" dentro del Gobierno y a "cuidar más que nunca la coalición", a encontrarse y "tender la mano", porque el camino es seguir "ensanchando derechos". Si se trabaja de forma conjunta y se sitúa "el consentimiento en el centro", los socios podrán ponerse de acuerdo, informa Europa Press. Y es que la colisión de PSOE y Podemos también coloca a Díaz en una posición incómoda, en un fuego cruzado justo cuando intenta impulsar su plataforma Sumar.

Los socialistas evitaron dar la réplica directa a Podemos, pero lanzaron señales de que no se frenarán en su propósito firme de corregir el sí es sí. El presidente lo verbalizó ante sus diputados y senadores en el Congreso: tras elogiar una "buena ley", reconoció que se han probado sus "efectos indeseados". "Y me quedo corto", dijo, mordiéndose la lengua y dando a entender que las goteras de la ley son enormes. "Existe un problema, porque se han producido rebajas de penas. La pregunta es qué se hace cuando un problema se plantea y la respuesta es evidente: utilizar el diálogo, pero resolver el problema". Automáticamente, los parlamentarios socialistas le arroparon con un vivo aplauso, en señal de aprobación y de alivio por la angustia vivida en los últimos meses ante el escalofriante goteo de reducciones de condenas que martillea al Gobierno y a los candidatos del partido a muy poco tiempo ya del 28-M. "Vamos a hacer lo que hay que hacer, lo correcto, de sentido común: defender la ley y corregir el problema a futuro", remachó.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, no desautorizó a Llop en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero su rostro evidenciaba la incomodidad durante la comparecencia. En la Moncloa, altos mandos consultados preferían guardar un significativo silencio preguntados por su opinión sobre las palabras de la titular de Justicia. Parlamentarios socialistas sí señalaban que quizá ella "metió la pata", que "no era el momento" de cargar contra los morados.

Otros miembros de la cúpula en Ferraz sí salían en su defensa: "Pilar es como Bambi en una jauría y no es una mujer política. Es una jueza. Ha estado demasiado callada cuando tenía que haber marcado más el mensaje y ha estallado este martes". "Ella ha estado muy dura —observaba una ministra—, y está muy harta. Pilar se sabe muy bien la parte técnica, lleva desde noviembre trabajándola, y es jueza especialista en violencia de género. Ellas [el equipo de Montero en Igualdad] son unas indocumentadas y sacan de quicio a cualquiera".

Aunque hay dirigentes que dudan de que Llop estuviera acertada, la Moncloa la impulsa este miércoles con tres entrevistas en la tele

De cualquier modo, la Moncloa no ha optado por relegar a Llop: este miércoles, ella dará la cara, además de en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en Telecinco, Antena 3 y La Sexta. La titular de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, sí apuntaba este martes a los periodistas en el Senado que es Justicia el ministerio que puede dar "una mayor garantía" para preservar el consentimiento y agravar las penas, los dos objetivos de la reforma decidida por Sánchez. Es Justicia el que tiene a las personas expertas y es el que tiene a la Comisión de Codificación" y es el que puede dar una mejor garantía a esas dos cuestiones", informa Europa Press. Un espaldarazo, por tanto, a la labor de Llop y su equipo.

Incertidumbre sobre el futuro

En la dirección socialista admiten que la "tensión" en la coalición no es sostenible en la coalición por mucho tiempo. "Veremos cómo acaba esto, pero no es buena para nadie", valora una responsable de la cúpula. Y ahí está la duda, cómo acabará este último choque entre PSOE y Podemos, el más grave desde el arranque de legislatura, por la relevancia de sus protagonistas y porque se trata de una ley bandera de los morados, que lleva acumulando desencuentros desde el comienzo de la andadura de este Gobierno. "Solo quieren reventarnos a nosotros y ellas no son conscientes de la mala imagen que están dando", sentencia otro mando de Ferraz. Un miembro del Consejo de Ministros cree que Sánchez no debería propiciar que el conflicto entre los socios "escale", porque podría volverse "contra él", al lanzar el mensaje de que "no controla a su propio Ejecutivo". Porque si algo tienen claro los socialistas es que las ministras de Podemos no se marcharán. Precisamente por lo que dijo el lunes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam: porque Podemos seguirá buscando el "acuerdo" para evitar el "retroceso" en el sí es sí.

Si se siguieran los cauces ordinarios, la iniciativa podría no ser debatida en pleno hasta el 7 de marzo, pero la Moncloa estudia opciones

Los socialistas tienen su proposición de ley de reforma registrada [aquí en PDF], pero no hay ningún paso más avanzado. La iniciativa no fue calificada este martes por la Mesa del Congreso. El orden del día del órgano de gobierno de la Cámara baja se cierra habitualmente el sábado anterior a la reunión del martes, de forma que lo que se presenta después de ese tope es admitido a trámite, de forma ordinaria, a la siguiente semana. En este caso, los socialistas habrían tenido la opción de llevar el texto en mano a la cita de este 7 de febrero para demandar su calificación, pero ese procedimiento, admiten fuentes parlamentarias, es "muy extraordinario". El PSOE ha preferido no forzar la máquina, dicen en la dirección.

El problema es que si la proposición se califica el próximo martes, 14 de febrero, y se siguen los trámites ordinarios, no sería tomada en consideración por el pleno —primer trámite parlamentario, por tanto— hasta el 7 de marzo. ¿Por qué? Porque el orden del día de la sesión del 21 de febrero se configura una semana antes en base a las iniciativas aceptadas antes. El PSOE podría alterarlo si recaba la unanimidad de los grupos —muy improbable, porque los morados quieren frenar el texto— o forzar la convocatoria de un pleno extraordinario para el día 23. La siguiente ventana de oportunidad llegaría el 7 de marzo (un mes después del registro, por tanto), porque en la semana del 28 de febrero no están agendadas sesiones plenarias.

La Moncloa estudia las opciones disponibles para acelerar la tramitación de la proposición sin forzar en exceso la máquina. Podría solicitar una reunión de la Mesa para esta misma semana, para que la calificara y pudiera entrar en el orden del día del 21 de febrero. En cualquier caso, fuentes gubernamentales indican a este diario que quieren comprobar si el presidente de Vox, Santiago Abascal, anuncia este miércoles que presenta la moción de censura liderara por el ex del PCE Ramón Tamames. En ese caso, la jefa del Congreso, Meritxell Batet, deberá señalar un pleno extraordinario para su debate y votación.

Los socios se muestran fríos con la propuesta del PSOE y piden a los miembros del bipartito que primero se pongan de acuerdo entre ellos. Pero hoy parece difícil

Pero el problema lo encuentran los socialistas sobre todo en los apoyos. Los socios habituales se sienten fríos. La mayoría acogió el texto con recelo y se sintieron más próxima a la línea defendida por la titular de Igualdad y, en todo caso, pidieron a PSOE y Podemos que se pongan de acuerdo entre ellos y no les trasladen a ellos la responsabilidad. Pero no será fácil reconducir las cosas entre socialistas y morados, por las discrepancias profundas y la cercanía de las urnas y del Día de la Mujer, el 8-M, la fecha para la que, por cierto, el Gobierno aprobó, ya entre fuertes disputas, el anteproyecto de la ley del sí es sí.

El PSOE, dijo la titular de Hacienda, está "abierto" a acuerdos, tanto con UP como con el resto de grupos. "Cuantos más, mejor", señaló, abriéndose de nuevo a recibir los votos del PP. Ferraz no se cierra a esa opción, aunque no es la preferida ni negociará con los populares, que siguen mostrando su disposición a apoyar el texto de los de Sánchez, muy similar al suyo. El escenario está envenenado para el Gobierno. Cualquier salida no está exenta de consecuencias. Los socios están atrapados en una auténtica ratonera.

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