El descrédito por Ceuta golpea a Sánchez al inicio de un curso en el que se juega la reelección

Si las múltiples causas judiciales abiertas por corrupción en torno a figuras del círculo íntimo o del entorno del PSOE ya dejaban un camino complicado a Pedro Sánchez para la reelección como presidente del Gobierno, la crisis de Ceuta dificulta notablemente cualquier intento de remontada frente a unas encuestas muy desalentadoras. A menos de un año de que se convoquen las elecciones generales y con hasta quince escaños menos y el desplome de su principal socio, el dirigente socialista y su Consejo de Ministros se enfrentan, principalmente, a una crisis de descrédito tan amplia como la brecha que en la ciudad autónoma abrió la entrada masiva de migrantes irregulares entre el 30 y el 31 de julio.

El Gobierno cifra las entradas en 72.000 personas y sitúa en 5.000 las que aún se encuentran en Ceuta y deben seguir los cauces de asilo o de acogida en el caso de los menores. Aunque la oposición y la administración local aseguran que los datos son mayores. No hay ningún recuento oficial aún, a falta de que concluyan los trabajos de filiación. La falta de concreción en este aspecto, por ejemplo, deja constancia de la dificultad del Ejecutivo central para transmitir capacidad de control de la situación en aspectos básicos. Pero también de anticipación, en vista de la magnitud de la entrada, inédita en democracia.

Sin sensación de control tras un mes

Hay varios aspectos que agravan la sensación de descontrol. El primero es que la crisis ya dura un mes exacto y queda la imagen de que hasta poco antes de alcanzarse ese plazo no se ha tomado la iniciativa. La ausencia de cifras claras pasadas estas cuatro semanas, con cambios respecto al número de menores migrantes, ha generado duras críticas entre socios y oposición. Recientemente, el propio Gobierno determinó entre 2.500 y 2.900 menores, para después rebajar al cierre de la semana la cantidad a poco menos de 1.500. Visiblemente, el paso de varios ministros por Ceuta no ha transmitido la idea de manejo de la situación, más aún con cambios de discurso como el de abogar sin matizaciones por las devoluciones de todos los migrantes para después matizar que todo debe hacerse de acuerdo con la ley, que exige plazos y estudios de cada caso.

La ausencia de Sánchez desde pocos días después del asalto no ha ayudado a reforzar la imagen de compromiso que han intentado transmitir figuras como Elma Saiz —que defiende que han estado "desde el primer momento porque tenemos presencia permanente en Ceuta"— o Fernando Grande-Marlaska. Hasta este lunes no aparecerá públicamente, con una entrevista en Cadena SER como antesala a la comparecencia del próximo 3 de septiembre en una sesión extraordinaria del Congreso. Un pleno precipitado por la presión de los socios, dado que quería llevarse a la siguiente semana. En la comparecencia parlamentaria de este miércoles, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se afanó en respaldar la constante atención y toma de decisiones de Sánchez frente a la crisis, pese a continuar sus vacaciones en la residencia real de La Mareta, en Lanzarote.

Insistieron todos los ministros en sus respectivas comparecencias, desde Ángel Víctor Torres a Sáiz, en que el objetivo es la recuperación de la normalidad lo antes posible, demostrando con ello que está, por ahora, lejos del alcance. Y eso deteriora mucho más el relato inicial del Gobierno, que el 1 de agosto daba casi por cerrada la crisis. Hay declaraciones que inciden en ello. El propio Marlaska, en Ceuta, aseguraba que "en menos de 48 horas la situación en Ceuta no tiene nada que ver y la normalidad se está alcanzando". Iba más allá: "La situación la hemos revertido solos con la cooperación de Marruecos". Reafirmó esa tesis una decena de veces. Iba más allá el ministro de Transportes, Óscar Puente, que en X escribía en dos posts: "Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez (...) y una vez más, la resuelve solo".

La decisión de decretar el mando único —interés de seguridad nacional— el martes pasado no ha permitido al Gobierno quitarse la imagen de retraso, sobre todo después de que el Gobierno ceutí y el PP se lo reclamase con antelación. También la petición del despliegue de Frontex, algo que ocurrió un mes después el viernes por la tarde. Al frente de ese mando se decidía poner al ministro Torres y este respondía a las dudas sobre el momento elegido, el miércoles en el Congreso, en la comisión mixta de Seguridad Nacional. Negaba que la decisión hubiese sido tomada una vez Sánchez había regresado a Moncloa y en vistas a la celebración del primer Consejo de Ministros del curso. ¿Por qué ahora? Se le preguntaba a Torres: "Para reforzar los trabajos de colaboración que ya se venían dando".

Pero, de nuevo, la hemeroteca evidencia lo contrario. Las consideraciones al inicio de la crisis desde el Gobierno aluden a una actuación en solitario. Posteriormente, se empieza a hablar de gestión conjunta durante el paso de ministros por Ceuta, pero, al mismo tiempo, visitas como la de la titular de Sanidad, Mónica García, rompen ese marco. Acusa al Gobierno local de Juan Jesús Vivas de no poner a disposición espacios seguros para la ubicación de migrantes y de "falta de humanidad", algo que se gana las críticas del dirigente ceutí. En añadido, ese mando único, casi una semana después, sigue sin dar mayores certezas más allá de la ampliación de algo menos de 1.900 plazas de acogida en el CETI de la ciudad y la disposición de dos espacios, uno local y otro del Ministerio de Defensa.

Tampoco deja sensación de celeridad que, al principio de la cuarta semana de crisis, tras una primera fase de atención a la emergencia, según dijo Torres, se anuncie una ampliación extraordinaria del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta con medidas económicas de choque para empresas, autónomos y trabajadores; el crédito extraordinario de 25 millones de euros para las acogidas en Ceuta; nuevas reglas para agilizar la gestión de menores en el triaje y la identificación —pese a la falta de personal—, y el refuerzo de las labores de vigilancia y de seguridad.

La sensación de descontrol incluso se ha trasladado a dentro del Gobierno. No con los socios minoritarios de coalición, sino entre las propias filas del PSOE. Margarita Robles puso de manifiesto en la primera comparecencia de un ministro de esta semana, el martes, que los servicios de inteligencia cumplieron las labores de prevención y de información de acuerdo con lo "exigible". Algo que a los pocos minutos desmintió Marlaska desde la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. La versión de Marlaska ha sido respaldada por el resto de ministros y la Delegación del Gobierno en Ceuta, dejando a Robles o bien como exagerada para proteger la imagen de esos cuerpos, o como verso libre.

El ministro de Interior reconoce que ha habido informes previos en julio alertando de distintos factores que agitaban esa inmigración, pero nada relativo a un suceso de tal magnitud o que señale a operaciones por parte de Marruecos. Algunas informaciones periodísticas desmienten ambos aspectos. Se alude desde comunicaciones verbales del CNI a Interior, e incluso a tres informes, uno en referencia a la intervención de Rabat. También a una alerta de entrada de hasta 180.000 personas en la víspera de la crisis, según ABC, citando a fuentes de Seguridad Nacional.

La ausencia de explicaciones profundas, las demandas de información de los partidos en comisión, la falta de profunda autocrítica e intentar hacer compatible dos posturas opuestas sobre el funcionamiento de la prevención, deja más tocado al Ejecutivo.

La tensión en la calle complica el relato

El segundo de los aspectos es que hay un factor clave en comunicación política, que es la disonancia cognitiva: la ausencia de semejanza entre lo que dicen los líderes políticos y lo que se visualiza en el espacio público. Y eso puede desgastar más a los gobernantes. Mientras se habla de esa segunda fase y de la aceleración para alcanzar la normalidad, la imagen que dejan las calles de Ceuta es la de una tensión y un descontrol cada vez mayores después de ese mes. De una creciente incapacidad de contener lo que es ya un hervidero.

Precisamente en la semana en que más medios disponía y responsabilidades asumía el Gobierno, mayores disturbios se han dado. Al principio, con protestas aisladas. Le han seguido a mediados de la semana otras mayores frente al hotel donde se aloja Torres o ante la Delegación del Gobierno. Pero el inicio de episodios de violencia ha supuesto un giro total en la crisis y ha llevado a los miembros del Gobierno a pedir "calma" para no torpedear la gestión. Se han dado estos últimos días desde agresiones puntuales de migrantes a militares, hasta casos de vecinos a migrantes, a otros vecinos musulmanes, a medios de comunicación, e incluso se ha bloqueado puntualmente la entrega de comida de Cruz Roja y quemado algunos campamentos improvisados en las playas. Un intento de obligar a retornos forzados por decisión personal.

Choca el deseo de inmediatez de los ceutíes con múltiples cuestiones y una generación de expectativas desde varios ámbitos. A la tardanza se unen los plazos legales y la capacidad humana para darles cumplimiento. El Gobierno, que antes del giro de discurso contribuyó a ello, reprocha a la oposición —especialmente al PP— que venda la idea de posibilidad de retornos masivos sin atender al marco jurídico, por tildar lo ocurrido de "invasión" y de maniobra contra la "soberanía territorial", cuando Marruecos sigue poniendo en cuestión la españolidad de Ceuta y Melilla.

Por otro lado, la UE presiona para que esos inmigrantes no pasen a zona Schengen. El PP tampoco está por la labor y se mantiene firme en reclamar devoluciones excepcionales pese a la legislación. De ahí que el Gobierno pida colaboración y que se renuncie a ese discurso, sin, de momento, éxito. El Ejecutivo sí podrá obligar a acogidas obligatorias de menores migrantes pese a la oposición de populares y Vox en sus gobiernos autonómicos. Sumar, al otro lado, reclama traslados masivos a la Península como única forma de descongestionar Ceuta, lo que dejaría de lado la intención de consenso y colaboración a la que se suscribe Moncloa por ahora. Los múltiples intereses de cada actor complican aún más el papel del Gobierno.

Aunque legítima, la crítica al papel de los partidos de la oposición pierde fuerza en el momento en el que el PSOE ceutí une fuerzas con otras formaciones locales de distinto signo en torno a Vivas, y cuando a nivel nacional todos los partidos critican la gestión. Esa tardanza en reaccionar —cada uno bajo lecturas diferentes—, la falta de coordinación y de discurso uniforme entre ministros y la disonancia a la hora de asumir responsabilidades en general, después de que Robles sí pidiese disculpas si los ceutíes han quedado abandonados, alimentan esa percepción. Socios como el PNV ven a Moncloa enrocada en una versión opuesta, con diferencias, a la del resto del Congreso y de la calle. Dicen que no ha sabido "dimensionar" el tamaño de la situación.

Marruecos sigue desgastando la credibilidad del Gobierno

Hay asuntos que han puesto de acuerdo a esos socios, al PNV, a ERC y a Junts, que está ya bastante alejado de Sánchez, como el caso del reparto de migrantes por el que aboga Sumar. Son reticentes siempre que repercuta en Euskadi y el País Vasco. Pero ha encontrado unanimidad contra el Gobierno, entre izquierdas y derechas, la defensa férrea de Marruecos como "socio fiable" y que se identifique a los bulos y a la desinformación como el origen de la crisis. Eso impide al Gobierno acotar los ataques a las derechas a un interés electoralista que, aun con todo, tampoco es descartable. Cada gesto será observado por los electores de cara a 2027, y la inmigración apunta a ser un eje clave.

También profundiza en el giro diplomático de 2022, no explicado con solidez, provocando incomprensión entre algunos votantes en asuntos como los saharauis. El conjunto de los grupos no compra la tesis de Marruecos como cooperador para cerrar la crisis; de hecho, creen que tiene responsabilidad por haber relajado intencionadamente las fronteras. Ven cobardía en la falta de señalamiento a Rabat mientras ponen en cuestión la soberanía de las dos ciudades autónomas, aunque ministros como Robles o José Manuel Albares la defiendan hasta la extenuación. De hecho, desde ERC y Junts hasta PP, UPN y Vox coinciden en que detrás puede haber temor a la difusión de datos conseguidos ilícitamente con Pegasus tras la intervención de los móviles de Sánchez y los titulares de Defensa e Interior, trascendida en 2022.

El Gobierno dice no ver indicios de implicación de Marruecos en esta crisis, pese a haber imágenes de cómo las fuerzas policiales relajaban el control durante las jornadas de asalto. Por ejemplo, se escuda en las intercepciones durante el mes de julio. Y también se refiere al archivo de la causa de Pegasus en la Audiencia Nacional sin identificar culpables. Los partidos coinciden en un uso de la inmigración como demostración de fuerza contra el Gobierno y cuestionan la externalización del control de fronteras. Fuera de España, medios como Político señalan esa presión de Marruecos, gran aliado de Donald Trump, como forma de poner contra las cuerdas a Sánchez.

Frustra la estrategia para llegar fuerte a las generales

Este cóctel de asuntos deja al Gobierno y a Sánchez expuestos de cara a un primer cuatrimestre político clave, con el despliegue de algunas políticas sociales aún en el tintero y, principalmente, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), por el que socios como el PNV han dado un apoyo condicionado para seguir la legislatura, aunque no hay votos para darle recorrido. Una de las previsiones del Gobierno era allanar, por lo económico y el bienestar social, el relato desde el fracaso de las nuevas cuentas en las Cortes por el voto contrario de la derecha hasta la convocatoria de generales. Pero ahora el tema migratorio incapacita poner todas las fuerzas en ello y priorizar ese otro marco. Deja a PP y Vox ante un debate mucho más cómodo para ganar apoyos y deslegitimar al Gobierno. Sobre todo, con la fuerza de las imágenes en las calles de Ceuta.

El despliegue de las próximas semans será crucial para el Gobierno. El problema para Sánchez es que ninguna de las dos salidas está exenta de coste político. Mantener a miles de migrantes en Ceuta prolonga una tensión que el Gobierno necesita cerrar cuanto antes; trasladarlos a la Península desplaza el conflicto hacia las comunidades autónomas y eleva el frente con el PP y Vox. Ante las peticiones de unidad, la proximidad electoral y el entendimiento completamente opuesto de la crisis impiden el consenso.