El PSOE está obligado a consultar a sus bases sobre la coalición con Sumar, pero no sobre un pacto con Junts y ERC

Ferraz y la Moncloa invocan la "democracia interna" del PSOE, que también funcionará cuando Pedro Sánchez reciba la encomienda del Rey para intentar la investidura. Es decir, que los militantes también hablarán. Y es cierto, serán consultados —y su respuesta será vinculante—, porque lo obligan los estatutos federales del partido desde 2017, pero solo serán preguntados por el acuerdo de coalición con Sumar, y no por los acuerdos que se tejan con otras formaciones —como ERC o Junts—, de los que no obstante sí se tendría que dar cuenta al comité federal. Y la reelección de Sánchez depende del independentismo, y en concreto de los votos de los siete diputados de la formación de Carles Puigdemont, que pone como condición previa a la negociación una ley de amnistía al procés.

En Ferraz insisten en que no están ahora mismo planificando ningún referéndum a las bases porque es prematuro, porque no se han consumido todas las etapas que quedan para llegar a esa estación. Recuerdan que este es el tiempo de Alberto Núñez Feijóo, que tendrá que someterse a la sesión de investidura del 26 y 27 de septiembre, y cuando fracase, arrancará una segunda ronda de consultas de Felipe VI, tras la cual previsiblemente Sánchez sí será propuesto como candidato, y él dispondrá de dos meses, hasta el 27 de noviembre, para lograr ser reelegido. Será entonces cuando se tenderán los contactos formales, se señalará nueva fecha de investidura y se encajarán los procesos internos.

Precisamente esta semana la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, recordaba, primero tras el Consejo de Ministros del martes y luego en una entrevista en La hora de La 1, y como respuesta a las críticas de los dirigentes históricos, y en especial Felipe González, que el PSOE, para "más garantías", cuenta con "una serie de procedimientos internos de trabajo para conformar esa posición por los que pasarán todas estas decisiones". "Podrán expresarse todos los militantes, tengan la condición que tengan, y estoy convencida de que los militantes van a coincidir mayoritariamente con lo que expresaron las urnas", una España "en color", y no la España "del pasado y del ayer", que es la que representan PP y Vox, sostuvo.

En 2019, el 92% de la militancia dio el visto bueno al preacuerdo con Unidas Podemos, que suponía también avalar la negociación con ERC

Las reglas del PSOE dejan claros cuáles son los cauces internos y qué se somete a la consideración de los militantes, que no es exactamente lo que sostuvo la portavoz en funciones. El artículo 50 de los estatutos del PSOE emanados del 40º Congreso Federal, de octubre de 2021, señala que las comisiones ejecutivas regionales, insulares, provinciales o municipales podrán convocar consultas a la militancia sobre asuntos de especial trascendencia y que afecten a su ámbito de actuación. Consultas que debe autorizar Ferraz. Y añade este precepto, y aquí está la clave, que será "obligatoria la consulta a la militancia, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el Gobierno a otro partido político según el procedimiento". Lo mismo prescribe el artículo 348 del reglamento de desarrollo de los estatutos federales, que añade que también será obligatoria y vinculante la consulta cuando se intente revocar al secretario general.

Es decir, que en este caso Ferraz deberá preguntar a sus bases sobre su coalición con Sumar, igual que en 2019 les inquirió por el preacuerdo con Unidas Podemos. Entonces, la militancia dio un sí masivo, del 92%, a Sánchez. El plebiscito se hizo el 23 de noviembre de aquel año, conocido el preacuerdo con los morados pero más de un mes antes de la sesión de investidura y de cerrar el pacto con ERC, socio imprescindible. "¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?", se les preguntó a los afiliados.

Control total de los órganos y apoyo de la militancia

El apoyo rotundo de las bases dejaba manos libres al presidente para acabar de amarrar su pacto con Pablo Iglesias, e indirectamente le daban su plácet para hacerlo también con los republicanos. Y así hizo. El líder socialista firmó el documento con Unidas Podemos y también con ERC, recibió el aval de su ejecutiva y logró su investidura en el Congreso el 7 de enero de 2020. Un mes después, el 15 de febrero, reunió a su comité federal por primera vez desde las elecciones generales del 10 de noviembre, y el máximo órgano validó a posteriori el entendimiento con la formación de Oriol Junqueras y refrendó sin dificultades su estrategia de diálogo con Cataluña.

También en 2016 se consultó a las bases por el pacto insuficiente con Cs. Pero los plebiscitos se institucionalizaron a partir de 2017, después de que solo el comité facilitara la investidura de Rajoy

Por tanto, Ferraz sí deberá consultar a las bases el acuerdo que firme con Sumar, y el resultado será obligatorio y vinculante, y podría preguntar a la militancia, si quisiera, sobre los acuerdos de investidura o legislatura con otras fuerzas, como ERC o Junts, porque los estatutos facultan a la cúpula a convocar referendos para abordar asuntos "de especial trascendencia". Pero a esto último no está obligada la dirección federal ni, por ahora, lo tiene previsto. Como tampoco tiene calendario ni para esa consulta obligatoria ni para una cita del comité federal, que no se ha reunido desde las generales del 23 de julio. El máximo órgano de poder del PSOE es el competente para determinar la política de alianzas del partido, como estipula el artículo 27. 1. i) de los estatutos.

Pero, previsiblemente, Sánchez no tropezará con problemas ni en la consulta ni en el comité, porque goza de la simpatía de la militancia y tiene el control total e indiscutido de los órganos de dirección, así como del grupo parlamentario nacido de las urnas del 23-J. Más aún después del refuerzo a su autoridad que le concedieron las elecciones.

También en 2016 los militantes se pronunciaron sobre el acuerdo del PSOE con Ciudadanos, insuficiente para procurar la investidura del secretario general. Pero la consulta obligatoria y vinculante se institucionalizó en el partido tras las primarias de 2017 y el 39º Congreso Federal. Tras él, ya no podría ocurrir lo que sucedió en 2016, cuando el comité, caído Sánchez, decidió facilitar la investidura de Mariano Rajoy con su abstención. Desde 2017, por tanto, entregar el Ejecutivo a otro partido (el PP, en este caso) o firmar un cogobierno exige el referéndum a las bases.

La dificultad de la investidura de Sánchez radica, sobre todo, en el acercamiento con Junts (y ERC) y en la aprobación de una ley de amnistía. Esta condición clara de Puigdemont está evidenciando no tanto las tensiones internas pero sí la brecha entre el PSOE de la Transición y el actual. Entre las anteriores direcciones y la actual. A las voces de los últimos días —Felipe González y Alfonso Guerra, junto a las de los exministros Ramón Jáuregui y Jordi Sevilla— se unió este viernes la del ex secretario general del PSOE y exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, un dirigente nada distante hasta ahora de la línea oficial, o el expresidente del PSE Jesús Eguiguren.

Almunia y Eguiguren se suman al coro de voces críticas a la amnistía. El primero dice que "de momento" no se dan las condiciones y el segundo pide buscar una fórmula "que no amenace con garras y uñas"

Almunia defendió en Radio Euskadi que "de momento" no se dan las condiciones para una amnistía "desde el punto de vista político del interés general de la sociedad". Eguiguren, que impulsó el diálogo para el fin del terrorismo de ETA, esgrime este viernes en una tribuna en El Diario Vasco que "habrá que buscar otra fórmula que logre más o menos lo mismo" que una presumible ley de amnistía. "Había un jurista, se me ha olvidado quién, que decía que hay términos jurídicos que tienen garras y uñas y son inutilizables. Desde mi punto de vista, hoy en día en España ocurre eso con la idea de la amnistía. Hay que buscar una fórmula que no amenace con garras y uñas".

"Y los constitucionalistas, ¿qué es lo que pedimos? —se pregunta Eguiguren—. Pues no pedimos nada. Solamente exigimos que se respete la Constitución, y también queremos que no se ofenda a los constitucionalistas. En caso contrario, sinceramente preferimos que se repitan las elecciones generales". También el exministro de Justicia Tomás de la Quadra-Salcedo señala en El País que la amnistía puede ser viable constitucionalmente, pero no desde un punto de vista político, porque supondría reconocer la "supuesta legitimidad" de los motivos de quienes cometieron hechos constitutivos de delito. Es decir, que se vendría a "justificar" sus acciones.

Las opiniones contrapuestas de Lambán y Barbón

Dos barones socialistas también mostraron su opinión este viernes. En sentido opuesto. El expresidente de Aragón Javier Lambán se alineó con el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La amnistía, dijo Lambán, "no cabe en la Constitución", y "abriría una vía de agua en la nave constitucional que podría llevarla directamente a pique", informa EFE. Indicó que ese perdón general "no se va a producir" porque su partido "siempre ha estado en contra", toda vez que "lo más eficaz" que ha hecho el Estado para frenar al independentismo catalán fue la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna en Cataluña, apoyada en ese momento por el PSOE. Lambán, que fue nombrado este 8 de septiembre senador autonómico, también apreció que la visita de Yolanda Díaz a Carles Puigdemont el pasado lunes en Bruselas es "lo más obsceno" que se ha visto en España desde que se aprobó la Constitución.

El presidente de Asturias acepta "pagar un precio" para investir a Sánchez, mientras el barón aragonés cree que es una medida que "no cabe en la Constitución"

Pero la voz contraria de Lambán, igual que la de Page y los históricos, se daba por "descontada" en Ferraz. Igual que era previsible que el presidente asturiano, Adrián Barbón, afín a la cúpula federal, respaldase las negociaciones de Sánchez: acepta que hay que "pagar un precio" para la investidura. "Si de esos acuerdos [con Junts] se deriva Gobierno de España, yo estaré contento y satisfecho porque creo que además es bueno para este país", explicó el jefe del Principado en Onda Cero, donde aseveró que está convencido de que lo que se acuerde estará "dentro de los límites de la Constitución".

En Ferraz insisten en que las de los críticos son voces "aisladas", y "no representativas" del PSOE actual. Pero el malestar es patente. "En los tiempos más delicados de la democracia este partido entregó una confianza ciega en Felipe —afirma a este diario un destacado integrante de la ejecutiva de Sánchez—. Lo más correcto es que Felipe y los demás hubieran apoyado al PSOE, ya no digo a Pedro, en las dos últimas elecciones [las autonómicas y municipales del 28 de mayo y las generales del 23 de julio]. Yo admiro a Felipe y a Guerra, pero ellos nos faltan el respeto por el hecho de ser más jóvenes que ellos. Hay que esperar, ser prudentes con la negociación y respetar".