El presidente del gobierno quiere aprobar los presupuestos de 2018. Pretende repetir como candidato del PP en las próximas elecciones generales y necesita la estabilidad que dan unas cuentas públicas respaldadas por una mayoría parlamentaria. Así que, ante la demanda de un debate sobre pensiones de Pablo Iglesias, Rajoy ha respondido haciendo de la necesidad virtud: ligar una mejora de las pensiones a la aprobación del presupuesto.

El presidente se ha limitado a apuntar las medidas: ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias y mejora de las pensiones mínimas y de viudedad. Pero no ha concretado la cuantía de dichas mejoras ni el impacto que tendrán en el presupuesto. Se supone que esos detalles formarán parte de la negociación con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, que son los grupos a los que corteja para que le proporcionen la mayoría en el Congreso.

El problema es que tanto Ciudadanos como el PNV han condicionado su respaldo a cuestiones meramente políticas. Albert Rivera sigue empeñado en que la senadora Barreiro dimita al estar investigada por el caso Púnica, y los nacionalistas vascos lo condicionan a la retirada del 155 en Cataluña. La pregunta es: ¿van a modificar Ciudadanos y el PNV sus exigencias a cambio de dar vía libre a un presupuesto que incorpora una simbólica subida de las pensiones? La respuesta es no.

Rajoy hizo ayer un ejercicio aseado y realista al presentar la situación de las pensiones en España. Alertó sobre el fuerte aumento del coste en los últimos años, pero evitó en todo momento ser catastrofista. He aquí algunos de los datos que ha presentado en el Congreso: el 29% del gasto público total español se destina a ese fin y aumenta cada año un 3% por el incremento del número de pensionistas: ahora hay 742.000 más que en 2011. Aún con todo, el presidente se comprometió no sólo a garantizar el sistema público, sino a aumentar su cuantía. Su compromiso se basa en que la política económica del gobierno está dando resultados. El año pasado, dijo, las cotizaciones crecieron por encima de los gastos: un 5,3% frente a un 3%. El drama es que, incluso con esa mejora, el déficit en 2017 alcanzó su cifra récord: 18.800 millones.

El presidente del gobierno lanza el anzuelo de la mejora de las pensiones para que Ciudadanos y PNV apoyen los presupuestos

Independientemente de que a Rajoy le salga la jugada de que Ciudadanos y el PNV (el apoyo de CC se da por hecho) le apoyen, el PSOE y Podemos no le van a dar tregua en este asunto. El partido de Iglesias ha visto en los jubilados un terreno no explorado para explotar la demagogia: ¿quién puede oponerse a que suban las pensiones que no dan ni para mal comer? Ninguna sorpresa, por tanto, en la política de Podemos, que consiste en engordar el gasto público hasta hacer insostenible el estado de bienestar.

Lo inquietante es la posición del PSOE, que, hasta ahora, se había mantenido en los límites de la prudencia, circunscribiendo sus propuestas al marco del Pacto de Toledo. Fue el presidente Rodríguez Zapatero el que congeló las pensiones en mayo de 2010. Lo hizo forzado por las circunstancias, pero no le quedó más remedio que tomar una medida que sabía que le podía costar las elecciones. Así fue.

Pedro Sánchez, de nuevo, se encuentra ante una difícil elección: apuntarse a la lógica podemita y agitar el patio de los jubilados buscando quitarle votos al PP; o bien, hacer un ejercicio de responsabilidad y ponerse a trabajar en serio para consolidar un sistema que garantice que los que ahora están trabajando puedan cobrar su pensión cuando se jubilen.

Los más de ocho millones de pensionistas que hay en España conforman un enorme grupo de presión: la mayoría de ellos vota. Agitar esas aguas con ocurrencias o propuestas milagrosas sólo perjudicará al sistema en su conjunto y, probablemente, a los partidos que incurran en esa irresponsabilidad. Los pensionistas tienen memoria y, sobre todo, saben hacer números.