La UDEF profundiza en la investigación a Zapatero antes de su cita judicial

A menos de dos semanas de la cita judicial del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fijada para el 2 de junio de 2026, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha intensificado su investigación. Partiendo de la base en la que Zapatero era líder una presunta trama de "facturación ficticia" y tráfico de influencias.

El auto del juez Calama, emitido por el Tribunal Central de Instancia número 2, ha puesto de manifiesto la existencia de una "estructura organizada y estable" dirigida por el exdirigente socialista. Esta trama estaría orientada al "ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros".

La investigación, que se enmarca en las diligencias por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales, ha llevado a la autorización de entradas y registros en varios domicilios y sedes de empresas. Entre ellos, destaca la oficina de Zapatero en la calle Ferraz, número 35. Ese era, además, el lugar de trabajo de María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria del expresidente. También se han autorizado registros en la sociedad Whathefav SL, de las hijas de Zapatero, y de las empresas Softgestor SL e Inteligencia Prospectiva SL.

La UDEF continúa recopilando información

Fuentes consultadas por El Independiente aseguran que la UDEF mantiene abiertas distintas líneas de investigación en torno al entorno empresarial y societario vinculado al expresidente. Los investigadores continúan recopilando documentación mercantil, movimientos societarios y comunicaciones internas con el objetivo de completar los informes que serán remitidos al juzgado instructor antes de la comparecencia. Según las mismas fuentes, las pesquisas no se dan por cerradas pese al avance de las diligencias conocidas hasta ahora.

En el seno de la investigación existe la convicción de que todavía pueden aflorar nuevos elementos de interés relacionados con la operativa económica bajo sospecha. Especialmente en lo relativo a sociedades interpuestas, pagos cruzados y vínculos empresariales entre algunos de los investigados. Los agentes trabajan contrarreloj para incorporar al procedimiento toda la información relevante antes de la declaración de Zapatero, considerada por fuentes del caso como uno de los momentos clave de la instrucción.

El primer paso del auto de Calama

El auto del juez, considerado por los investigadores como el primer paso en esta causa, describe una red que se articula mediante un "entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real", y un "núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos". En el "vértice de la estructura se sitúa Rodríguez Zapatero, quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel". Desde su oficina de Ferraz, identificada como el "centro de coordinación de la red", se "imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria".

A su alrededor, actúan colaboradores de confianza como Julio Martínez Martínez, "responsable de la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos". María Gertrudis Alcázar, "encargada de la elaboración y cobertura formal de documentación"; y Cristóbal Cano, "gestor del entramado societario y de la facturación ad hoc".

La "gestión cotidiana de la red correspondería a un tercer nivel jerárquico, integrado por María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por este". Por su parte, Cristóbal Cano Quiles, "asumiría un rol equivalente al de María Gertrudis, actuando como gestor diario del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, manteniendo además un contacto fluido con María Gertrudis".

Las intervenciones de la UDEF

La UDEF ha solicitado y obtenido autorización para intervenir "cuantos efectos y documentos, cualquiera que sea su soporte, guarden relación con los hechos investigados", incluyendo "dinero, criptomonedas, y cualesquiera otros bienes o activos que por su valor puedan tener relevancia en orden a responder de las responsabilidades civiles". Se autoriza el acceso a la información contenida en "dispositivos de almacenamiento masivo de información" y "repositorios telemáticos de datos" a los que tengan acceso los investigados.

La resolución judicial subraya que la "ilícita actividad es conducida por José Luis Rodríguez Zapatero, a través de la dirección de los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincularse a de las actividades de la trama". Los propios investigados se refieren a este grupo como "equipo" y "boutique financiera".

Plus Ultra

El auto también detalla cómo Plus Ultra, en su búsqueda de financiación, contactó con esta "boutique" para obtener apoyo público temporal a través de la red de influencias. Los pagos por estos "ilícitos servicios" se articulaban bajo la "apariencia formal de contratos de asesoría". La UDEF ha puesto en conocimiento de Zapatero la existencia de estas actuaciones, a fin de que pueda personarse en el procedimiento en calidad de investigado y ejercer su derecho de defensa. Se le ha citado para la práctica de su declaración el próximo dos de junio.

Uno de los ejes centrales de la investigación es la presunta influencia ejercida por esta red para la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra. El auto detalla cómo los directivos de Plus Ultra buscaron "vías ajenas a los cauces legalmente establecidos" para acceder a estas ayudas. Esto se hizo articulando dos líneas de influencia: una a través de José Luis Ábalos y otra, que finalmente "adquirió un papel predominante", a través de Zapatero.

El rescate

La capacidad de la red para acceder a información privilegiada quedó patente cuando, el 26 de febrero de 2021, Julio Martínez Martínez y Camilo Ibrahim Issa, accionista de Plus Ultra, celebraron la concesión de la ayuda antes de la decisión formal del Consejo Gestor del FASEE. Esto ocurrió el dos de marzo de ese año, y de la posterior aprobación definitiva por el Consejo de Ministros el nueve de marzo. El auto señala que Plus Ultra recibió el primer tramo de la ayuda el 18 de marzo de 2021 y el segundo el 10 de agosto de 2021.

Los pagos de Plus Ultra a Análisis Relevante, una sociedad controlada por Julio Martínez Martínez, se iniciaron el 5 de noviembre de 2020, un día después de una reunión "clandestina" con un contacto de la SEPI, y continuaron coincidiendo con hitos relevantes del expediente. Estos pagos se justificaron mediante contratos de asesoría "elaborados ad hoc", actuando como "mera cobertura documental". Además, se detectaron indicios de que Plus Ultra habría aportado "datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente" con la Seguridad Social para facilitar la obtención de la ayuda.