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Con la nueva ley de vivienda ya encarrilada para su aprobación este jueves en el Congreso, Podemos ha abierto un nuevo punto de conflicto con el PSOE por las viviendas turísticas. Los morados pretenden que este tipo de pisos se incluya in extremis dentro de la nueva normativa mediante una enmienda transaccional que negocian con otros grupos de la Cámara baja y que busca limitar las plazas de apartamentos turísticos en zonas de mercado de vivienda tensionadas al 2% del número de habitantes de la zona. Es decir, en un área de 10.000 habitantes solo podrían permitirse 200 plazas de arrendamiento turístico, según el ejemplo puesto este lunes por Pablo Fernández, portavoz de la formación. El objetivo, explicó, es evitar que los grandes tenedores de vivienda y los fondos buitre "eviten" cumplir con la regulación en las zonas tensionadas "sacando viviendas del mercado residencial para dedicarlas al alquiler turístico".
Aunque hasta ahora se había dado por descartado hasta ahora incluir este aspecto por el que también abogan fuerzas como Más País, Podemos pretende retomar la negociación que quedó cerrada la semana pasada para recoger una problemática que ambos partidos del Gobierno incluyeron en el punto 2.9.6. del acuerdo de coalición. "Se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio", recogía ese texto.
Hay que ser conscientes de no introducir temas o asuntos que no sean de competencia estatal. Hay que ser muy respetuoso con las del resto de administraciones"
PILAR ALEGRÍA, PORTAVOZ DEL PSOE
En el PSOE no gustó nada la propuesta de los morados. No solo porque viene a reabrir una negociación ya cerrada, sino sobre todo porque la regulación de este tipo de viviendas es una competencia autonómica. "El compromiso por parte del PSOE en aquellos territorios donde estemos gobernando es de control de esos pisos turísticos y especialmente en esas zonas tensionadas que estamos conociendo los problemas que están generando", señaló este lunes la portavoz de la ejecutiva, Pilar Alegría. La dirigente recordó que la regulación de las viviendas vacacionales se incluyó en el programa marco municipal aprobado en la convención del partido celebrada en Valencia los pasados 15 y 16 de abril.
La también ministra de Educación se limitó a decir que su partido siempre "escucha e intenta trabajar" todas las enmiendas que presentan los grupos. Pero, acto seguido, remarcó que "a la hora de legislar, hay que ser conscientes de no introducir temas o asuntos que no sean de competencia estatal porque hay que ser muy respetuoso con las del resto de administraciones".
Fuentes parlamentarias de ERC y Bildu dejan caer que la enmienda transaccional anunciada a tres días de la votación final rezuma "electoralismo", a las puertas de las elecciones del 28-M y no tienen nada claro que pueda acabar prosperando. De hecho, la enmienda ni siquiera está registrada todavía. Y es que Podemos, ERC y Bildu retiraron todas sus enmiendas vivas de cara al pleno del Congreso de este jueves, así que la modificación que pretenden los morados no tiene asa de la que poder colgar. Tendría que engancharse en alguna enmienda viva del resto de grupos. El dictamen, que aprobará la Cámara baja este 27 de abril, pasará al Senado para que dé el visto bueno final antes de los comicios.
ERC y Bildu creen que la propuesta rezuma "electoralismo", que Podemos niega. El PSOE recuerda que el acuerdo está "cerrado" e interpreta que sus socios buscan "sacar la cabeza"
Para Ferraz, se trata también de una propuesta "electoralista" con la que Podemos simplemente busca "sacar la cabeza". Algo que los morados niegan, arguyendo que llevan peleando desde hace años por esta cuestión y que además el problema existe, "no se saca de la nada con propósitos electorales".
"El acuerdo ya está cerrado y no es serio intentar reabrirlo para seguir enredando —responden con cierta irritación fuentes del Grupo Socialista—. Si quieren proponerlo, que lo plantee Podemos en su programa para el 28-M, como hemos hecho nosotros. Ya en su momento debatimos sobre el alquiler de temporada, que no es lo mismo, y acordamos que un grupo de trabajo lo estudiara y propusiera una regulación en el plazo de seis meses, pero el alquiler turístico es competencia de comunidades y ayuntamientos".
Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encargado de unas negociaciones con los morados que se extienden ya dos años, argumentan que muchas comunidades ya lo tienen regulado o lo están haciendo". "La ley estatal no puede meterse en competencias de las CCAA porque si no entraríamos en un conflicto competencial y, en eso, la ley es escrupulosa", aducen fuentes del citado Ministerio dirigido por Raquel Sánchez.
Los diferentes gobiernos regionales tienen la competencia de legislar al respecto desde 2013 y son luego los ayuntamientos los que pueden redactar sus respectivas ordenanzas municipales. La enmienda transaccional también buscaría un refuerzo a las inspecciones para garantizar que todas las viviendas de uso turístico "tienen la correspondiente autorización previa y para velar por la convivencia".
En la parte socialista del Gobierno siempre han abogado por elaborar la norma con la mayor cautela y mayor seguridad jurídica posibles, conscientes de que hay un número muy elevado de posibilidades de que los partidos de la oposición lleven el texto ante el Tribunal Constitucional una vez termine su trámite legislativo y se vea plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No quieren que se repitan efectos indeseados como los que ha acarreado la ley del solo sí es sí impulsada por el Ministerio de Igualdad que controla Irene Montero.
En Transportes recuerdan que han querido ser muy escrupulosos con la redacción porque dan por hecho que la derecha recurrirá la ley
La nueva ley de vivienda, que ha levantado ampollas en el sector inmobiliario, implicará, entre otras cosas, que los caseros no puedan subir el precio del alquiler por encima del IPC en las renovaciones anuales de los contratos con sus inquilinos. Y las propias comunidades gobernadas por el PP ven este extremo como un posible foco de colisión con sus competencias.
Algunas como Madrid ya han dejado claro que no tienen intención de aplicarla en esos términos. La nueva ley "va a ser un llamamiento a todos los poderes públicos que recibirán el reproche social si no la aplican", dijo la propia Raquel Sánchez sobre las intenciones de los populares.
El sector hotelero: "La ley impulsará los pisos turísticos"
La propuesta de Unidas Podemos llega después de que grandes patronales del sector hayan presionado públicamente en los últimos días para que la nueva normativa recoja un negocio que choca de manera frontal con el suyo y al que acusan de funcionar en condiciones que rozan muchas veces la ilegalidad.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) considera que la nueva regulación dará lugar a que muchos propietarios de domicilios en zonas tensionadas decidan abandonar el alquiler residencial y pasarse al formato vacacional o temporal de corta estancia, que "limitan una parte de los riesgos de los propietarios y, en muchos casos, ofrecen una rentabilidad mayor".
Cehat considera que la norma dará lugar a que muchos propietarios de domicilios en zonas tensionadas decidan abandonar el alquiler residencial y pasarse al formato vacacional
Por su parte, la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) —que agrupa a grandes hoteleras como Meliá, NH, Iberostar, Palladium, Riu...— también lleva tiempo reclamando al Ejecutivo que incluya la problemática dentro de la nueva normativa. La patronal que preside el CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, llevó a cabo una iniciativa de la mano de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y San Sebastián, que recoge las dificultades y falta de medios que sufren los ayuntamientos y las comunidades autónomas para hacer cumplir sus normativas más básicas en ese campo.
Para la organización, es clave que la ley de la vivienda contemple preceptos para facilitar la ordenación y cumplimiento de la normativa autonómica y local de las viviendas de uso turístico (VUT). "Es necesario para que no se produzca "el efecto contrario al deseado por el espíritu de la ley, fomentando un acelerado trasvase de viviendas residenciales reguladas/topadas, a otras turísticas sujetas a una plena libertad de precios", expuso la semana pasada el principal lobby del sector.
Según su relato, la recuperación de la demanda turística ha venido acompañada de una rápida vuelta al mercado de pisos turísticos que habían desaparecido durante la pandemia. En el primer trimestre, alcanzaría ya las 80.000 viviendas ofertadas en plataformas online frente a las 66.800 del mismo período del año anterior, según las cifras ofrecidas por la patronal.
En 2022 aumentaron un 33,8% las plazas de viviendas de uso turístico (VUT) respecto al año anterior en los 22 principales destinos urbanos españoles
"Ello vuelve a reflejar el carácter descontrolado y en buena parte ilegal con el que todavía operan las VUT en muchos destinos españoles, donde no existe normativa a escala local o, la que lo rige, tiene serios problemas legales para asegurar su control y cumplimiento", subrayan desde Exceltur. Según el informe UrbanTUR 2022, durante el pasado año aumentaron un 33,8% las plazas de viviendas de uso turístico (VUT) respecto al año anterior en los 22 principales destinos urbanos españoles.
En Cehat argumentan que los barrios más tensionados son aquellos más demandados por los turistas que se optan por esta modalidad de alojamiento. Su efecto provoca una disminución del stock de vivienda para residencia permanente y añade que el fenómeno tiene un carácter aún más dramático en los destinos turísticos estacionales, donde "la falta de viviendas para trabajadores de temporada ha generado grandes dificultades para conseguir personal y poder prestar servicios".
Precisamente por esta cascada de advertencias, en Podemos defienden que es necesaria una regulación de mínimos en la ley estatal, sin intervenir en las competencias de CCAA y ayuntamientos. Se trataría de introducir una "salvaguarda genérica" para que los grandes tenedores no utilicen el "refugio" de los alquileres vacacionales y eludan la ley en las zonas tensionadas, cuya activación depende de los gobiernos autonómicos.
Podemos alega que se trata de tapar rendijas de la ley, ahora más a la vista, y le dice al PSOE que la pelota está en su tejado. "Es un tema competencial, no de voluntad política", replican en Transportes
Los morados niegan electoralismo, y apuntan que dado que el sector a las claras está mostrando una rendija de la que ellos ya advirtieron cuando negociaban el proyecto de ley en el seno del Gobierno, hay que cubrirse las espaldas. "Ya dijimos entonces que los pisos turísticos podían ser un factor de distorsión, y se nos dijo que no. Ahora tenemos indicios fehacientes. Se trata de no dejar resquicios en la ley y estamos a tiempo. La pelota está en el tejado del PSOE y si el PSOE quisiera, se puede encontrar la forma", indican fuentes de Podemos a este diario. "Es un tema competencial, no de voluntad política", replican fuentes del Ministerio de Transportes. "El motivo es simple: aquí no puedes regular. Porque si nos metemos en competencias de las CCAA lo que va a pasar es que cuando te lo recurra [Isabel Díaz] Ayuso los tribunales van a darle la razón", zanjan.
Las conversaciones seguirán en las próximas horas. La duda es si cabe una formulación de mínimos o el PSOE cierra definitivamente la persiana. "Podemos necesita foco, sacar la cabeza. Pero no vamos a pelear ni un minuto más. Estamos en los importante y no vamos a generar tensión", aseguran desde Ferraz, donde recuerdan que el presidente, Pedro Sánchez, ya avisó tras la aprobación de los últimos Presupuestos, que no habría más manga ancha para los morados. En la cúpula socialista asumen que la tensión con Podemos, como se vio con el sí es sí, irá a más hasta el 28-M, pero la consigna es "no entrar en su guerra" y centrar el tiro en las propuestas y en el ataque al PP.
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