La decisión de Manuel Marchena de retirar su candidatura para presidir el CGPJ supone no sólo un gesto de dignidad, sino que restituye en parte el prestigio perdido por la Justicia, sobre todo a raíz de la bochornosa actuación del presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo en relación al pago de impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas.

Marchena, que preside la Sala Penal del Supremo y que es el ponente de la sentencia del procés, no era precisamente el hombre más feliz del mundo con su anunciado nombramiento a la cúpula judicial: presidir el CGPJ conlleva presidir el Tribunal Supremo. La manera burda y obscena en la que gobierno y PP habían cocinado su nombramiento le dejaba en mal lugar. El anuncio de su futuro nombramiento (quien primero filtró su nombre fue Moncloa) se hizo incluso antes de darse a conocer los miembros del Consejo que, en teoría, son los que debían votarle. Es decir, que en lugar de alcanzar ese puesto por sus méritos y por el respaldo de una mayoría de jueces y juristas de reconocido prestigio, su ascenso se debía a un pasteleo político entre el gobierno y el principal partido de la oposición.

El magistrado y ex fiscal Marchena no necesita de cambalaches para que la carrera judicial le reconozca su prestigio y su capacidad, al margen de la ideología. Hace unos días el ministro del Interior y ex juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, alababa su nombramiento y se reconocía amigo suyo. El propio Pedro Sánchez ha puesto en valor pública y privadamente las capacidades del presidente de la Sala Segunda del Supremo.

Pero aún con todo, a Marchena le quedaba el rescoldo de la imagen pueril que transmitía su nombramiento, al que los independentistas se apresuraron a valorar como “un premio” a su comportamiento en relación al procés.

El presidente de la Sala Segunda no podía permitirse la imagen de un juez cogido por la toga que traslucía el obsceno WhatsApp de Cosidó

Pero aguantó, a pesar de las recomendaciones de alguno de sus amigos más cercanos de que abandonara, por responsabilidad.

Sin embargo, la publicación del WhatsApp de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, en el que sin ningún pudor relataba a los 146 senadores de su partido que el nombramiento permitía controlar la Sala Segunda “desde detrás“, colmó el vaso de su paciencia.

Sólo en una mente limitada como la de Cosidó cabe pensar que Marchena es hombre manejable. Con tal de apuntarse un triunfo, que, además, no ha sido suyo, si es que el pacto puede considerarse como un triunfo, el senador ha abortado el resultado de una negociación que llevaba meses pilotando el ex ministro de Justicia, Rafael Catalá, en duras conversaciones con la titular de la cartera, Dolores Delgado.

Cosidó ha mostrado a los ciudadanos la peor cara de la política en relación a la Justicia: su deseo de controlar a los jueces, de tenerles cogidos por la toga una vez que son nombrados con su apoyo.

Marchena dudó durante todo el día de ayer lo que hacer y no lo decidió hasta bien entrada la noche. Pero no podía soportar la idea de liderar la carrera judicial con el estigma de que el PP le tenía bien sujeto, de que su criterio no sería, a partir de ahora, independiente, sino fruto de un interés partidario. Por tanto, dijo NO, un no rotundo, que difundió esta mañana en un comunicado que le honra y que honra al Supremo.

La permanencia de Marchena en la Sala es una buena noticia para la Justicia. Otra cosa es lo que ocurrirá ahora con la renovación de la cúpula judicial

El presidente de la Sala Penal seguirá presidiendo el tribunal y será ponente de la sentencia del procés, un sumario que conoce al dedillo. Que nadie dude de que la sentencia -que se adoptará en una Sala de siete magistrados- se corresponderá con criterios puramente jurídicos, sea cual sea el veredicto.

Lo que si va a intentar Marchena es que esa decisión trascendental para el Alto Tribunal y para la vida política en España, se lleve a cabo por unanimidad, sin que existan resquicios a interpretaciones torticeras.

La permanencia de Marchena en la Sala es una buena noticia para la Justicia. Otra cosa es lo que ocurrirá a partir de ahora con la negociación sobre la renovación de la cúpula judicial.

La torpeza de Cosidó ha hecho que todo saltara por los aires ¿Quién va a aceptar ahora ser presidente del CGPJ una vez que Marchena ha renunciado a ello para preservar su independencia? ¿Quién asumirá ese coste?

La negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces (del que dependen los nombramientos más importantes de la carrera) ha vuelto al punto de partida, pero con el hándicap de que los partidos que no participaron en el reparto querrán su parte del pastel (caso de Podemos). Incluso es probable que el gobierno, si piensa adelantar las elecciones al mes de mayo, retrase la renovación hasta esa fecha en espera de lograr un mejor resultado electoral que le permita una mayoría más cómoda en el CGPJ e incluso tener la capacidad de nombrar a su presidente.

Es una lástima que Marchena no sea el próximo presidente del Supremo, pero es un orgullo para un país tener a un juez que no se deja manipular por los políticos.