Fueron "al menos tres" las reuniones que mantuvieron, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la directora general del cuerpo, Mercedes González, con Leire Díez. Las tres, entre septiembre de 2024 y abril de 2025. La exmilitante socialista "estaría haciendo llegar" a González, según los agentes, "información derivada de la actividad aparentemente delictiva que en ese momento venía desarrollando". Y además pretendía el inicio de una "investigación interna" dentro de la propia Benemérita y "dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia directora".
Es la conclusión que exponen los investigadores del instituto armado en un informe que consta en el sumario del caso Leire, cuyo secreto levantó parcialmente este lunes el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Santiago Pedraz. Pero, por el momento, no tendrá consecuencias directas. La Moncloa respalda a Mercedes González porque "nunca abrió una investigación interna en la línea que le pidió Leire Díez". Tampoco Ferraz encuentra todavía motivos para actuar contra su gerente, Ana María Fuentes, imputada en este caso desde hace una semana. La dirección del partido considera que el sumario conocido este miércoles es "una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE", "una suma de comportamientos individuales intolerables que han pretendido legitimarse utilizando el nombre del PSOE en beneficio propio".
Ya Pedraz, en el auto conocido la semana pasada, señalaba que uno de los objetivos de la presunta trama criminal de la que Santos Cerdán era la supuesta cabeza y Leire Díez la ejecutora, era "inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales". A través de distintas vías. Una era presentar "sucesivas denuncias en relación con su actuación ante la Fiscalía General del Estado", haciendo "germinar el despectivo y contaminante título de la UCO patriótica". Otro, "impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada". Entre los hechos imputados, decía el juez, se encontraba "la posible filtración de mensajes comprometidos de wasap entre [el exministro José Luis] Ábalos y otros miembros relevantes de su partido publicados en prensa que se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel". La tercera vía, recopilar "datos e información personal y reservada, secreta por ley, de los mandos que intervinieron en las investigaciones" que afectaban al PSOE o al Gobierno.
(Noticia en ampliación)
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