El PSOE duda de que Irene Montero quiera "de verdad" reformar el 'sí es sí'

La modificación de la ley del sí es sí continúa atascada. Y sin visos de que el túnel en el que ha entrado el Gobierno halle una pronta salida. Los dos socios se encuentran sumidos en una profunda crisis, en una agotadora reyerta a ojos de todos en el peor momento político, a escasos tres meses y medio de unas decisivas elecciones autonómicas y municipales. Una guerra que está erosionando a los dos, al PSOE y a Podemos, y de la que ambos pueden salir malparados. La escalada dialéctica se ha ido frenando, con la esperanza de que ahora se abra un tiempo de negociación parlamentaria callada que permita acercar posturas. Tregua a la que contribuyó que finalmente los morados cedieran y salvaran una de sus leyes, la de bienestar animal. Estaba en peligro y, de caer, habría multiplicado la dimensión del conflicto. Pero ese apaciguamiento temporal, convienen las dos partes, no supone que el cambio del sí es sí se encarrile: son dos cauces distintos.

El ala socialista del Ejecutivo incidía este jueves de transición en este apunte: "Lo importante es que todo el mundo quiera reformar la ley". Y enlazaban con esta pregunta: "Porque, ¿qué propuesta tiene Podemos? ¿O es que no quieren de verdad reformar la ley?". La suspicacia que expresa el círculo de confianza del presidente se hace más evidente ahora, tras el desgaste de varios días de fuego cruzado.

Los socialistas emplazan a sus socios a enseñar su propuesta. Podemos cree que no es buen método negociar filtrando documentos

Y lo que late es la sensación de que, por mucho que la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya mostrado su disposición a "ceder", a subir las penas, a aceptar las "condiciones" del PSOE —con una línea roja, no tocar el consentimiento de la víctima, no volver al "Código Penal de La Manada" reintroduciendo la violencia o intimidación como elemento decisivo para graduar las penas—, en realidad el suyo es un discurso más para la galería. Es decir, sospechan los socialistas que Podemos no está tan convencido de que sea necesario endurecer las penas. Justo el aspecto irrenunciable que ponen Ferraz y la Moncloa sobre la mesa, además de la preservación del consentimiento —eso esgrimen— en el centro.

Montero ha insistido en los últimos días, y lo repitió este jueves en la SER, en que planteó seis propuestas al Ministerio de Justicia, que fueron rechazadas. Pero los documentos no han trascendido públicamente, advierten en el PSOE. La titular de Justicia, Pilar Llop, sí relató que Igualdad quería que la violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima apareciera en todo caso como un agravante. Formulación que Llop vio inviable porque elevaría de manera "muy desproporcionada" las penas, ya que por ejemplo una agresión sexual sin penetración pero con violencia pasaría de un castigo de uno a cuatro años de cárcel a otro de dos a ocho años.

Justicia, en cambio, propone crear un subtipo agravado. Es decir, que se mantenga la condena de uno a cuatro años para una agresión sexual sin violencia y se eleve a entre uno y cinco para cuando sí la haya. Y, en los casos en los que haya penetración (violación), se quede en cuatro a 12 años de cárcel cuando no concurra la violencia a entre seis y 12 años cuando sí medie. Y así sucesivamente con el resto de tipos.

Para Igualdad, este esquema es inasumible porque supone volver, de facto, a la anterior división de abuso y agresión y desvirtuar el consentimiento. Al "Código Penal de La Manada". "En todo caso, si se considera la violencia un agravante", observan desde el ala socialista del Gobierno, "también habrá que demostrarla". En Podemos subrayan que Montero sí se ha movido en estos dos meses de tira y afloja con Justicia, rehúsan contestar a las acusaciones del PSOE y señalan que filtrar documentos no es la mejor manera de negociar.

Conversaciones paradas

Las conversaciones entre los socios se hallan, de momento, paradas, según reveló Montero en la SER. Admitió que lleva días sin hablar con Llop. "Deseo volver a negociar cuanto antes porque hay margen de acuerdo", sostuvo la ministra en la radio de Prisa para resaltar que no fue ella quien se "levantó de la mesa" porque busca una "respuesta unitaria para la víctimas y para la sociedad". En concreto, precisó que no había charlado con ella desde que afirmó, también en la SER, y fue este martes, que era "sencillo" probar la violencia, que bastaba una "herida". No hablaron "ni en el Consejo de Ministros", a pesar de que "la relación entre los socios" hace que tengan "comunicación permanente". "Hay muchas opciones para encontrar un acuerdo no solo en la parte penal, sino en dar una respuesta integral", sostuvo. Justicia ha repetido que el problema de la ley son las rebajas de penas.

Bolaños y Montero, los interlocutores con los grupos, hablarán con todos, y también con el PP, para corregir una norma "imperfecta" para la que se propone una reforma "impecable"

Que la voluntad es llegar a un pacto entre los socios también lo proclama el brazo socialista del Ejecutivo. Pero la diferencia es que el punto de partida es la propuesta de Justicia plasmada en la proposición de ley registrada en el Congreso. Para el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, hay un consenso "amplio" en la Cámara para subir las penas por agresión sexual sin tocar el consentimiento, consenso también para "corregir" la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Una norma que se ha demostrado "imperfecta" frente a la iniciativa "impecable" planteada por el PSOE. "Con esos consensos no me cabe ninguna duda seremos capaces de construir una mayoría para modificar la ley", sostuvo Bolaños en una entrevista en Onda Cero, quien calificó de técnicas las diferencias con los morados.

Ley 'solo sí es sí: "Todo el Gobierno es responsable"

El ministro anticipó que hablará con todos los grupos, incluido el PP. Él será quien a partir de ahora pilotará las conversaciones, de la mano de la vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda, María Jesús Montero. Los dos son los interlocutores habituales en el Parlamento, y ahora deberán buscar los votos para la iniciativa. Montero, en RNE, igual que Bolaños, aseguró que confía "plenamente" en Llop y en los técnicos de su ministerio y defendió su reforma como "la mejor propuesta técnica" para evitar condenas bajas a futuro. "Ojalá todos los grupos la apoyen", indicó, sin descartar al PP. Y aunque aún espera aprobar un texto con el apoyo de Unidas Podemos. "Pero lo que hay que tener claro es que la reforma es imprescindible y necesaria", y no se pueden eludir responsabilidades, "hay que corregir aquello que en la práctica no funciona".

Tanto Bolaños como Montero estaban asfaltando el camino ante la eventualidad de que finalmente la modificación legal se deba apoyar en el PP. De hecho, las dudas sobre las intenciones reales de la titular de Igualdad marchaban en la misma línea. La orden que ha dado el presidente, Pedro Sánchez, y que reiteran en Ferraz, es que urge taponar la herida creada por el sí es sí —500 beneficiados ya por las rebajas de penas, y subiendo— y reformar la ley cuanto antes, aunque intentando proteger la coalición. Pero se percibe en la cúpula que no da miedo sacar adelante el cambio con el partido de Alberto Núñez Feijóo. Lo que serían insoslayables serían las consecuencias, de ahí el tiento con el que se manejan los socialistas: una desautorización de tal calibre a Irene Montero supondría, en la práctica, la ruptura del Gobierno.

Bajar el balón al suelo

Por eso los socialistas apuestan ahora mismo por bajar primero la temperatura dentro de la coalición. Lo explicitaron el portavoz parlamentario, Patxi López, igual que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz —ella misma situada en una situación complicada por ser el referente del espacio morado en el Ejecutivo—: llamaron a buscar un acuerdo por el sí es sí y a no hacer ruido con declaraciones de uno y otro lado que "no ayudan en nada" y perjudican más a las víctimas. La Moncloa prefiere no forzar la máquina en el Congreso y dejar que la iniciativa se tramite sin prisas. Es decir, que llegue al pleno de toma en consideración el 7 de marzo, víspera del 8-M. Ello supondría que podría quedar aprobada a mediados de abril. Esto es, a un mes del comienzo de la campaña de las autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Los próximos días serán determinantes para saber quién vencerá el pulso: si el PSOE va ganando apoyos hasta aislar a Podemos o bien sucede a la inversa. El PNV ya apoya la iniciativa socialista

Todo dependerá de si hay acercamiento de posturas con los morados y de cómo se muevan el resto de socios habituales. El PSOE cosechó este jueves el apoyo explícito del PNV. La propuesta socialista, dijo Aitor Esteban, portavoz nacionalista en la Cámara baja, "mantiene el consentimiento y el tipo penal", y por tanto podría servir para delimitar las horquillas de las penas y "acotar" el margen de discrecionalidad de los jueces a la hora de aplicar la ley. ERC y Bildu orbitan más cerca de Podemos, pero ambos, igual que Más País y Compromís, apremian a socialistas y morados a ponerse de acuerdo. Rechazan que los dos sectores del Ejecutivo les trasladen la responsabilidad de elegir.

Fuentes parlamentarias pronostican que los movimientos de los aliados de investidura en los próximos días serán determinantes para saber quién vencerá el pulso. Para conocer si el PSOE va ganando apoyos hasta aislar a Podemos o bien sucede a la inversa. Y hay quienes ven, también entre los socialistas, que la partida de los morados se juega en otro escenario: en el electoral, en su pugna nada soterrada con Díaz, para ponerla entre la espada y la pared y para intentar reforzar el liderazgo de la ministra de Igualdad.

La última jornada de la semana parlamentaria trajo un paréntesis en la lucha entre PSOE y Podemos y dos votaciones ajustadísimas, pero salvadas para el Gobierno. El pleno votaba el dictamen de la ley de bienestar animal, que finalmente recabó 174 votos a favor, 167 en contra y siete abstenciones. Dictamen que excluyó, como quería el PSOE, a los perros de caza del ámbito de aplicación de la norma. Los morados tuvieron que ceder para salvar su ley y con ellos se alinearon ERC y Bildu. La reforma del Código Penal sobre maltrato animal que se tramitaba conjuntamente salió lista por los pelos, por 178 votos —tres más que la mayoría absoluta requerida, ahora fijada en 175 diputados—, 165 en contra y cinco abstenciones.

Mensaje de "estabilidad"

En las dos partes del Ejecutivo indicaban a este diario "que el hecho de que los morados finalmente cedieran no suponía que será más fácil desatascar el sí es sí. Son dos cuestiones, advertían, que nada tienen que ver. Que el proyecto del Gobierno no decayera y viaje ahora al Senado era una buena noticia, pero no tiene puntos de contacto con la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, mucho más sensible política y socialmente y en la que Montero ha fijado una clarísima línea roja de la que no se va a apear: el consentimiento como eje, que a juicio de Podemos no se preserva con la propuesta de Justicia.

En el PSOE no sentaron bien los "exabruptos" de Belarra en tribuna en la ley animal, y se quejan de que tuvieron que salvarle ellos su norma

A la cúpula socialista, sin embargo, le sentaron mal los "exabruptos" en tribuna de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, impulsora de la norma, y de su compañero diputado Juan López de Uralde. "Dejar fuera de esta ley a los perros de caza es dejar en la impunidad a los maltratadores de los perros de caza, a los que los cuelgan al final de la temporada porque ya no les sirven, a los que descartan cachorritos enterrándolos en cal viva —aseguró la también líder de Podemos—. Las fuerzas políticas que se quedan fuera de ese gran consenso [...] van a tener que reconocer más pronto que tarde que se equivocaron". En el Grupo Socialista criticaban que sus socios hubieran girado de posición "tarde y mal" —hasta primera hora de este jueves no se despejó su suerte la suerte del proyecto— y que al final quienes se tuvieran que remangar para salvar la ley de Belarra fueran ellos en las últimas horas.

La aprobación de la ley de bienestar animal servía para reforzar el mensaje de "estabilidad" que busca Sánchez, subrayaron en la Moncloa, y acercar el final de la obra legislativa de este mandato, porque se deshace una polémica, a la que se sumará, esperan los socialistas, la ley de vivienda, "a punto de cerrarse". Pero la tensión vivida este jueves en el pleno también daba cuenta de cómo la coalición vive en estos días sus horas más bajas de toda esta legislatura. A un paso del abismo.