Son caminos con un mismo destino. Rutas diferentes para llegar al mismo lugar: cambiar el encaje territorial de Euskadi en España. Por ahora ninguno de ellos ha planteado abiertamente la independencia, pero sí avanzar hacia una relación ‘de igual a igual’ con España, de una autonomía “actualizada y ampliada” con el Estado o de una senda con el ejercicio del ‘derecho a decidir’ reconocido. Todas las ha propuesto el lehendakari Iñigo Urkullu desde que accedió a la presidencia del Gobierno vasco a finales de 2012. Y por ahora, en todos los casos han sido fórmulas fallidas y desoídas, sin resultados tangibles. El ‘encaje’ del País Vasco en España es hoy el mismo que hace una década, tan sólo un puñado de competencias y transferencias más autónomo.

A lo largo de los tres mandatos que acumula como lehendakari, y que está cerca de agotar, han sido días como el de hoy los elegidos por Urkullu para plantear mecanismos de renovación territorial. El Pleno de Política General con el que comienza el curso político ha sido el foro en el que el lehendakari ha ido planteando distintas vías con las que actualizar el modelo territorial de relación entre Euskadi y España, el autogobierno vasco. También esta mañana lo será. Hoy Urkullu hablará de un camino nuevo que ha bautizado como una “convención constitucional” que permita modificar y actualizar el modelo territorial del Estado pero sin necesidad de modificar la Carta Magna sólo de consensuar su interpretación.

En numerosas ocasiones ha recordado que en el caso vasco la disposición primera de la Constitución lo facilita ya que ampara el respeto a los “derechos históricos de los territorios forales” y que a ello se suma el aval que aporta el Estatuto de Gernika, que en su disposición adicional recuerda que el Pueblo vasco no renuncia a los derechos “que le puedan corresponder en virtud de su historia”.

Si en ocasiones anteriores Urkullu ha basado en el pasado histórico y foral las fórmulas para ampliar el autogobierno de Euskadi, en esta ocasión la llamada al ‘consenso’ entre formaciones pretende exprimir la actual situación de inestabilidad política del país y la mayoría ‘plurinacional’ y de carácter nacionalista de la que depende el Gobierno Sánchez para forzar pasos en esa dirección. El lehendakari planteará la “erosión” del Estatuto vasco que se está produciendo y la ‘invasión’ de las competencias del autogobierno vasco que en su opinión se viene ocasionando en los últimos. Ya en 2018, también cuando Sánchez dependía de alianzas con el nacionalismo y el independentismo, Urkullu le propuso al presidente de Gobierno una fórmula en clave de acuerdo y consenso frente a las vías unilaterales que tanto daño institucional habían generado y de las que el lehendakari siempre ha procurado alejarse.

'Nación foral'

Antes de la fórmula de la ‘convención constitucional’, Urkullu ha apelado a otros mecanismos para intentar el mismo objetivo. En 2021 en su discurso de inicio de curso político apeló al régimen foral anterior a las Guerras Carlistas, a la soberanía de la que disfrutaba Euskadi antes de 1839. Insto a trabajar una “restitución de los fueros” plena que permitiría reinstaurar una relación entre el País Vasco y el Estado similar a la de entonces. En aquella ocasión, también desoída, Urkullu planteó actualizar al siglo XXI el modelo territorial con la fórmula que existía a comienzos del XIX.

El concepto de hacer del País Vasco una “Nación Foral” ha sido recurrente en esta década de propuestas de Urkullu. Ya en 2015, tres años después de acceder al cargo lo planteó. Una Nación dentro de un Estado plurinacional y que basaría su relación en el “reconocimiento mutuo” con España, en un entendimiento de pacto y bilateralidad y con respeto mutuo.

Urkullu se presentó por primera vez a lehendaka en las elecciones de 2012. En su programa electoral ya incluyó la necesidad de actualizar el encaje territorial vasco, que consideraba desfasado. Entonces habló de la necesidad de plantear un nuevo “estatus vasco”, un nuevo marco de relación. La fórmula en esta ocasión pasaba por la necesidad de acordar un nuevo Estatuto Vasco que superara al de 1975 y que una vez consensuado entre los partidos fuera sometido a referéndum en Euskadi antes de llevarlo a su votación y debate en las Cortes. Aquel programa electoral de 2012 incluía fecha para el referéndum de ese hipotético documento de un nuevo ‘estatus vasco’ con España: el año 2015. La ‘consulta’ vasca nunca se llegó ni a plantear de modo real y todo quedó en una promesa electoral incumplida.  

Incluso la elaboración de un nuevo estatuto se demoraría varios años más. No fue hasta 2019 cuando el Parlamento Vasco, tras los trabajos de una Ponencia de Autogobierno, registró las propuestas de nuevo estatuto. Fueron tres. Una de la mano del PNV, PSE y Unidas Podemos que consensuaba una buena parte de su articulado pero no aspectos como el derecho a decidir, otra de EH Bildu y una tercera del PP.

'Nuevo estatus' y 'Concierto político'

Aquella vía del ‘nuevo estatus’ ha sido hasta ahora la que más lejos ha llegado, pero tampoco ha logrado dar fruto alguno. En la actual legislatura los tres documentos que debían haberse debatido no han llegado a salir del cajón. El mandato que hoy inicia su último año ni siquiera ha abordado esta cuestión y parece complicado que vaya a hacerlo.

En la larga lista de fórmulas planteadas por el lehendakari se incluye también la propuesta de acordar un ‘concierto político’ a semejanza el ‘concierto económico’ existente. Un procedimiento que permitiría acordar una actualización de la relación entre Euskadi y el Estado “de igual a igual”, con la “bilateralidad” como rango de relación y el acuerdo como garantía de cumplimiento de lo acordado.

En estos años sin duda la mayor de las decepciones de Urkullu ha sido ver incumplido uno de los objetivos que su partidos, el PNV, creía haber alcanzado: el cumplimiento íntegro del Estatuto de 1979. Los sucesivos acuerdos y compromisos rubricados con el Gobierno Sánchez y que debían culminar el desarrollo estatutario se han visto incumplidos y con ellos frenado el aumento del autogobierno vasco.