El PSOE se sumerge en el doble debate de la ley de amnistía: su pertinencia política y su constitucionalidad

El ruido no cesa. Pero Ferraz y la Moncloa tienen más la sensación de que realmente se oye más extramuros que en su propia casa. Porque la llovizna continua en la última semana de reflexiones críticas con la aprobación hipotética de una ley de amnistía no ha alcanzado ni mucho menos los límites de tormenta interna, ya que se trata de "voces significativas, pero no representativas" del PSOE, como convienen en el círculo del presidente en funciones. Pero lo que ha demostrado ese goteo es que conviven y se superponen dos planos de debate: si es una medida que encaja o no en la Carta Magna y, sobre todo, y ahí está quizá lo mollar, si es asumible políticamente por Pedro Sánchez y un partido constitucionalista como el PSOE.

Los protagonistas de las críticas tampoco corresponden a un mismo patrón, porque también en la dirección diferencian entre una vieja guardia muy distanciada del presidente en funciones —con Felipe González y Alfonso Guerra como su mascarón de proa— y otros dirigentes, algunos de ellos exministros, que han apoyado con mayor o menor entusiasmo al líder socialista y su política de distensión con Cataluña y que en cambio creen que, hoy por hoy, cuesta mucho digerir un perdón total al procés, pactado con Carles Puigdemont y su partido, Junts, además de con ERC. Especialmente, y esto es importante, si no hay ninguna contraprestación del independentismo, una "rectificación política", una promesa de que renuncia a la unilateralidad. Un asidero que justifique una actitud magnánima del Estado hacia quienes violentaron la Constitución en 2017. Y en este grupo se enmarcan Joaquín Almunia, secretario general del PSOE entre 1997 y 2000, exministro y exvicepresidente de la Comisión Europea, o Tomás de la Quadra-Salcedo, extitular de Justicia con González. O hasta Jesús Eguiguren, expresidente de los socialistas vascos (PSE-EE). Los tres se pronunciaron este viernes.

La sucesión de voces críticas no agita a Ferraz: la puerta al diálogo, siempre "dentro de la Constitución", sigue abierta y se explorará al límite

Igual que también lo hizo el expresidente de Aragón —y todavía barón regional— Javier Lambán, en su caso alineado con el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ellos dos son los dos únicos líderes territoriales, con mando en plaza, por tanto, que han rechazado los planes de Sánchez. El resto de barones sí lo respaldan y prefieren acogerse a la discreción que ordena Ferraz. Así, en defensa de la negociación con Junts se manifestaba también este viernes el presidente asturiano, Adrián Barbón. La sucesión de voces críticas no agita a la cúpula federal: la puerta al diálogo, siempre "dentro de la Constitución", sigue abierta y se explorará al límite. Pero Sánchez y su equipo son conscientes de que esta negociación será "compleja y exigente", como él mismo dijo. En el desfiladero. Más que nunca.

La discusión se ha avivado en los últimos días. Más incluso de lo esperado, prueba de la dureza de la condición impuesta por Puigdemont para facilitar la investidura. La amnistía, porque de la ecuación sacó, al menos de momento, el referéndum de autodeterminación. González abrió fuego asegurando que no cabe en la Constitución, tesis que siguió el que fuera su número dos en el Ejecutivo, Guerra, advirtiendo de que sería la "condena de la Transición". El exministro Ramón Jáuregui también aseguró que encuentra inconstitucional la amnistía, porque supone "una legalización encubierta de actos contra el Estado que en todo el mundo están penados [...] e implica un reconocimiento de la unilateralidad". Pero Jáuregui sí avaló la política de distensión de Sánchez y que este intente la negociación con Junts, aunque entiende "infranqueables" las condiciones impuestas por Puigdemont.

"No a lo bruto"

La reflexión de Jáuregui, un hombre habitualmente poco estridente en sus declaraciones públicas, se percibió internamente como más "ponderada" y argumentada jurídicamente. Igual que la de Almunia este viernes en Radio Euskadi. El exlíder del PSOE afirmó que "de momento" no ve "condiciones" para una amnistía "desde el punto de vista político del interés general de la sociedad". Defendió que quien debe decir si esta medida encaja o no en la Carta Magna es el Tribunal Constitucional —la misma línea argumental que ahora defiende el Gobierno y Ferraz—, pero que la sustancia del dilema es eminentemente política.

Almunia apunta que "de momento" no hay condiciones para la amnistía y que los líderes del 'procés' han de hacer una "rectificación política profunda" por los "destrozos" que ocasionaron en 2017

Almunia es partidario de exigir a Puigdemont y al resto de cabecillas del procés una "rectificación política profunda" por los "destrozos que ocasionaron en la sociedad catalana" hace seis años. Y después sería el momento de "debatir y buscar soluciones de manera civilizada" para Cataluña, "y no a lo bruto, como se hizo en 2017", con las leyes de desconexión, el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI). La "responsabilidad" de una repetición electoral sería entonces de Puigdemont y de los siete votos de sus diputados en el Congreso.

En realidad, la reflexión de Almunia no quedaba muy lejos de la expresada por el expresident José Montilla esta semana en varios medios. El dirigente socialista defiende que los beneficiados por una amnistía deberían comprometerse a no repetir los mismos hechos, a que no lo volverán a hacer, algo que a su juicio sería coherente: "Si se cierran las carpetas, se cierran por una cosa y por otra". Sin embargo, Puigdemont, en su pasado martes en Bruselas, adelantó que su partido no renuncia ni renunciará a la unilateralidad.

El exministro Tomás de la Quadra-Salcedo, que como Montilla y Almunia firmó en julio un manifiesto de apoyo a Sánchez frente a la durísima ofensiva de la derecha —González, en cambio, no pidió el respaldo para el presidente en funciones y de hecho este martes en Onda Cero sostuvo que le costó votar al PSOE—, tejía en El País una tribuna de carácter más académico. Su tesis es que la amnistía, una especie del derecho de gracia como lo es el indulto, sí tiene cabida en la Carta Magna, pero no es asumible políticamente por el PSOE. Sostiene que las amnistían conllevan "juicios negativos sobre el sistema político bajo el que se impusieron las condenas" y en ocasiones "juicios positivos sobre las causas o motivaciones de quienes cometieron determinados hechos que podían ser constitutivos de delito".

Así, el independentismo, alega, quiere que se instale un relato que fundamente "la amnistía en la bondad o en los derechos que los condenados pretenderían que justificaban sus acciones: el derecho a la autodeterminación de Cataluña", un derecho "inexistente". Y buscaría que se eche la culpa al Estado de "todos los actos de los amnistiados" y "deslegitime su posición y sus fundamentos políticos para el futuro". Eso es lo que, según señala De la Quadra, "imposibilita la investidura de cualquier representante de un partido de Estado como el PSOE". El exministro defiende los indultos y que alcancen a las decenas de encausados por el procés, pero no a Puigdemont, prófugo de la Justicia.

Para Jesús Eguiguren, expresidente del PSE y uno de los muñidores del final del terrorismo, sería necesario "buscar otra fórmula" que logre "más o menos lo mismo", porque hay términos que "tienen garras y uñas y son inutilizables", y eso le ocurre a esta medida. "Queremos que no se ofenda a los constitucionalistas. En caso contrario, sinceramente preferimos que se repitan las elecciones generales", concluye en su artículo en El Diario Vasco.

Lambán recalca que la amnistía "no cabe en la Constitución" y "abriría una vía de agua" y tacha de "obscena" la visita de Díaz a Puigdemont

A todos ellos se sumaban las declaraciones de Javier Lambán y Adrián Barbón este viernes. Cada uno en sentido contrario. El primero, para advertir de que la amnistía "no cabe en la Constitución" y "abriría una vía de agua en la nave constitucional que podría llevarla directamente a pique". También para cargar contra Yolanda Díaz y su viaje a Bruselas para verse con el expresident catalán: "Lo más obsceno" que se ha visto en España desde la aprobación de la Carta Magna. El presidente de Asturias, en cambio, asumió que "hay que pagar un precio" en "todo tipo de acuerdos". Y "si de esos acuerdos se deriva Gobierno de España, yo estaré contento y satisfecho porque creo que además es bueno para este país", afirmó en una entrevista en Onda Cero, donde mostró su convencimiento de que todo aquello que se pacte estará "dentro de los límites de la Constitución".

Todo cabe en Derecho

En el Gobierno y en el partido reconocían que no podían equipararse las palabras duras de González y Guerra —más aún las de otro ex ya casi fuera del PSOE como Nicolás Redondo Terreros—, o las de Lambán y Page, con las "más reflexivas y ponderadas" de Almunia o De la Quadra. "En Derecho todo se puede armar y todo es interpretable. Pero el fondo, lo mollar, es el tema político. Es el precio a pagar por una investidura", señala una ministra. "De la Quadra lo ha clavado —apunta otra veterana que se sentó en el pasado en el Ejecutivo—. Una cosa es el debate jurídico, pero el problema es político". "El tono de González y Guerra o el de Almunia y De la Quadra o Eguiguren es muy diferente", indican fuentes del Ejecutivo, "y hay figuras que están sujetas a su tiempo".

Una integrante de la ejecutiva dibuja esta radiografía: "Almunia ha estado impecable. Eguiguren es muy reflexivo y además lleva mucho tiempo alejado de los focos. Ha hecho su argumentación para apuntalar la argumentación de la dirección pero al ser creativo diciendo que no se puede llamar amnistía se ha llevado los titulares, pero no dice nada distinto de lo nuestro. Y las viejas glorias pueden verter opiniones muy legítimas y respetables, pero no mueven nada en la organización ni tampoco en nuestro cuerpo de votantes. Ellos mismos se han situado fuera de los afectos de la militancia".

El fondo, lo mollar, es el tema político. Es el precio a pagar por una investidura", apunta una ministra. Otro compañero de Gabinete minimiza el ruido: "No está pasando nada que antes no pasara con los indultos y al final se asimilaron"

En cualquier caso, para la Moncloa y Ferraz son voces "significativas, pero no representativas", dado de que el sentir mayoritario del poder orgánico y de las bases del partido, esgrimen, es otro: cierre de filas con Sánchez y con su proyecto político, que salió reforzado en las urnas del 23-J, con un millón de votos más respecto a 2019. Pero el equipo del presidente en funciones quiere evitar el choque: se limita a mostrar su "respeto" por todas esas voces y a remachar que nada hay acordado ni con Junts ni con ERC, por lo que se trata de meras "elucubraciones". "Si hay un partido legitimado para hablar de reencuentro, ese es el PSOE y su líder, y también el PSC", redondean las mismas fuentes gubernamentales.

Un ministro miembro del núcleo de confianza de Sánchez insiste en que no hay turbación en las alturas del Ejecutivo y del partido. El debate que se está escuchando, la cadencia de voces críticas, ya es familiar. "No está pasando nada que no pasara antes con los indultos y al final se asimilaron. Pero es que además nadie sabe porque nadie tiene información de qué se está hablando y qué se pactará", porque la información la controlan únicamente el presidente en funciones y sus dos negociadores principales, María Jesús Montero y Félix Bolaños. "Nadie sabe por tanto qué se va a hacer, no se sabe el tamaño de la bestia, por decirlo así, y en cambio hay gente que quiere llevar el debate antes de tiempo cuando por lo que se deja llevar es por los prejuicios y las impresiones", acaba este ministro.

A Sánchez, su Gobierno y su dirección le pesa la hemeroteca. Una pila de declaraciones públicas, hasta el pasado julio, con las que remarcaban que tanto la amnistía como el referéndum son inconstitucionales y que Puigdemont tenía que regresar a España, pero para ser juzgado por el procés. El Ejecutivo y Ferraz sortean ese fardo aduciendo que la negociación formal no ha arrancado, que este es el momento de Alberto Núñez Feijóo, que ya se expondrán las condiciones de los socialistas cuando sea nominado por el Rey, que llegará el momento de hablar y de actuar con "transparencia" y con "coherencia" respecto a lo hecho. Pero la cúpula ya no niega que la amnistía sea materia de debate con Junts y el propio Sánchez ya anticipó que actuaría con "audacia" para cerrar "definitivamente" la página dolorosa del procés. Y "sin temor". Sin miedo, podría añadir ahora, a las críticas de los históricos, porque en nada alterarán su plan.