Él mismo lo dijo, y en sede parlamentaria. Flaqueó. Se planteó que tal vez tenía que echarse a un lado, dimitir y convocar elecciones anticipadas, porque era la solución "más sencilla" para él mismo y para su familia. Pero decidió aguantar. Resistir. Su divisa política desde, al menos, hace más de una década, cuando llegó al trono de hierro de Ferraz aupado por unos barones que dos años después le decapitaron y sobre los que después erigió su segunda y definitiva victoria en aquellas primarias en las que arrasó a Susana Díaz. Pedro Sánchez optó por continuar. Por intentar reponerse tras el brutal impacto del artefacto explosivo que le estalló a muy pocos metros, demasiado pocos: Santos Cerdán. Su segundo secretario de Organización, tras José Luis Ábalos, investigado por presunta corrupción. Lo había integrado en su dirección, lo había ascendido como su escudero tras la caída del exministro de Transportes, se había fiado de él hasta el último minuto, le había defendido en público y en privado, lo había ratificado en su puesto en diciembre, cuando pudo haberlo removido tras las primeras sospechas. Pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le señaló en un devastador informe que provocó su caída inmediata: él era en realidad el supuesto cabecilla de la trama que le unía a Ábalos y a su exasesor Koldo García, el dirigente al que la Sala de Apelación del Tribunal Supremo mantuvo en prisión preventiva esta semana ante los indicios "nutridos y poderosos" de que pudo haber tenido un "papel directivo" en una presunta operativa de mordidas por adjudicaciones de obra pública y ante el riesgo de destrucción de pruebas.

Sánchez decidió seguir pese al mazazo. Continuar pese a los riesgos de que el caso pueda escalar, una hipótesis que aterra al PSOE. Decidió sostener el timón después de hablar con "mucha gente" que le animó a no rendirse. Y ha sobrevivido a un mes en el averno, y ahora llega al final del curso político, al parón estival, con muchas contusiones, pero en pie. Con su rival, Alberto Núñez Feijóo, apretado a su vez por inesperados golpes: el caso Montoro, la dimisión de la diputada Noelia Núñez, renovada integrante de su cúpula de Génova, por falsear su currículum, el señalamiento de Alberto Nadal, al que había incluido en su nuevo equipo y que era uno de los hombres del exministro de Hacienda ahora imputado.

Con ese pesado lastre, al que se suma la mochila con la que arrancó la legislatura por la precariedad parlamentaria, el presidente del Gobierno comparece ante los medios este lunes en la Moncloa para hacer balance del curso, justo cuando ha cruzado el ecuador de la legislatura, cuando se han cumplido dos años de las elecciones generales del 23 de julio. El martes, preside el último Consejo de Ministros antes de vacaciones, con la duda de si logrará cerrar el acuerdo con su socio de coalición sobre los permisos de familia —Hacienda se resiste—, y después volará hasta Palma para el despacho veraniego con el Rey en Marivent.

El líder socialista presume de datos económicos como el buen comportamiento del empleo (España llegó a 22,27 millones de ocupados y una tasa de paro del 10,29%, la menor desde 2008) y de que su partido es el único que teje mayorías en positivo para el país

Sánchez previsiblemente tejerá un relato asentado en los buenos datos económicos de España, exhibiendo el hito de los 22,27 millones de ocupados y una cifra de paro del 10,29%, la menor desde 2008, según los números difundidos el pasado jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y frente a la imagen de fragilidad parlamentaria, blandirá que el PSOE es el único partido de la Cámara capaz de articular mayorías en positivo para el país.

Fue eso lo que defendió la semana pasada ante los periodistas que le acompañaban en su gira por Latinoamérica —Chile, Uruguay, Paraguay—, cuando les reconoció que no está siendo fácil sacar adelante iniciativas, como lo demostraba la caída, el pasado martes, del decreto antiapagones por el rechazo combinado de Podemos, Junts, BNG y hasta Chunta, todos ellos alineados con PP y Vox. El líder socialista esgrimió que el 45% de los objetivos previstos para los cuatro años de mandato ya se han materializado y que se han ganado el 86% de las votaciones en la Cámara baja, un porcentaje, dijo, que no se aleja del 90% de la legislatura corta (2018-2019), cuando llegó al poder a través de una moción de censura, y del 89% en la siguiente (2020-2023). La dirección pone en valor que, pese a todas las dificultades, se han logrado aprobar un total de 42 iniciativas legislativas en estos dos años de legislatura: 18 reales decretos leyes, 22 leyes, una reforma del reglamento del Congreso y una modificación puntual de la Constitución (el artículo 49). En el mandato anterior, en el que el Gobierno disponía de una mayoría progresista y podía jugar a la geometría variable, superaron el umbral parlamentario 216 iniciativas en casi cuatro años.

El presidente ha recordado que el Ejecutivo ha ganado el 86% de las votaciones en el Congreso. Son 42 las iniciativas legislativas aprobadas en estos dos años. Rebate la "coalición negativa" que ve ya el PNV

El presidente rebatía así la idea de la "coalición negativa" a la que se refería la semana pasada, en una entrevista con la SER, el líder del PNV, Aitor Esteban, un partido y un dirigente que siempre son tenidos en cuenta en Madrid y que son casi como el canario en la mina. El responsable jeltzale alertaba de la coincidencia, cada vez más frecuente, de algunos de los socios de investidura con la derecha, como ocurrió el martes con el decreto ley para el refuerzo del sistema eléctrico. El Gobierno cree que la mayoría, aunque esté cuarteada y se rompa en algunas votaciones, sigue operando, como quedó claro en el pleno sobre corrupción del 9 de julio, una prueba que se presentaba difícil para Sánchez y que, sorprendentemente, superó sin demasiadas complicaciones aunque sí con avisos de algunos grupos, singularmente del PNV. En la Moncloa no se teme ninguna moción de censura y aunque se rechace la posibilidad de una cuestión de confianza, defienden que esta se dio de facto (y se aprobó) en aquella sesión celebrada bajo el trauma del caso Cerdán, y con el exsecretario de Organización ya en la cárcel. Desde entonces, el jefe del Ejecutivo ha multiplicado los gestos hacia sus socios principales: ERC (con la financiación singular), Junts (con el catalán en la UE) y el PNV (con traspasos de competencias y con la nueva ley de secretos oficiales).

El enfriamiento de Junts y Podemos

Y aunque es cierto que hay iniciativas, como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que prosperan al segundo intento tras naufragar primero —lo mismo espera el Gobierno del decreto antiapagones—, es también verdad que hay señales inquietantes para el Ejecutivo. Podemos, en salvaje disputa con Sumar, rechaza entrar en negociaciones con los socialistas, repite que la legislatura está muerta y advierte de que no transigirá ni con el aumento del gasto militar ni con los escándalos de corrupción. Y Junts pone por delante el "cumplimiento" de los acuerdos de investidura: sus razones para rechazar el decreto ley eléctrico y el de las entregas a cuenta —este último, salvado por el PP— no tenían nada que ver con la letra de ambos. Los posconvergentes explicaron que querían lanzar un severo aviso a los socialistas, para que se pongan las "pilas" con dos asuntos prioritarios para ellos: la oficialidad del catalán en la UE, para la que se requiere una difícil unanimidad de los Veintisiete, y la aplicación plena de la ley de amnistía, que está en manos de los tribunales después de validarse su constitucionalidad. El voto de la formación independentista "nunca se puede dar por descontado", dijo ayer su líder y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la celebración del quinto aniversario de su partido, en Prats de Molló (Francia).

Sánchez acusó el mazazo de la "traición" de Cerdán, pero los suyos insisten en que ya se ha repuesto. Él mismo, mucho más delgado que de costumbre, dice verse "fuerte" ahora y "con las pilas cargadas", determinado para completar la legislatura

Cuando el 12 de junio se dio a conocer el terrible informe de la UCO, Sánchez acusó el golpe como nunca antes. Lo sintió como una "traición" que jamás había esperado. Quienes hablaron con él por teléfono o lo visitaron en la Moncloa aquellos primeros días tras el shock le describen como un líder "muy tocado" y "muy dolido". Hundido. Pero, mes y medio después, con el cierre de filas esperable del comité federal del PSOE y el oxígeno proporcionado por el Congreso, en su equipo coinciden en una impresión: ya está más repuesto. No ha sido fácil, pues de camino tuvo que soltar amarras también con otro de sus principales colaboradores, el sevillano Paco Salazar, a quien quería promocionar en la ejecutiva del partido como segundo adjunto de su flamante nueva número tres, Rebeca Torró, y que renunció cuando trascendieron acusaciones de presunto acoso denunciadas por mujeres. El propio jefe del Ejecutivo se declaró la semana pasada "fuerte" y "con las pilas cargadas", determinado a seguir "sudando la camiseta" para completar la legislatura.

El puñetazo en el estómago de Cerdán ha dejado a Sánchez secuelas físicas. Visibles. Palpables. Una pérdida de peso muy acusada, una delgadez no disimulable en las fotos. "Ahora está mejor. Es verdad que perdió kilos a raíz de lo de Santos, pero está tranquilo —constata un ministro de su núcleo duro—. Vuelve a su sentido del humor habitual, y con ganas de seguir hasta el final pase lo que pase. No es que lo diga. Es que lo transmite. No es que diga que hay que seguir, es que se le ve decidido". "Creo que el presidente se ha repuesto significativamente respecto al momento del cese de Santos, a pesar de la evidente dificultad para alcanzar acuerdos en el Congreso", converge otra integrante de la cúpula del partido. Pero el agotamiento físico de las últimas semanas, de los últimos meses —en realidad, el Ejecutivo perdió la iniciativa política desde el apagón del 28 de abril— le ha hecho hasta programar incluso unas vacaciones algo más largas de lo habitual: sobre el papel, desde este 29 de julio hasta el martes 26 de agosto, cuando el Consejo de Ministros vuelva a reunirse.

El 'caso Koldo / Ábalos / Cerdán' es el más grave que tiene el PSOE sobre la mesa. Gobierno y partido están convencidos de que el resto de causas, las que afectan al hermano o la mujer del presidente, o al fiscal general, quedarán "en nada"

En la Moncloa y en el PSOE, la principal fuente de preocupación en los tribunales se sitúa en el caso Koldo / Ábalos / Cerdán, y no en las demás causas que les acechan y que creen que finalmente quedarán "en nada". Por un lado, la investigación a la mujer del presidente, Begoña Gómez, que lleva alargándose durante más de un año sin que el juez Juan Carlos Peinado haya encontrado indicios sólidos contra ella. El Supremo ha frenado en seco su intento de imputar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Por otro, el procesamiento del hermano del líder socialista, David Sánchez, que ha arrastrado a su vez al jefe del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Y también podría sentarse en el banquillo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La fragilidad de los apoyos

Sánchez sabe que tras el verano toca intentar imprimir un pulso distinto a la legislatura. Recuperar la iniciativa absolutamente perdida. El presidente ha reclamado ideas a su equipo, pero la base de la que se partirá es la de un giro a la izquierda. "Apostaremos por un septiembre social", subrayan en la Moncloa. Pero la dificultad es la obvia: todo aquello que requiera del concurso del Congreso pasa por una compleja negociación a varias bandas, sin que la tramitación esté asegurada. La coalición ya aplazó para después de las vacaciones dos proyectos muy relevantes por el bloqueo de Junts: la reducción de la jornada laboral —la medida estrella de Yolanda Díaz— y la ley de acceso a la carrera judicial y fiscal —promovida por Bolaños—.

Los socialistas siguen resistiéndose al paquete de medidas que le exige Sumar. Trabajo trasladó a Hacienda durante el fin de semana una última propuesta para llegar a un "acuerdo satisfactorio" sobre los permisos retribuidos

Para septiembre podría quedar otro paquete exigido por Sumar: el estatuto del becario y el real decreto ley sobre cuidados, que ampliaría los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas, fijaría los permisos por nacimiento en familias monoparentales a las 34 semanas (hoy están en 26, según reconoció el Tribunal Constitucional el pasado noviembre) y remuneraría una parte del permiso por crianza para niños de hasta ocho años. El socio minoritario del Ejecutivo quiere que ambos asuntos sean aprobados por el Consejo de Ministros este martes, sin demora, pero los socialistas no lo ven claro. El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz trasladó durante el fin de semana una última propuesta a Hacienda para llegar a un "acuerdo satisfactorio" para las dos partes. "Las familias españolas nos están esperando y no podemos fallarles", justifican en el equipo de la vicepresidenta, en el que no dan detalles de esa última oferta y en el que únicamente señalan que el choque se debe a que los dos partidos discrepan sobre cómo aplicar la directiva europea de 2019 que exige a los Estados miembros retribuir al menos parcialmente el permiso parental.

Desde antes incluso de que estallara el caso Cerdán en el PSOE había corrido la sensación de que tal vez el presidente debiera acometer una remodelación de su Ejecutivo para la segunda parte del mandato. Y hacerla tras la pausa estival. Sánchez, que en las ruedas de prensa posteriores a la imputación de su último secretario de Organización negó con vehemencia que tuviera en mente cualquier crisis de gobierno, este pasado jueves evitó aclarar nada a los informadores que viajaban con él en el vuelo de regreso a Madrid desde Asunción. En la Moncloa eran y son conscientes del runrún interno, pero han venido defendiendo que quizá no tenía sentido una reestructuración limitada, dado que la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, tendría que salir del Gabinete cuando Juanma Moreno convoque las elecciones andaluzas, y él insistió este domingo en El Mundo que su intención es agotar su mandato y llevar las urnas cuando tocan, en junio de 2026. El ministro más señalado siempre en las quinielas es el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien sin embargo el presidente ha salvado una y otra vez de todas las quemas.

El presidente evitó aclarar la semana pasada si se plantea una remodelación de su Ejecutivo para la vuelta del verano, algo que siempre negaba hasta ahora. El más señalado, Marlaska

La gran duda es, de nuevo, qué ocurrirá con los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno no ha conseguido aprobar unas cuentas nuevas en lo que va de legislatura: los vigentes son los de 2023, elaborados por el anterior Ejecutivo con Unidas Podemos. La vicepresidenta Montero ni siquiera ha firmado la orden ministerial que pone en marcha la maquinaria gubernamental, para que los distintos departamentos plasmen sus necesidades de gasto. La senda de estabilidad y el techo de gasto aún, que solían llegar al Congreso a finales de julio, no han pasado el primer filtro, el del Consejo de Ministros, así que el Ejecutivo tiene bastante cuesta arriba cumplir con el mandato constitucional de llevar los Presupuestos a la Cámara baja antes del 1 de octubre. Otra vez más.

El año pasado, el Gobierno amagó con presentar el proyecto de ley, aun a riesgo de que se lo tumbara el hemiciclo, pero esa idea acabó desechándose porque una derrota en los PGE ha conducido históricamente a una convocatoria anticipada de elecciones. Así pasó en 2019 con Sánchez ya en la Moncloa. En la cúpula socialista no son partidarios de trasladar unas cuentas al Congreso que no estén pactadas con los socios, pero la decisión depende de Sánchez. Hoy por hoy, parece imposible que Podemos pueda validar un proyecto que consolide una inversión en defensa del 2% del PIB.

Montero aún no ha activado la maquinaria para preparar los Presupuestos de 2026. Convocará en otoño al Consejo de Política Fiscal y Financiera para la senda de déficit y las entregas a cuenta, pero no para el nuevo modelo de financiación autonómica

La previsión de Montero es la de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aprobar los anticipos a cuenta y los objetivos de estabilidad a la vuelta del verano. Pero en esa reunión de otoño del órgano no llevará el pacto tejido con la Generalitat sobre la financiación singular de Cataluña, como había anticipado, "por error", su compañero Ángel Víctor Torres, porque el nuevo modelo no está en absoluto maduro. Gobierno y Govern alcanzaron un vago consenso de mínimos que no ha satisfecho a ERC, por quedarse más corto que el texto que firmó con el PSC y que hizo posible la investidura de Salvador Illa —lo reiteraba este domingo Oriol Junqueras en una entrevista en La Vanguardia—, y que ha incendiado al PP y a los dos gobiernos autonómicos de comunidades del régimen común liderados por los socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias. El exministro y ex alto representante de la UE Josep Borrell, una voz muy respetada en el PSOE, decía este pasado jueves en la SER, en Hora 25, que la legislatura difícilmente podría estirarse hasta 2027 sin nuevos PGE y cargaba contra la financiación singular catalana: "Nos lo van diciendo poco a poco porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez". Más aún: "Esto no es ni federal, ni progresista, ni generalizable a todas las comunidades autónomas".

Con las urnas de Castilla y León y Andalucía en el horizonte

Los socialistas confían en encarar la vuelta del curso con otro ambiente. Se congratulan de que de momento el caso Cerdán no haya escalado más —no ha afectado a ningún miembro más del Ejecutivo ni de Ferraz ni hay indicios de financiación irregular, pero la instrucción no ha hecho más que empezar— y recuerdan que también esperan al PP una treintena de juicios sobre corrupción. Pero el afloramiento del caso Montoro ha servido al PSOE como herramienta perfecta para culpar a su rival de "corrupción sistémica", para inyectar una dosis de recuerdo en el votante de los años oscuros de los populares, para comparar su "contundencia" con la laxitud que endosan a Feijóo, al que advierten de que no podrá escapar de la causa porque es también su "presente", por mucho que no eligiera a Montoro para su equipo. A la mancha del caso Montoro, cuyos contornos, de nuevo, no son conocidos, se suma la guerra de los currículos, que se ha llevado por delante, por lo pronto, a la ya exdirigente popular Noelia Núñez.

Los socialistas creen haber logrado empatar con el PP por las complicaciones de estas semanas: el 'caso Montoro', la dimisión de Núñez y las dudas sobre el fichaje de Alberto Nadal. Y también su discurso duro, a la zaga de Vox, sobre inmigración

Otra arma de combate es la inmigración. El PP ha endurecido su discurso, a la zaga de Vox, y el presidente y su Ejecutivo quieren contrarrestar ese mensaje con una lectura positiva del fenómeno, que creen que es la que siente la mayor parte de la población española, que ha acogido a los extranjeros sin apenas problemas de convivencia. Y ellos, los inmigrantes, recordó Sánchez para responder a los sucesos de Torre Pacheco (Murcia), han contribuido al progreso económico de España, como reconocen todas las estadísticas.

El curso arrancará en septiembre con la seguridad de que comenzará el ciclo electoral en al menos dos puntos. Castilla y León, máximo en marzo de 2026 —el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha avanzado que no tiene intención de adelantar las autonómicas—, y Andalucía, en principio en junio. Dos convocatorias, especialmente la segunda, que marcarán la suerte y las estrategias de todos los partidos de cara a las autonómicas y locales de mayo de 2027 y de cara a unas generales que Sánchez sigue situando en dos años pero que ya nadie, ni siquiera en su partido, descarta que finalmente se puedan ubicar antes. La incertidumbre pervive. Sánchez está vivo, sí, pero sus heridas, algunas profundas, hacen dudar de su futuro y de la salud de su Ejecutivo y de la legislatura.